Ajustes de plantas de personal, mucho más que un simple trámite en las corporaciones

Uno de los proyectos de Acuerdo o de Ordenanza que genera menos debate entre concejales o diputados, salvo casos excepcionales, es el que cada cierto tiempo busca realizar ajustes a las plantas de personal de las Gobernaciones, las Alcaldías, las Asambleas, los Concejos, las Personerías o las Contralorías.

Son iniciativas, por lo general, que tienen un trámite ágil por parte de los corporados, a menos que por existir serios desacuerdos entre estos y el Ejecutivo, o por tratarse de profundas reestructuraciones, con creación de dependencias o varios cargos, deban ser analizadas con lupa tanto en la plenaria como en la comisión respectiva.

No obstante, de vez en cuando, un proyecto de ese tipo termina por enredar a concejales y diputados. Ocurrió en Cartagena en el año 2001, cuando la Corporación Cartagena Visible, mediante una acción popular, logró que el Tribunal Administrativo de Bolívar ‘tumbara’ un Acuerdo distrital que había modificado la estructura administrativa del Concejo, y sucedió más recientemente: el pasado 22 de junio, cuando la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, en fallo de segunda y definitiva instancia, dejó en firme una sanción impuesta por la Procuraduría Regional de Bolívar el 14 de abril de 2016 contra “los señores Carlos Féliz Monsalve, Andrés Ricaurte Armesto, Jorge Rodríguez Sosa, Orieta Vásquez Hernández, Rosa Emilia López Romero, Colombia Esperanza Aduén, José Utria Monsalve y Sigifredo Tapia Buendía“, todos ellos diputados para la época de los hechos.

En principio, la investigación de la Procuraduría cobijó a todos los diputados que votaron a favor del cuestionado Proyecto de Ordenanza, pero al final excluyó de responsabilidad a dos de ellos.

A los ocho, el Ministerio Público los sancionó “con suspensión en el ejercicio del cargo por el término de dos meses“, aclarando el fallador que, para el caso de quienes hoy ya no son diputados “se convertirá el término de suspensión (…) en salarios de acuerdo a lo devengado al momento de la comisión de la falta“.

En efecto, al momento del fallo, solo uno de los sancionados: Jorge Rodríguez, era diputado. Ninguno de los restantes aspiró a ocupar una curul en la Asamblea en el actual periodo institucional. Tres de ellos: Ricaurte, Vásquez y Aduén, heredaron sus credenciales a sus hijos Frank Ricaurte Sossa, Verónica Payares Vásquez y Carlos Fernández Aduén, respectivamente. Y otros dos pasarían a ocupar sendos cargos en el Ejecutivo departamental: Carlos Féliz el de secretario del Interior y Sigifredo Tapia el de director Regional de Desarrollo para la Zona Norte.

La falta sancionada

La falta disciplinaria cometida por Carlos Féliz, Jorge Rodríguez y Colombia Aduén (del partido de La U); Orieta Vásquez y Rosa Emilia López (del Partido de Integración Nacional -PIN); José Utria y Sigifredo Tapia (de Cambio Radical) y Andrés Ricaurte (del Partido Liberal), fue haber aprobado un ajuste a la Contraloría Departamental, mediante el cual se varió la planta de personal del órgano de control fiscal sin contar “con los estudios necesarios necesarios para esta modificación, pretendiendo, al parecer, favorecer a algunas personas cercanas” al contralor de la época, Óscar Pardo Ramos. Tanto para la Procuraduría Regional de Bolívar como para la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa, la duma justificó la creación de tres cargos en la Contraloría del Departamento “interpretando de manera acomodada la Ley 1006 de 2006“.

Para los falladores de primera y segunda instancia, “los encartados se apartaron de la función pública en cuanto no desempeñaron sus funciones de actuar dentro del marco de sus deberes funcionales, protegiendo o tutelando el bien jurídico de la función pública y los principios que la gobiernan, sino que por el contrario pusieron en peligro la confianza de los asociados en la actividad del ente territorial, al no atender con el debido cuidado las funciones encomendadas por la Constitución y la Ley”.

En la sentencia de segunda instancia, suscrita por el procurador Segundo Delegado para la Vigilancia Administrativa, Giancarlo Marcenaro Jiménez, se indica que “este Despacho concuerda con las apreciaciones de la primera instancia en lo relacionado con la culpabilidad de los implicados aquí sancionados por medio de la cual se calificó la conducta en el aspecto subjetivo de culpabilidad como falta a título de culpa gravísima, por la desatención elemental de las normas de obligatorio cumplimiento“.

Como se recordará, luego de conocerse la decisión de primera instancia contra los ocho diputados, suscrita por el entonces procurador Regional de Bolívar, Raúl Guerrero Durango, así como el pliego de cargos elevado por este contra 14 de los 19 concejales por haber elegido a la abogada Nubia Fontalvo como contralora del Distrito de forma irregular, varios dirigentes políticos aseguraron que se trataba de una persecución política de Guerrero.

La investigación al excontralor

Por competencia, la investigación por los mismos hechos contra el entonces contralor departamental, Óscar Pardo, fue asumida desde un principio por una Procuraduría Delegada, donde aún hace su curso.

Contexto:

 

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