Una intervención justa y necesaria

Por Rafael Vergara Navarro *

Ante la ineficiencia de las medidas de protección local, el ministro de Ambiente declaró que a partir de estudios previos liderará la intervención en la zona norte de Playa Blanca y para ordenar el uso del territorio ejercerá la autoridad movilizando la capacidad nacional y la fuerza pública.

El mensaje es claro: el abuso y los excesos, la aberrante conciliación de la ley y la tolerancia llegará a su fin, se actuará con decisión y en Ecobloque, es decir, coordinando la acción de todos los competentes.

Delito y contravenciones sin sanción son el estímulo de la indolencia que ignora que “las normas ambientales son de orden público y no podrán ser objeto de transacción o de renuncia a su aplicación por las autoridades o por los particulares” (Ley 99/93 art 103)

Abunda el prevaricato en los daños infringidos a los ecosistemas en Cartagena y buena parte del país y en el espacio transparente de corales y peces que, junto con su playa, necesitan y les urge remediación y protección eficiente.

La decisión ministerial se sustenta en la Constitución Política de Colombia que demanda del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación (Art. 8).

Ante el conflicto de intereses y la anunciada oposición el ministro reiteró que Cardique, Parques Nacionales, la Alcaldía y la misma fuerza pública tienen que hacer respetar la intervención. Ordenó abrir procesos sancionatorios y recuperar el espacio público. “Si en materia de vertimientos y tala de mangle Cardique no lo hace el ministerio lo asumirá”, ha dicho.

El Consejo Comunitario de Playa Blanca se opone porque la medida preventiva y temporal que garantiza el periodo de anidación de la tortuga carey no fue consultada con ellos y su vocero advirtió que si demandan se caerá por violación al debido proceso. “Tienen que llegar donde nosotros, hacer consulta, socializar, mitigar los impactos que va a arrojar esa decisión, no solamente es cerrar y ya”; dijo; “hay gente que vive ahí. Se formarán despelotes a la hora de cerrar. Hay que ponerse de acuerdo. Hay muchas familias cuyo sustento económico depende de eso, de la playa”.

El tema es de fondo porque si bien es de justicia garantizar el sustento de los nativos no lo es que se siga afectando drásticamente esa riqueza natural. No todos los que usan y abusan el ecosistema son nativos y más de uno infringe la ley. Consultas se han hecho y planes que no se cumplen ni se diga.

No es justo olvidar que la Ley 70/93 establece el dominio del Estado sobre los bienes de uso público y regula los derechos y obligaciones ambientales de los afrodescendientes agrupados en consejos comunitarios, obligados como todos los colombianos a proteger los recursos naturales.

Como dice la ley, en las áreas de amortiguación del Sistema de Parques Nacionales conjuntamente con las comunidades negras se desarrollarán los modelos apropiados de uso.

* Abogado, ambientalista y gestor de Paz

 

 

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