En los últimos días, varias de las más ruidosas noticias políticas han tenido que ver con el Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades.
Una de las más sonadas, y con repercusiones en toda Colombia, fue la decisión del Consejo Nacional Electoral -CNE – de abstenerse de declarar la nulidad de la elección de Antanas Mockus como senador de la República, contrariando el sentido de una ponencia que dejaba por fuera de la lista de nuevos congresistas al exalcalde de Bogotá.
Y otra más, pero con una connotación más de corte regional, fue la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado que restituyó en su cargo a ‘anulada’ alcaldesa de Arroyo Hondo, Yesenia Iriarte Ospino, al denegar las pretensiones de un ciudadano que había logrado, mediante una acción de tutela, que la Sección Primera del mismo Consejo de Estado ‘tumbara’ una decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar favorable a la alcaldesa.
En ambos casos los hechos produjeron reacciones de las más diversa naturaleza, pero en Cartagena, de manera particular, los dos fueron comparados con el que hoy tiene separado de su cargo a Antonio Quinto Guerra Varela.
En las redes sociales, particularmente en Twitter y Facebook, la reacción fue muy similar. Lo que varios cibernautas señalaron -cada uno a su manera, es que, vistos los casos de Antanas Mockus y Yesenia Iriarte, «entonces Quinto no está inhabilitado«.
Y uno los los cibernautas que así piensa es el excandidato a la Cámara Javier Otero De la Espriella, quien sobre las fotografías de Antanas Mockus y Antonio Quinto Guerra publicó en su cuenta en Twitter: «estos 2 personajes hicieron lo mismo. ¿Los deben dejar ocupar su cargo ganado por elección popular? ¿Estaban inhabilitados y por eso no deben asumir su cargo? ¿Qué opinan?«.
E igual concepto expresaron otros conocidos dirigentes políticos y comunitarios. Para ellos, si Mockus puede ser senador a partir del próximo 20 de julio, entonces Guerra debe ser restituido a su cargo como alcalde de Cartagena.
Para otros, sin embargo, los hechos son diferentes. En concepto del abogado Rodrigo Uprimny Yepes, «para que se configure la inhabilidad es necesario que ‘se pruebe la participación del demandado en diligencias conduscentes al logro de un negocio con entidad pública’«, como indican varias sentencias, entre ellas una del 3 de agosto de 2015, cuya magistrada ponente fue Lucy Jeannette Bermúdez, y otra del 23 de febrero de 2012, cuya magistrada ponente fue Suzana Buitrago. «Debe haber habido entonces participación personal directa del candidato en la negociación«, señaló el conocido jurista; «y esa participación directa de Mockus no está probada pues la presidencia en Corpovisionarios es honorífica y no implica ninguna gestión directa en esa corporación«.
«El caso de Antanas Mockus en Bogotá no tiene nada que ver con el de Antonio Quinto Guerra en la ciudad de Cartagena«, señaló por su parte el abogado Javier Doria Arrieta, «pues los presupuestos fácticos y jurídicos son sustancialmente distintos en la medida en que lo que se logró probar para el caso del senador Mockus fue que este no tuvo nada que ver con la gestión de negocios ante entidades públicas ni en la ejecución de contratos, mientras que lo que se alega en el caso de Guerra es que este sí hubiere ejecutado personalmente los respectivos contratos, y hubiere destinado negocios que se tipificarían en la conducta descrita como una inhabilidad según el régimen electoral colombiano«.
En efecto, mientras que en el caso de Mockus no hay prueba de que este hubiera desarrollado acciones enmarcadas en el contrato suscrito por Corpovisionarios, sí las hay en el caso de Guerra, donde abundan documentos y fotografías que muestran a este entregando viviendas de interés social y, en general, realizando acciones en el marco de los objetos de sendos contratos suscritos con la Gobernación de Bolívar y el Ministerio de Vivienda.
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