Unesco, procurador y mincultura piden que el edificio Aquarela sea demolido

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), atendiendo un detallado informe de la misión del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos, por sus siglas en inglés: International Council on Monuments and Sites) advirtió de manera oficial al Gobierno colombiano que el proyecto habitacional Aquarela que se construye a escasos metros del Castillo de San Felipe de Barajas sí atenta contra “la conservación de los atributos que sostienen el valor universal excepcional” del bien patrimonial y, por ello, recomendó “demoler lo que se ha construido” con el fin de evitar poner en riesgo la condición de Cartagena como Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad.

En carta suscrita por su directora del Centro de Patrimonio Mundial, Mechtild Rossler, enviada al Ministerio Público, responsable de la conservación de los bienes de interés cultural del país, la Unesco recomienda demoler el edificio Aquarela y suspender las restantes obras del proyecto “teniendo en cuenta la amenaza que representa para la conservación de los atributos que sustentan la excelencia universal del Bien de Interés Cultural (BIC)”.

Mechtild Rossler, directora del Centro de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Asimismo, en su misiva, aconseja al Estado colombiano “continuar con los esfuerzos realizados y hacer uso de todos los instrumentos legales para detener indefinidamente la construcción del proyecto y demoler lo que se ha construido tomando en cuenta la amenaza que este representa para la conservación de los atributos que sustentan el Valor Universal excepcional de Cartagena como bien Patrimonio Mundial”.

Tras la recomendación de la Unesco, el Ministerio de Cultura le sugirió a su vez a la alcaldesa encargada de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, convocar una reunión para establecer los avances de las acciones que adelanta el Distrito en atención a las directrices establecidas en pro de conservar la categoría de Patrimonio Histórico y Cultura de la Humanidad, para lo cual debe preservarse el conjunto de bienes patrimoniales locales.

En enero de este año, la ministra Mariana Garcés Córdoba le insistió al entonces alcalde interino Sergio Londoño Zurek que, como el proyecto Aquarela está localizado en una manzana en la cual el Plan de Ordenamiento Territorial -POT – de Cartagena autoriza una altura máxima de cuatro pisos, “es hacia ese hecho en particular donde hay que enfocar el debate” y no solo al hecho de que “el curador urbano No. 1 (…) aprobó un proyecto con una altura de 32 pisos amparado, entre otros documentos, principalmente en una circular emitida el 10 de diciembre de 2013 por la secretaria de Planeación de Cartagena” (leer ‘Mincultura hace “un llamado a la serenidad” al alcalde (e) de Cartagena‘).

Por su parte, para el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, quien también ha venido insistiendo en la demolición de la torre construída, es claro que la recomendación de la Unesco es la mejor solución al grave problema creado.

En sus primeras declaraciones a la prensa, el representante del Ministerio Público recalcó que “fue una situación absolutamente irregular de la forma como se construyó un edificio de 32 pisos limitando la integridad del Castillo San Felipe, que es además patrimonio de la humanidad. Recibimos con beneplácito la decisión que toma hoy la Unesco expresada en un concepto que le entrega a la Alcaldía de Cartagena”.

En una tajante advertencia sobre las actuaciones que adelantará su despacho en el sonado caso, Carrillo Flórez manifestó que “no descansaremos hasta que desaparezca Aquarela”.

“Es una persecución contra nosotros”: Aquarela

La revelación de la posición de la Unesco sobre el caso Aquarela, así como los pronunciamientos del Ministerio de Cultura y de la Procuraduría, se da coincidencialmente menos de 48 horas después de que el representante legal de la firma constructura del cuestionado proyecto, el arquitecto Lucas Tamayo Giraldo, declarara a un grupo de periodistas que “el Gobierno Nacional tiene una persecución contra nosotros”.

“En octubre recibimos el ataque de que no teníamos licencia, después de que eran ilegales, después el tema de la Unesco, después la Procuraduría, la Fiscalía y ahora una medida de detención privativa de la libertad”, señaló el empresario antioqueño.

Como se recordará, Tamayo Giraldo, así como el también arquitecto Claudio Restrepo y el curador urbano N° 1, Ronald Llamas, permanecieron durante 14 privados de su libertad, antes de que el juez Noveno Penal Municipal con funciones de Control de Garantías los dejara libres por no encontrar inferencia razonable de sus respectivas responsabilidades en la presunta violación al POT de Cartagena.

 

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