Los desalojos deben parar

danilo-contrerasPor Danilo Contreras Guzmán *

La presunción de buena fe contemplada en el artículo 83 de la Constitución Política tiene importancia suprema para la preservación de la sociedad y el funcionamiento del Estado. Ese canon constitucional establece que tanto los actos de los particulares y las autoridades se ceñirán a ese principio.

Carezco de elementos para sostener que los operativos de desalojo que la Administración adelanta respecto de las familias que habitan 16 edificaciones construidas por los tristemente célebres hermanos Quiroz, puedan vulnerar el criterio de la buena fe. No osaría pensarlo.

Pese a lo anterior, tales actuaciones denotan precipitación y desproporcionalidad que no solo afecta el patrimonio moral y material de las familias víctimas, sino que muy seguramente redundaran en perjuicio al patrimonio del Distrito. Trataré de explicar porqué.

Se ha conocido el texto del oficio 104 de 17 de enero de 2017 en el cual el Fiscal General de la Nación ordena al alcalde “que se adopten las medidas necesarias para garantizar la vida” de los habitantes de esos inmuebles, siendo la medida sugerida el desalojo, según lo consigna un estudio contratado con la Universidad de Cartagena para determinar la existencia de fallas en la estructura de tales edificaciones. Sin embargo del mismo oficio se desprende que la Fiscalía ha solicitado del Juez de control de Garantías que se ordenen las mismas medidas de protección en audiencia que debería llevarse a cabo el día viernes 19 de enero de los corrientes, fecha en la que se escribe esta nota. La solicitud encuentra sustento legal en el artículo 342 del Código de Procedimiento Penal.

En contraste, las autoridades iniciaron los operativos de desalojo en la noche del 18 de enero, vale decir, antes de que el juez se pronuncie respecto de la petición de medidas de protección elevada por la Fiscalía. Lo anterior podría significar que los operativos no cuentan con suficiente respaldo jurídico, pues este reposa en la eventual resolución del Juez en la que acceda a las medidas de protección.

En estricto sentido jurídico, la Fiscalía no tiene facultades para ordenar directamente medidas como las que se discuten hoy en la ciudad, pues esa competencia solo corresponde al juez que debe valorar los elementos de convicción que el fiscal allegue para sustentar su pedimento, en este caso el dictamen de la Universidad de Cartagena.

Pero hay otras perlas que permiten colegir que los desalojos resultan irracionales. El ingeniero Jorge Rocha, profesional ampliamente reconocido, ha manifestado con gran sentido común que si hay peligro de ruina de las edificaciones no solo es necesario desalojar las 16 construcciones sino también las vecinas y cerrar las calles adyacentes a tales edificios para evitar desastres. Pero agrega que existen serias inconsistencias en los dictámenes que soportan la decisión de desalojar y que no hay razón para creer que edificios que tienen varios años de construidos puedan caer de un día para otro. Otros profesionales como el presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -SIAB, doctor Jorge Mendoza Diago, han expuesto conceptos que sugieren que es menester documentar con mayor profundidad una decisión de esta naturaleza y agregan que en otros casos ocurridos en la ciudad se ha tenido la oportunidad de corregir defectos de algunas edificaciones y evitar de esa manera su colapso.

Es comprensible la inquietud que embarga a la Administración dado el antecedente del Edificio Portales de Blas de Lezo II, pero esa tragedia y los temores entendibles no pueden generar nuevas situaciones que también se constituyen en verdaderas tragedias y perjuicios para más de un centenar de familias que están conminadas a desalojar sus residencias bajo el perentorio y precipitado mandato del Distrito.

Habría sido prudente esperar la decisión del juez que es la autoridad competente para dar valoración probatoria al dictamen de la Universidad de Cartagena, amén de otro tipo de medidas viables para mitigar contingencias catastróficas sin que se recurriera, incluso, a la amenaza de desalojo mediante la fuerza pública.

La negligencia de este proceder ya podría haber producido daños y perjuicios morales y materiales a las víctimas que se habrían evitado con un adecuado plan de alistamiento en espera de la decisión judicial y de contrastar el estudio al cual, sin ser adivino, le auguro serios contratiempos.

Por lo pronto, es preciso parar los desalojos.

* Abogado especialista en Derecho Administrativo y candidato a Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.

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