Es un reto creer que es posible solucionar una crisis ambiental continuada con un alcalde elegido por 18 meses, dos vueltas presidenciales, Ley de Garantías y en 2019 cambio de líder.
La informalidad y el delito han permeado tanto la institucionalidad y gobernanza que existe un débil ejercicio de autoridad y desconfianzas. El gobierno es lento y capturado por el centralismo y/o el clientelismo local.
El alcalde (e) que navegó la tormenta diagnostica: hay desidia. El elegido encontrará buenos funcionarios y otros con mística menguada. Unos quedarán, otros volarán. En el estado eunuco los ejecutores tienen dueño, “dan manejo”, no se responsabilizan; algunos, agentes oficiosos de las casas políticas viven a la caza del negocio, son un cáncer prevaricador. A los de carrera les duele la ciudad, han sostenido el edificio.
Otros hacen que hierva la sangre. Recuperando en La Boquilla zonas de bajamar robadas vía sentencia de prescripción, logramos que la Corte Suprema la anulara con la sentencia SC1727-201 por tratarse “de un bien de la Nación de especial protección ecológica”. También que ordenara como “deber de las autoridades distritales tomar las determinaciones necesarias para la restitución material e inmediata del área afectada, e impedir que se siga la vulneración del frágil ecosistema de la Ciénaga de La Virgen”.
Son dos años de desacato o desidia dolosa. La estupidez interpretativa y la “reunionitis” bloqueó que se enviara un mensaje trascendente de viabilidad de recuperar todo lo robado con sentencias de prescripción. Esa infame conducta explica porqué la ineficiencia corrupta de algunos para frenar la depredación descarada de la margen derecha del anillo vial, en La Boquilla, Tierrabaja y por doquier.
Adaptarnos al cambio climático exige que el alcalde elegido y su equipo promuevan socialmente una cultura ecocéntrica donde lo ambiental sea un valor esencial del desarrollo. Es imposible ignorar que hay una tragedia anunciada con 26 mil familias en riesgo y que su control y resiliencia pasa por concertar soluciones con entes nacionales y locales. Es necesario que declare una emergencia ecológica que posibilite superar la probada ineficiencia, aquí y en el país, en la defensa de las zonas de bajamar, playas y cerros.
Al presentar con David Sandoval la acción popular que obliga por alto riesgo la reubicación digna de Marlinda y Villagloria, pedimos a la Justicia –y no lo hizo – que ordenara a la Fiscalía y Fuerzas Armadas vencer los carteles del daño y robo de los bienes de uso público. También que el alcalde cumpla con el artículo 65 de la Ley 99/93, concentre en un Ecobloque la autoridad y el control férreo y permanente que derrote la continuidad del caos y la depredación del Territorio y la ley.
La eficiencia en la defensa de los bienes de la Nación exige hoy un presidente ambientalista que lidere como comandante en jefe, con las Cortes y organismos de control la definición de un nuevo procedimiento eficiente que proteja las riquezas naturales de la Nación, con las Fuerzas Armadas, Dimar, Fiscalía, ministros, entes ambientales y autoridades distritales y municipales.
* Abogado, ambientalista y gestor de Paz