Respuestas de la asesora jurídica Tatiana Romero Luna

“He tenido la oportunidad de asesorar al presidente del Concejo en el desarrollo de esta convocatoria pública y estoy segura que se trata de un proceso adelantando con observancia de todos los parámetros de ley, en el que se ha respetado todos los principios constitucionales y legales.

Frente a los puntos que expone una veeduría ciudadana, creo que no constituyen irregularidades. Pero lo que sí me ha llamado mucho la atención es que la Resolución No. 089 de 2018, se encuentra publicada desde el 14 de junio, y solo un mes y siete días después se pronuncian, dejando ver unas supuesta falencias. Mi sentir, con todo el respeto que se merecen, es que aparecen de la nada más que con un interés colectivo, con un interés de ponerle fin a un proceso. No buscan siquiera posibles soluciones, sino la nulidad del mismo, desconociendo la importancia que tiene para la ciudad contar con un contralor en propiedad.

Con las publicaciones que hace la veeduría en sus redes sociales, es evidente que están pensando en una acción de tutela, pero creo que una de las cosas que deberá visionar el Juez del caso, es la inmediatez de la tutela y su procedencia. Además, deberá vincular a los 41 inscritos en la convocatoria o en su defecto a los 13 que hoy continúan en el proceso, que con cualquier decisión que tome un Juez, se verán afectados de manera directa.

Creo, que no existe una violación flagrante a la Constitución a la Ley o a derechos fundamentales, para que proceda la acción de tutela como mecanismo transitorio. Si la veeduría se tomó un mes y siete días para encontrar estas falencias y alegarlas es porque la supuesta violación no es evidente y, como tal, será el juez natural, el Juez Contencioso, el que en el curso de un proceso ordinario se pronuncie sobre la legalidad o la ilegalidad de la Resolución.

El presidente le dio respuesta formal a la petición de nulidad, negando sus pretensiones. A la vez, se les dejó ver que el escrito presentado, más que un incidente de nulidad puede ser tratado como una solicitud de revocatoria directa, sin el lleno de los requisitos de ley. Es claro que hoy la Resolución No. 089 de 2018 goza de una presunción de legalidad, que deberá ser desvirtuada ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, a través del medio de control de nulidad simple. Copia de esta respuesta se le envió a la Procuraduría Regional, que viene realizando acompañamiento del proceso, y a la Fiscalía General de la Nación, a la que desde el inicio de la convocatoria se le invitó igualmente a acompañar el trámite del mismo.

Cada uno de los argumentos expuestos por la veeduría son puntos que para nosotros no son nuevos, ya que los hemos estudiado y tenemos sobre ellos tranquilidad jurídica. Hace más de 15 días, se rumoraba en los pasillos del Concejo sobre el tema del jefe de Control Interno como parte de la comisión, la supuesta ausencia de la mesa directiva y lo relacionado a los requisitos exigidos. Es más, sabíamos que se presentarían escritos por parte de algunas veedurías en este sentido, por lo que estábamos preparados para dar respuesta, como lo hemos venido haciendo. Lo que sí preocupa, y como profesional desilusiona, es que entes tan serios y de gran importancia para la sociedad como son las veedurías entren el juego de escribir lo que les cuentan algunos sectores o las personas que, por diversas razones, desde el inicio del proceso han insistido en encontrar un motivo para suspender.

No estamos violando derechos fundamentales al darle aplicación a la Ley 42 de 1993, ya que su artículo 68 se encuentra vigente. Quisiera invitarlos a que revisen las convocatorias que para este mismo fin adelantó el Concejo de Valledupar, entre otros, donde establecen ese mismo requisito.

En cuanto al punto de la falta suscripción de la Resolución por parte de toda la Mesa Directiva, creo que ya está más que explicado que quien ejerce la representación legal del Concejo es el presidente. Si se lee la Resolución No. 089 de 2018, se expide en cumplimiento de un fallo judicial y a quien le corresponde acatar y cumplir estas decisiones es al presidente.

Hoy mi deber moral, profesional y contractual es seguir apoyando y asesorando al Concejo Distrital de Cartagena y seguiré de la mano del presidente y de cada concejal, con el firme propósito de sacar este proceso adelante, no como un capricho, sino en cumplimiento del deber que le asiste a la corporación de cumplir una orden judicial, salvo que una autoridad judicial o un ente de control ordene la suspensión”.

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