Revelaciones del fiscal sobre delitos electorales, unas de cal y otras de arena…

Veintiún días después de anunciar que el país iba a quedar escandalizado cuando se diera a conocer el tamaño de la “nauseabunda corrupción electoral” descubierta durante las pasadas elecciones congresionales, el fiscal Néstor Humberto Martínez Neira reveló -en efecto – que “gracias al trabajo de más de 50 investigadores de la Fiscalía y de más de 2.112 horas de video y audios recaudados” se pudo establecer la existencia de “una organización delictiva que operaba como una empresa al servicio de campañas políticas“, que “operó desde 2015 durante las elecciones regionales y locales y actuó a fondo en el 2018, para los comicios al Congreso de la República“.

Pero aunque el fiscal general anunció que la Fiscalía llamará a unos reconocidos empresarios en calidad de indiciados, y que les imputará cargos a dos diputados del Atlántico y a dos concejales de Barranquilla, así como a una excandidata a la Cámara por el Departamento del Atlántico y dos exconcejales también de Barranquilla, lo cierto es que -por lo visto en las redes sociales y lo que se comenta en diferentes círculos – el país no quedó escandalizado. Al menos, no hubo mayores sorpresas entre quienes saben cómo se ha venido manejando el poder político en las diferentes regiones desde hace décadas.

Lo que sí ocurrió fue que, al revelarse algunos detalles de la forma como operaban “las empresas electorales” descubiertas tanto en la capital del Atlántico como en otras ciudades, se le dio la razón a Martínez Neira por haberlos calificado como una “nauseabunda corrupción“.

Para diversos analistas, los hechos revelados por el fiscal son -sin duda – importantes avances en lo que toca a la lucha contra la corrupción electoral que la Fiscalía asegura haber emprendido, pero los cuales -salvo contadas excepciones (como algunos casos en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, que involucran a unos candidatos al Congreso), ya eran conocidos por amplios sectores de la ciudadanía.

En varios departamentos, distritos y municipios hubo expectativa por la eventual mención de nombres de algunos dirigentes políticos de quienes se sospecha, por diversas razones, que estarían también incursos en delitos electorales (leer ‘El círculo político de Aída Merlano‘).

En Bolívar por ejemplo, algunos medios se atrevieron a anticipar que unos líderes locales estarían entre los involucrados, y lo hicieron porque, como en el caso del exsenador William Montes Medina, se sabe que fueron socios políticos de la detenida representante a la Cámara Aída Merlano, quien obtuvo en varios municipios bolivarenses una sorpresiva y -según diversas fuentes – poco explicable votación (leer Nota en La Silla Vacía).

Por todo ello, para medios especializados en las movidas del poder político como La Silla Vacía, el fiscal le quedó debiendo más información a los colombianos. Para el conocido portal, “lo que contó hoy el fiscal son avances de la entidad a su cargo en varios casos de posible corrupción electoral, pero aislados entre sí, que ya se conocían aunque con menos detalles por denuncias de prensa o en redes, y que parecen puntuales y aislados, y no tocan por ahora a ningún pez gordo – excepto en Barranquilla, donde mencionó a más de dos mil líderes involucrados, imputó o anunció imputación a más de 40 personas y llamó a interrogatorio al mega contratista Julio Gerlein. Todos, al final, reflejan eslabones pequeños de la gran maquinaria clientelista que explicamos en el libro ‘El dulce poder’, y son apenas ejemplos de decenas de casos similares que hemos narrado en La Silla Vacía o que han aparecido en otros medios“.

El hecho es que, salvo el caso de la senadora María Fernanda Cabal, del Valle del Cauca, y de la candidata a la Cámara Margarita Restrepo, del Departamento de Antioquia, mencionadas por el fiscal como parte del entramado delincuencial, los principales involucrados (además de la senadora electa Aída Merlano y los otros siete individuos a los que se dictó medida de aseguramiento con ocasión de la llamada ‘Operación Casa Blanca’), son el empresario barranquillero Julio Gerlein Echevarría, uno de los mayores contratistas públicos de la Región Caribe, hermano del veterano senador conservador Roberto Gerlein, quien será vinculado al proceso en calidad de indiciado; y la excandidata a la Cámara Lilibeth Llinás, los diputados del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Ballén, los concejales de Barranquilla Aissar Castro Bravo y Juan Carlos Zamora, y a los exconcejales Aissar Castro Reyes -de Barranquilla – y Vicente Támara -del municipio de Soledad – a quienes les imputarán cargos por diversos delitos contra el sufragio.

María Fernanda Cabal y Margarita Restrepo pertenecen al partido Centro Democrático; Aída Merlano es integrante del Partido Conservador; Lilibeth Llinás es de Cambio Radical; Jorge Rangel, Margarita Balén, Juan Carlos Zamora, Aissar Castro Bravo y Aissar Castro Reyes son conservadores; y Vicente Támara es de Opción Ciudadana.

El caso de los líderes, ‘mochileros’ o ‘puyaojos’

Para diversos analistas, aunque las revelaciones del fiscal ‘desinflaron’ a tirios y troyanos, el hecho es que si las investigaciones no se enfrían en el camino, como ha ocurrido en numerables ocasiones, y finalmente son condenados los eventuales responsables, se estaría enviando un contundente mensaje tanto a financistas y candidatos como a líderes de distintos niveles, entre estos los famosos ‘mochileros‘ y ‘puyaojos‘.

Para nadie es un secreto que, además de los aspirantes a cargos de elección popular, en las campañas suelen ser concluyentes los financistas (se dice que en los debates estos aportan cuantiosos recursos que después recuperan vía contratos con el Estado), así como decenas de individuos que “son los profesionales de la compra y venta de votos, barrio a barrio, casa a casa, determinantes en la perpetuación de una clase política tradicional y tramposa que no concibe apostarle al voto de opinión“, como los presenta La Silla Vacía en la historia ‘Profesión ‘Puyaojos‘.

En sus declaraciones a la prensa, el fiscal señaló que “la organización funcionaba al servicio de candidaturas que eran apoyadas por un grupo de dirigentes políticos regionales que, a su vez, contactaban líderes encargados de reclutar electores de sus mercados cautivos. Tales electores recibían dinero a cambio de su voto, como si se tratara de una mercancía, a partir de fuentes de financiación ilícitas“.

Entre los capturados se encuentran funcionarios de diferente nivel y se logró la identificación de más de dos mil intermediarios que habrían favorecido a candidatos al Congreso“, reveló igualmente Martínez Neira.

Y aunque ello ha sucedido desde siempre en la mayoría de las campañas, guardadas las proporciones, el hecho es que desde agosto de 2017 existe una nueva norma que convierte en graves delitos varias prácticas que fueron lugar común en los distintos procesos electorales, como lo recordó el propio fiscal al señalar que “las situaciones fácticas referidas le han permitido al fiscal de conocimiento concluir que varios de los indiciados podrían haber incurrido en dos de los nuevos delitos tipificados por la Ley 1864 de 2017“.

En sus declaraciones, el fiscal citó el Artículo 390A de la Ley 599 de 2000 o Código Penal, “Tráfico de votos“, al cual, en virtud de la nueva norma, se le adicionó otro delito: el que se le imputaría a “el que ofrezca los votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva con la finalidad de que dichos ciudadanos consignen su voto en favor de determinado candidato, partido o corriente política, voten en blanco, se abstengan de hacerlo o lo hagan en determinado sentido en un plebiscito, referendo, consulta popular o revocatoria de mandato“.

Ese tipo de prácticas: ofrecer “votos de un grupo de ciudadanos a cambio de dinero o dádiva, que justamente son las que ordinariamente identifican a los líderes barriales, ‘mochileros’ o ‘puyaojos’, podrían hacer incurrir a estos “en prisión de cuatro (4) a nueve (9) años y multa de cuatrocientos (400) a mil doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes“, como lo establece explícitamente la Ley 1864 de 2017”.

 

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