La lucha de los jueces contra el delito

Por Anthony Sampayo Molina *

Aunque si bien es cierto que la situación de caos, corrupción e inseguridad que agobia al país puede conducirnos a creer que jueces haciendo frente a la delincuencia es el estadio ideal para lograr una sociedad justa, en realidad dicho deseo, por el contrario, puede estar conduciéndonos directo al fracaso como país civilizado.

Acostumbrada está ya la sociedad colombiana a escuchar que cualquier resultado adverso en un proceso judicial que no satisfaga sus expectativas de justicia  siempre es responsabilidad de los jueces. Igualmente es constante el manoseo del poder judicial por parte de políticos, que en un afán populista quieren mostrarse como dirigentes que ven frustrada su labor de lucha contra el crimen por cuenta de jueces que supuestamente tienden a beneficiar a los delincuentes. En un caso muy llamativo veo casi que semanalmente a un funcionario de la alcaldía de Bogotá que ostenta la calidad de “secretario distrital de seguridad” diciendo que la inseguridad en la capital se debe a que “ellos agarran a los delincuentes pero los jueces los sueltan”. Y obviamente no se puede sacar de esta ecuación de tergiversación a muchos medios de comunicación, que a través de su gran poder de persuasión han propagado la idea facilista y perversa que en la cadena de lucha contra la delincuencia el eslabón que se rompe es el de los jueces, generando en estos funcionarios un estado de zozobra por un eventual linchamiento social, en caso de que su decisión no fuera acorde con lo que determinado sector espera.

Esa tendencia que cada vez se vuelve más común está poco a poco desnaturalizando la función de los jueces y está creando una sensación de inseguridad jurídica en el país. La función de lucha contra el delito es una tarea que corresponde conjuntamente a la fiscalía general de la nación, policía, fuerzas militares; al congreso a través de la expedición de leyes, a las cabezas de la rama ejecutiva de todo orden, desde el presidente hasta los alcaldes, en fin, a casi todo el estado menos a la rama judicial. Los jueces de Colombia existen para administrar justicia que es una labor muy distinta a la que pretenden algunos sectores. Administrar justicia significa velar porque la ley en su estricto sentido se cumpla, ley que entre otras cosas no hacen ellos y que es su obligación aplicarla incluso si resulta contrario a sus convicciones personales. Ese apego estricto a la ley es la única garantía que tiene una sociedad para no hundirse en la anarquía, caos o sistemas totalitarios.

Es la combinación de falta de educación con demagogia política la responsable que se hayan creado en la sociedad colombiana preconceptos erróneos, los cuales esconden un propósito claro de evadir responsabilidades por parte de aquellos que son los reales garantes en la creación de reglas de política criminal y de prevención del delito eficientes.

Toca actualizar a la comunidad sobre la estructura del sistema penal colombiano y eso en gran medida es responsabilidad de los generadores de opinión, desde el año 2005 estamos en un sistema con tendencia acusatoria, muy semejante al que funciona en los Estados Unidos, en donde la decisión de los jueces surge del debate que en condiciones de igualdad le presentan la fiscalía y la defensa, los cuales deben ajustar sus posiciones a lo establecido en la ley y de eso es garante el juez. Así que si mañana, determinado resultado judicial no satisface sus expectativas y cree tener la verdad de lo ocurrido, en su orden ha de verificar lo siguiente: 1º  La ley, 2º aciertos o errores de las partes (fiscalía o defensa) y por último cuestionar la decisión del juez.

El real propósito de los jueces no es castigar a una persona, es salvaguardar el estado de derecho, de tal forma que si al final, con estricto apego en la ley, alguien es hallado responsable, la sanción que resulte luego de todo un camino llamado procedimiento, que es resultado de la evolución de los derechos humanos a través de la historia, surge con la tranquilidad de que existen en el estado unas reglas de juego claras que funcionarios independientes resguardan, ese es el significado de la venda en los ojos que Temis exhibe junto con su espada y balanza.

Si Colombia quiere avanzar hacia el desarrollo como sociedad, debe proteger y dignificar como se merece la labor de los jueces, garantizarles a estos una real y completa independencia libre de presiones y acosos y darles el estatus que en realidad se merecen. Hay que convencerse de algo y es que, culpar a los jueces por la inseguridad o corrupción que nos agobia en vez de elaborar estrategias eficientes en la lucha contra el crimen, resulta ser el camino fácil y el distractor social por excelencia detrás del cual se esconde la ineficiencia política.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

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