Las víctimas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz

Por Daniel E. Flórez Muñoz *

El Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición -SIVJRNR – es sin lugar a dudas uno de los ejes estructurales de los Acuerdos de La Habana; con su incorporación se apunta a la definición de las condiciones normativas e institucionales orientadas a asegurar la mayor satisfacción posible de los derechos de las víctimas a través de un conjunto de estrategias que articulan mecanismos judiciales y extrajudiciales, que trabajando de forma mancomunada y coherente pretende responder de manera satisfactoria a la totalidad de exigencias internacionales que en materia de justicia transicional definen el alcance de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

El SIVJRNR se encuentra compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; las medidas de reparación integral, y también por la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP; esta última es expresión directa y garantía del alcance del derecho a la justicia al interior del Sistema Integral, sin embargo su actividad va mucho más allá de la que es propia en el proceso de juzgamiento e imposición de sanciones, adicional a lo cual encontramos que la JEP participa activamente en la garantía de los derechos a la verdad, la reparación y la no repetición, así como en la verificación del cumplimiento de las condicionalidades que abren la posibilidad de los incentivos para acceder y mantener el tratamiento especial de justicia, dichos condicionales se encuentran asociados con el reconocimiento de Verdad y responsabilidad por parte de los actores del conflicto armado. Su objetivo principal, a la luz de lo definido en el mismo Acuerdo, es adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado interno, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón del mismo, en particular aquellos que constituyan graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos.

En el marco de la implementación de los Acuerdos de La Habana, la JEP fue creada por el Acto Legislativo 01 de 2017 (Sentencia C-674/17), y por la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP. Dicho Acto Legislativo incorpora en su artículo 12 y la Ley Estatutaria en su artículo 14 la necesidad de incorporar durante cada una de sus actuaciones la participación efectiva de las víctimas, definiendo que las mismas ostentaran como mínimo la calidad de intervinientes especiales, lo anterior en consonancia con los estándares que en materia probatoria, garantías sustanciales y derecho a acceso a un recurso judicial efectivo, existen a nivel nacional e internacional. La elaboración de las normas procedimentales que materialicen este mandato serán definidas por los magistrados de la JEP, las cuales serán presentadas por el Gobierno ante el Congreso de la República para su aprobación.

Dentro de los derechos de las víctimas en el marco de la JEP encontramos, a la luz de lo establecido en el artículo 15 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia de la JEP, los derechos a: (i) Ser reconocida como víctimas dentro del proceso judicial que se adelanta. (ii) Aportar pruebas e interponer recursos establecidos en la JEP contra las sentencias que se profieran. (iii) Recibir asesoría, orientación y representación judicial. (iv) Contar con acompañamiento sicológico y jurídico en los procedimientos adelantados por la JEP. (v) Ser tratadas con justicia, dignidad y respeto. (vi) Ser informadas del avance de la investigación y del proceso. (vii) ser informadas a tiempo de cuando se llevarán a cabo las distintas audiencias del proceso, y a intervenir en ellas. (viii) En casos en que haya reconocimiento de verdad y responsabilidad, las Salas podrán llevar a cabo audiencias públicas en presencia de víctimas individuales o colectivas afectadas con la o las conductas, sin prejuicio de que dicho reconocimiento se realice por escrito.

En cada una de las dependencias y órganos que componen la JEP se establecerán escenarios que garanticen dicha participación de forma idónea, efectiva y permanente. Para ello se prevé la necesidad de tomar medidas orientadas a asegurar la prelación de la perspectiva ética y cultural, el acceso a la información y la indispensable asistencia técnica y psicosocial. Adicional a lo anterior, se incluirán medidas diferenciales en materia de víctimas de violencia sexual, a las cuales se les asegurará no solo la garantía del derecho a la intimidad sino también el cuidado en relación a cualquier indagación innecesaria que pueda conducir a escenarios de revictimización.

Todo lo anterior nos permite comprender que Colombia a través de la JEP se perfila hacia un escenario jurídico-institucional afianzado en la necesidad de asumir la transición a partir de la centralidad de las víctimas, lo cual si bien asegura un avance sustancial en la democratización de la construcción de paz, al mismo tiempo pone de presente la tensión derivada de la lógica adversarial connatural a los procesos judiciales por una parte, y los procesos de reconocimiento y reconciliación requeridos en la construcción de paz por la otra.

Sin lugar a dudas, es mucho lo que aún queda por definir, sin embargo, el solo reconocimiento de que a partir de la participación activa de las víctimas es posible avanzar hacia la redefinición de los límites del derecho penal clásico y los usos del discurso jurídico en el marco de los procesos de reconciliación, nos permite abrirnos a una renovación sin precedentes en nuestra cultura jurídico nacional, el nacimiento de un derecho pensado –por fin- desde la reconciliación y como un instrumento activo en la construcción de una Colombia en Paz.

* Docente Investigador, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Cartagena. Activista en Derechos Humanos. Candidato a Magister en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, Universidad de Génova. Estudiante de Maestría en Derecho, Universidad de Cartagena.

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