Imponen multa de $2.343 millones a la Alcaldía de Cartagena por obstruir una investigación

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La Superintendencia de Industria y Comercio -SIC – le impuso una sanción pecuniaria a la Alcaldía de Cartagena de Indias por la suma de dos mil trescientos cuarenta y tres millones setecientos veintiséis mil pesos ($2.343’726.000) por obstruir una investigación que adelantaba la entidad en la Secretaría de Infraestructura del Distrito en mayo de 2015, durante la administración de Dionisio Vélez Trujillo.

De acuerdo con los considerandos de la Resolución No. 11397 del 20 de febrero de 2018, firmada por el propio superintendente, Pablo Felipe Robledo del Castillo, “la Alcaldía de Cartagena, en lugar de cumplir con su deber, prestar su colaboración con la autoridad y permitir el desarrollo de la visita administrativa de inspección, como era su obligación legal y constitucional, decidió hacer caso omiso de las instrucciones y requerimientos impartidos por la Autoridad de Competencia y obstruir el desarrollo de la diligencia, circunstancias ante las cuales la Alcaldía de Cartagena guardó silencio“.

La inspección que en el marco de sus atribuciones y competencias pretendió realizar la SIC a las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura distrital, como informaron a sus superiores los inspectores que desde Bogotá viajaron a Cartagena a adelantarla, no se pudo llevar a cabo porque varios funcionarios de la Alcaldía frustaron “el propósito de la visita administrativa adelantada por esta Superintendencia, mostrando una colaboración nula en toda la diligencia“.

La actuación de la Alcaldía de Cartagena, por conducto de sus diferentes funcionarios, configuró una obstrucción a la actuación administrativa adelantada por la SIC el 26 de mayo de 2015, al no atender los múltiples y constantes requerimientos efectuados (…), en el sentido de permitir la recolección de documentos y acceder a los computadores asignados“, se indica en la Resolución.

Entre los documentos que buscaba inspeccionar la SIC, de acuerdo con lo establecido, se encuentran los relativos al proceso licitatorio LP-001-INFRA-2014, sobre el cual -por lo que se desprende del citado acto administrativo – la entidad estatal tenía mucho interés.

En general, la SIC buscaba establecer la veracidad de una serie de señalamientos por presuntas irregularidades en los procesos contractuales liderados por la Secretaría de Infraestructura (leer ‘Cogen vuelo denuncias de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar y de la Cámara Colombiana de Infraestructura‘).

Por incumplir sus deberes dentro del mismo caso, la SIC sancionó con multas -asimismo – al entonces jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, Jaime Ricardo Ramírez Piñeres; a la jefe de Control Interno de la Alcaldía de Cartagena, Verónica Gutiérrez de Piñeres Morales; y al abogado – asesor Jorgly José Ramos Torres Ramos, quien, con posterioridad a la abortada diligencia, que fue objeto de un amplio cubrimiento periodístico (leer ‘Por negligencia de Alcaldía de Cartagena, no se realizó inspección de la SIC‘), habría de ser nombrado por el alcalde encargado Sergio Londoño Zurek como jefe de la Unidad Asesora de Contratación, cargo que ocupó hasta mediados del pasado mes de mayo, cuando fue reemplazado por Lorena Prens Amaya.

A Ramírez Piñeres, la SIC le impuso una multa de $36’885.850; a Gutiérrez de Piñeres Morales, de $21’373.074; y a Torres Ramos, de $22’131.510.

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