ENTRE AMIGOS periodistas de Bogotá circulan inquietudes sobre la Cartagena de Juan Manuel Santos y su alcalde encargado Sergio Londoño Zurek. Para algunos el futuro es incierto y mucho más en momentos en que el mismo gobierno nacional le da un fuerte golpe a la democracia local modificando la fecha de las elecciones atípicas, programadas inicialmente para el 15 de abril.
El principal interés del jefe de Estado es manipular desde Bogotá el traslado de la Base Naval y la construcción de un proyecto inmobiliario por encima de la recuperación de ese predio para convertirlo en un pulmón verde y una zona de recreación y deportiva para la ciudad, como se lo han imaginado los cartageneros. De allí la nueva fecha de las elecciones atípicas y la permanencia de Londoño Zurek al frente de la Alcaldía Distrital, a pesar de sus continuos desaciertos y su incompetencia para controlar la corrupción que se pasea por los pasillos del Palacio de la Aduana.
En medio de su interés electorero, el presidente Santos se le olvidó que a los cartageneros solo nos interesa elegir a un mandatario que le devuelva a Cartagena la institucionalidad y, por ende, la gobernabilidad.
Parece que eso poco le interesa cómo el deterioro de su imagen y la percepción que tienen los colombianos de su administración.
Un nuevo alcalde elegido en las urnas le impediría al presidente Santos culminar su propósito de entregar al mejor postor el predio de la Base Naval para otro proyecto inmobiliario, de acuerdo al estudio de la Fundación Virgilio Barco, que, según las fuentes capitalinas, lideraría la negociación con la Armada Nacional para el traslado de la Base Naval a Barranquilla, donde el alcalde Alex Char tiene definida la entrega de un lote con las hectáreas requeridas para la construcción de su nueva sede. El proyecto inmobiliario que presentó en Cartagena el presidente Santos tiene un valor aproximado de 500 millones de dólares.
Para lograr su objetivo por encima de los intereses de los cartageneros -incluida la movilidad del sector-, el gobierno de Santos determinará la zona de influencia del Centro de la ciudad, pues el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico, PEMP, solo lo firmarán la ministra de Cultura y el alcalde encargado. De acuerdo a sus consultas, el documento no tendrá que pasar por el Concejo Distrital de Cartagena para el cambio del uso del suelo.
La decisión centralista seguramente la hará oficial Santos después de las elecciones congresionales del 11 de marzo y el desenlace del proceso judicial que enfrenta un grupo de concejales por la elección de la contralora distrital Nubia Fontalvo. Es entendible por las reacciones que provocaría en este momento, a pesar de las excelentes relaciones del presidente con los congresistas de Bolívar de la Unidad Nacional.
Sin conocer el nuevo decreto que extiende hasta el 6 de mayo las elecciones atípicas en Cartagena, los expertos en el tema podrían pensar que con los antecedentes conocidos, desde Bogotá cualquier cosa puede pasar para darle otro golpe a la maltrecha democracia en Colombia y «enredarnos» el proceso eleccionario para escoger el nuevo alcalde de los cartageneros. Durante la presidencia del hoy senador Álvaro Uribe Vélez se expidieron decretos que le permitieron al gobierno centralista apoderarse de los departamentos del Choco y San Andrés Islas. Y recientemente lo intentó Santos con La Guajira.
