Conceptos del abogado Javier Doria Arrieta sobre el caso de Antonio Quinto Guerra

El proceso electoral es un proceso especial que está reglado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, del Artículo 275 en adelante, que tiene un trámite preferente ya que se trata de una acción pública. En cuanto a los términos del proceso, tenemos un Artículo constitucional, que es el 264, que nos indica que los procesos electorales que sean de única instancia deben tramitarse en un término máximo de seis meses, y los que sean de doble instancia, como es el caso del proceso contra el alcalde Antonio Quinto Guerra, deben tramitarse en un término máximo de una año. A partir de la admisión del proceso (que se dio el pasado 24 de mayo), todo su trámite debe tardar como máximo un año.

¿Cuál es el trámite en términos generales? Luego de presentada la demanda, por tratarse de un proceso especial y en consecuencia tener el carácter de preferente, debe admitirse en un término de tres días, como en efecto vimos que ocurrió en este caso. Y las posibles medidas cautelares deben resolverse en el mismo auto de admisión, como también se dio; luego debe procederse a notificar al demandado. Cabe agregar que la norma contempla también unos términos de caducidad, tanto para presentar la demanda como para responderla. Para presentar una demanda de nulidad a un acto de elección hay un término de 30 días. Y para que el demandado presente las excepciones o sus argumentos de defensa la norma prevé un tiempo máximo de 15 días hábiles (que para el caso de Guerra Varela se extendieron hasta el pasado viernes 22). Es este momento ya está trabada la litis, y este es un proceso que tiene tres momentos procesales importantes: el primero, la fijación de una audiencia inicial, donde se resuelven las excepciones de mérito que se hayan interpuesto, y luego se define el litigio, es decir qué es lo que se va a resolver en ese trámite, y se decretan pruebas en caso de que haya pruebas que practicar, para lo cual se fija la fecha de una nueva audiencia para evacuar las pruebas del proceso. Y hay una tercera audiencia para recibir los alegatos de conclusión y cerrar el debate probatorio. En este caso podría el juez tener la posibilidad de tomar una decisión, es decir si se dan las circunstancias podría pronunciarse al fondo del asunto. Y en caso de hacerse, en la misma audiencia deben presentarse los recursos, para que se inicie el trámite de segunda instancia.

En el caso específico de Guerra, hay que decir que la demanda fue presentada dentro de los términos, y que fue admitida también dentro de los tiempos contemplados en la Ley. En este caso el demandado hizo dos cosas que tuvieron efectos jurídicos: presentó una solicitud de aclaración y presentó un recurso de apelación. Ya el Tribunal se pronunció sobre el primer punto y tomó en el mismo auto otras decisiones, dejando en firme la suspensión decretada como medida cautelar y estableciendo como fecha de notificación el pasado 30 de mayo. Y el recurso de apelación, que es exclusivamente sobre la medida cautelar decretada, es decir sobre la suspension del acto de elección del alcalde Guerra, deberá ser resuelto por la Comisión Quinta del Consejo de Estado, que tiene un término de 20 días hábiles para pronunciarse.

Mientras tanto, el Tribunal Administrativo de Bolívar debe esperar para fijar una fecha para la celebración de la audiencia inicial.

Un hecho a resaltar es que, habiéndose notificado el alcalde Guerra el 30 de mayo, los términos que le concede el Código para que ejerza su derecho a la defensa, en el caso de la demanda presentada por la Procuraduría, se cumplieron este viernes 22 de junio.

En el caso de las otras demandas que fueron presentadas, estas deben seguir un curso independiente hasta cuando se cierre el debate probatorio. Es decir, deben realizar las respectivas audiencias, así como las correspondientes prácticas de pruebas, y luego, cuando todo esté en el mismo momento procesal, los procesos se acumulan y debe hacerse un nuevo sorteo para definir quién va a ser el magistrado ponente de ese único proceso acumulado.

El Código contempla un término de 20 días para que el magistrado ponente radique su ponencia en la correspondiente sala y de 30 días para que la sala la discuta y tome una decisión de fondo.

Si respetamos los términos constitucionales, la decisión de segunda instancia no debería pasar de un año a partir del momento en que se admitió la demanda.

Uno encuentra a veces que por razón de congestión judicial no es posible siempre cumplir los términos, sin embargo este proceso en particular tiene una ventaja, y es que como la elección fue atípica, es decir no coincidió con otras elecciones, no debe estar compitiendo con otros procesos electorales, por lo cual debe tramitarse de forma ágil.

Las decisiones relacionadas con el levantamiento, la modificación o revocatoria de las medidas cautelares no serán susceptibles de recurso alguno.

El tipo de situación de la que se le acusa al alcalde Guerra es la supuesta violación al ordenamiento jurídico, ya que se trata de la presunta violación al régimen de inhabilidades por haberse inscrito estando supuestamente incurso en una inhabilidad establecida en la Ley; esto lógicamente tendría consecuencias penales y disciplinarias, pero esto dependería de que se den los supuestos legales para determinar la atipicidad de la conducta, la antijuricidad y la responsabilidad. En otras palabras, no debemos entender que por un fallo en su contra en el Consejo de Estado estos supuestos están dados.

 

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