Procuraduría, Quinto Guerra y cuidadanos, a poner lupa a los términos del proceso

Desde hace más de veinte días, como se recordará, varios portales y decenas de ‘líderes barriales’ con ínfulas de blogueros vienen asegurando que en cuestión de horas el alcalde de Cartagena de Indias, Antonio Quinto Guerra Varela, estaría regresando al Palacio de la Aduana por decisión del Consejo de Estado, y algunos de ellos – incluso – se atrevieron a anunciar que conocían “un proyecto de fallo que suspende la medida cautelar” contra el mandatario, “lo cual le permitiría regresar al sillón de mando del Palacio de la Aduana” (leer ‘Ponencia sobre suspensión de Quinto Guerra, ¿lista para ser votada en el Consejo de Estado?‘).

Y desde la semana pasada, a raíz de algunos cambios en las salas de decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar, otros actores vienen diciendo que sería un magistrado local el que logre el milagro de restituirle a Guerra el derecho conferido por más de 72 mil electores (leer ‘Cambios en el Tribunal Administrativo de Bolívar, ¿favorables a Quinto Guerra?‘).

No obstante, a pesar de los yerros de unos y la intencionada desinformación de otros, lo cierto es que será en la Comisión Quinta del Consejo de Estado donde, en los próximos días, se tomará la trascendental decisión de anular o no la suspensión que pesa sobre la elección de Antonio Quinto Guerra como mandatario de los cartageneros (leer ‘En manos del Consejo de Estado, la decisión sobre si Quinto regresa o no a la Alcaldía‘).

Y ese fallo, que no podrá comenzar a proyectarse siquiera mientras el expediente del proceso continúe en Cartagena (como ocurre al momento de escribirse estas líneas), deberá tomarse en todo caso antes del viernes 20 de julio.

La razón: el Artículo 236 de la Ley 1437 del 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, establece que la apelación sobre las medidas cautelares impuestas en procesos lectorales “se concederán en el efecto devolutivo y deberán ser resueltos en un término máximo de 20 días”.

Y ello lo que indica es que podría ocurrir que antes del próximo 20 de julio el exconcejal conservador Antonio Quinto Guerra esté -otra vez – al frente de su cargo, y de ser así lo estaría por lo menos, en el peor de los casos (para él y sus seguidores): durante un año más, y en el mejor (también para él y sus seguidores): hasta el 31 de diciembre del 2019. Al menos en lo que concierne a los procesos electorales que cursan en la jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, ya que otra cosa podría suceder, en materia disciplinaria, por los lados de la Procuraduría.

En otras palabras: si la apelación al auto que profirió la medida cautelar es fallado a favor del demandado, este regresaría a su cargo en el mes de julio, al margen de que el fallo de fondo en primera instancia (sobre la demanda instaurada por la Procuraduría) sea a favor de esta.

Javier Doria Arrieta

El concepto de un experto

Con el fin de aportar al conocimiento del sonado proceso, entrevistamos al conocido abogado Javier Doria Arrieta, quien durante las últimas elecciones apoderó exitosamente a varios candidatos a corporaciones públicas y a cargos unipersonales, y laboró durante más de dos años en el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Amparado en su experiencia y sus títulos de abogado de la Universidad de Cartagena; especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, sede Cartagena; especialista en Derecho de los Negocios de la Universidad del Externado de Colombia; magister en Derecho Público de la Universidad del Norte y candidato a Doctor en la línea de Derecho Público de la Universidad del Norte, Doria Arrieta destacó en su diálogo con Revista Metro, principalmente, cuáles son los términos que contemplan la Constitución y la Ley para este tipo de procesos.

Leer: ‘Conceptos del abogado Javier Doria Arrieta sobre el caso de Antonio Quinto Guerra‘).

 

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