Medida de aseguramiento a ocho concejales provoca reacciones de la ciudadanía

La decisión del juez de Control de Garantías Marvin Javier Ayos Correa de cobijar con medida de aseguramiento a 10 de los 14 concejales de Cartagena a los que la Fiscalía les abrió un proceso por elegir a la contralora distrital, Nubia Fontalvo Hernández, al parecer de manera irregular, provocó reacciones en diversos sectores ciudadanos.

Como ya conocen bien los distintos sectores políticos locales, el togado cobijó con detención domiciliaria a los concejales Duvinia Torres Cohen y William Pérez Montes, del partido de La U; Luis Cassiani Valiente y Antonio Salim Guerra, de Cambio Radical; Américo Mendoza Quessep, del partido Alianza Social Independiente -ASI; Édgar Mendoza Saleme, del partido Conservador; Érich Piña Féliz, del Partido Liberal; y Lewis Montero Polo, del partido Opción Ciudadana.

Como conocen también, contra dos exconcejales vinculados al mismo proceso: Ronald Fortich Rodelo, del movimiento Cartagena Confirmas, y Zaith Adechine Carrillo, del Partido Conservador, el togado también dictó medida de aseguramiento, pero en sus casos, por no tener ya la condición de servidores públicos, se le les benefició con una medida no privativa de la libertad, aunque no podrán viajar fuera del país y, además, deberán comparecer los primeros días hábiles de cada mes al Centro de Servicios Judiciales de Cartagena.

Por disposición del juez, como medida preventiva, ni los ocho concejales ni los dos exconcejales podrán hacer presencia en las instalaciones del Concejo.

Como se recordará, otro de los exconcejales vinculados al mismo proceso: Jorge Useche Correa, del Partido Conservador, se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Sabanalarga -Atlántico, mientras que a Angélica Hogdeg Durango, del partido Alianza Verde, quien estuvo recluída varios meses en la cárcel de San Diego, se le cobijó finalmente con detención domiciliaria.

Por los mismos hechos, el exalcalde Manolo Duque Vásquez; su primo: el abogado José Julián Vásquez; y la excontralora Nubia Fontalvo, permanecen privados de la libertad. El primero en la cárcel para funcionarios de Sabanalarga; el segundo en la cárcel de San Sebastián de Ternera; y la tercera en la Cárcel de San Diego.

Sobre las medidas que se tomen con respecto a otros dos concejales vinculados al mismo proceso: David Dáger Lequerica y Javier Curi Osorio, del Partido Liberal, aún el juez de control de garantías no ha tomado ninguna decisión.

Como se sabe también, particularmente en los círculos políticos, a los diez concejales, a los cuatro exconcejales, al alcalde, a su primo y a la excontralora la Fiscalía los acusa de haber participado en la comisión de los delitos de cohecho propio y prevaricato por acción.

Ante los hechos presentados, el Concejo de Cartagena está a punto de sesionar solo con seis concejales: David Caballero Rodríguez, Rafael Meza Pérez y Rodrigo Reyes Pereira, del Partido Conservador; Vicente Blel Scaff y Wilson Toncel Ochoa, de Cambio Radical; y César Pión González, del partido de La U, ya que, en el caso de los delitos contra la Administración Pública, como sería el caso de la presunta elección irregular de la excontralora, opera la figura de la silla vacía.

Las reacciones

Conocida la decisión del juez Marvin Ayos, les redes sociales se llenaron de comentarios a favor y en contra de esta. Para algunos, el togado, con sabiduría, al disponer la detención preventiva de los imputados en sus respectivas residencias, salvaguardó debidamente los intereses ciudadanos. Pero para otros es injusto, e ilógico, que no obstante que la imputación es la misma para todos, unos estén en la cárcel, otros en sus casas y algunos se encuentren libres.

Sobre el hecho de que el Concejo deba sesionar con menos de la mitad de sus integrantes y, peor aún, que no exista “certeza sobre la conformación del quórum” durante las sesiones, como lo señala la Fundación Cívico-social pro Cartagena -Funcicar, su directora, Carolina Calderón Guillot, manifestó que “esta situación ratifica una vez más que es la sociedad civil la convocada a ejercer control social sobre la gestión pública, especialmente sobre los macroproyectos en curso. Asimismo, es un llamado a asumir un mayor compromiso con la elección de nuestros gobernantes, más aún cuando nos encontramos ad portas de unas elecciones atípicas”.

Sobre las consecuencias de la decisión del juez Ayos, el exprocurador delegado para la Moralidad Administrativa Fabio Castellanos Herrera señaló que es “la peor crisis de gobernabilidad en la historia política de Cartagena, que demuestra la irresponsabilidad como actuaron estos ‘servidores’ públicos”. Se trata, dijo, de una “situación que aumentará la crisis institucional de la ciudad, que debe provocar la reacción popular contra los estafadores de la democracia no eligiéndolos más, ni a sus proyectos políticos”, en clara alusión a las candidaturas surgidas del seno de la corporación edilicia.
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Por su parte, para la directora ejecutiva de la Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco – seccional Bolívar, Mónica Fadul Rosa, “una medida como esta le asesta un golpe aún más profundo a la institucionalidad democrática en el territorio”, calificando de “lamentable que a la vacancia absoluta del alcalde y de la contralora se una ahora la de un considerable número de concejales, en quienes también los electores depositaron su confianza para realizar el control político a la Administración y promover los asuntos que interesan al desarrollo de la ciudad”.

 

Contexto:

 

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