Sumando voces y exigiendo acciones

Por Rafael Vergara Navarro *

Ver la torre del Aquarela desde cualquier cono visual duele, y no es solo por el Castillo de San Felipe. Pienso en la Ciénaga de la Virgen y la Bahía, en las coartadas de legalidad, el ‘business‘ y sus vivezas, la irresponsabilidad de los responsables, la pasividad y confianza social burlada.

Pienso en los cuerpos de agua porque la remediación del daño pasa por demolerla, y de no preverlo, las miles de toneladas de escombros para algunos serían óptimo material de relleno en una impuesta expansión portuaria, o para seguir cambiando y apropiándose del suelo, por ejemplo, acelerando el otro Pozón entre Tierrabaja y Puerto Rey.

Lo digo porque la permisividad del mal uso de los escombros y la urbanización ilegal es vergonzosa y una (ir)responsabilidad que compromete al Estado y a Camacol.

El daño al Patrimonio y la confianza en el lucrativo negocio del Aquarela demuestra la existencia de una legalidad fabricada y su defensa es un acto de cinismo.

¿Será que en verdad son VIS y que solo se comercializó en Cartagena?

Los obligados a cuidar los Bienes de Interés Cultural -BIC – callaron y pasivos los ciudadanos lo admitimos, conducta similar a la asumida ante el arrasamiento del manglar del anillo vial.

Es un ecocidio e indigna la complicidad de la autoridad con el delito continuado ejecutado a los ojos de todos. Esa tolerancia produce sospecha. La nunca ofrecida reubicación de los invasores potenció que degradaran el ecosistema y hoy aleguen, como otros, el “derecho a no tener derecho”. El consejo comunitario obligado por la Ley 70 a proteger el territorio calla y, por el riesgo, lo entiendo.

En este medio, otros periódicos y noticieros hemos denunciado el hecho, pero es como hablar a solas.

El descaro es tal que el alcalde de la Localidad Histórica y del Caribe Norte, la Policía y la Dimar para ampliar el ‘loteo’ han permitido la apertura de una trocha manglar adentro. ¿Hay acaso algún oculto proyecto de privatizar y urbanizar la margen derecha?

Indigna que no exista poder que obligue a la Fiscalía a perseguir el concurso de delitos, incluido el prevaricato. Y Cardique es otro cero a la izquierda.

Los líderes de la infamia usan la pobreza, que es extrema, para desactivar la reacción de la autoridad ante los delitos contra la naturaleza y acusarnos a los ambientalistas de estar en contra del pueblo.

Luego de 15 años de proceso, ¿cómo explicar que la Alcaldía, pasados dos años, no haya ejecutado la sentencia SC 1727/16 que tumbó una prescripción sobre “un bien de especial protección ecológica que ha sufrido un grave y evidente deterioro ambiental”?, y que siendo su deber no haya ejecutado “la restitución material e inmediata del área afectada, e impedir seguir vulnerando el frágil ecosistema de bajamar de la Ciénaga de La Virgen”? Este desacato es perverso y delictivo.

La debilidad o indiferencia del control social y la autoridad indolente fortalece la informalidad, la incultura de la ilegalidad y la continuidad del delito socializado.

* Abogado, ambientalista y gestor de Paz

 

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