Secretario de Educación del Distrito responde observaciones de la Contraloría

El pasado lunes 20 de noviembre, el secretario de Educación del Distrito, Jaime Hernández Amín, respondió las observaciones presentadas oficialmente por la Contraloría General de la República 12 días antes: el miércoles 8 de noviembre, al alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, sobre supuestos hallazgos en el proceso contractual y posterior ejecución del Contrato UM-PAE-01-2016REDCOM para el suministro de las raciones alimentarias dispuestas por el Programa de Alimentación Escolar -PAE.

Las respuestas a las observaciones del ente de control fiscal, consignadas en una carta dirigida a la supervisora de la Auditoría de Cumplimiento SGP Cartagena de la Dirección de Vigilancia Fiscal, Claudia Isabel Berbeo Nocua, a la cual tuvo acceso Revista Metro, buscan aclarar los señalamientos de la Contraloría y evitar que los hallazgos queden en firme y se abran los correspondientes juicios de responsabilidad fiscal (leer ‘Respuestas de la Alcaldía de Cartagena a la Contraloría General‘)

Este portal constató -además – que las respuestas de Hernández Amín fueron enviadas por dos vías: una, físicamente, remitida por correo certificado, y otra enviada vía internet.

En ambos casos, el oficio fue recibido por la Contraloría horas antes de que el titular de la entidad, Edgardo Maya Villazón, durante un evento de rendición de cuentas, cuestionara que la Alcaldía de Cartagena contratara $23.427 millones de manera directa, una situación que, según dijo, era “abiertamente irregular”, y que en el marco de una auditoría “se encontraron pechugas de pollo a $40 mil”, y “la compra de 2.800 kilos de canela, por más de $39 millones, que nunca llegaron a las escuelas”, entre otras presuntas irregularidades (leer ‘Nuevo escándalo en el PAE, con los mismos actores y las mismas advertencias‘).

En la mayoría de los casos, Hernández manifestó que “la Administración Distrital no ha incurrido en fallas de control y seguimiento, ya que el servicio se prestó acorde a los lineamientos técnicos y con el lleno de los requisitos estqablecidos en las obligaciones del contratista”, y, por ello, los hechos cuestionados no se pueden tipificar como hallazgos con incidencias fiscales, penales o disciplinarias, según el caso.

En el caso particular de uno de los hallazgos más destacados por la Contraloría: que para celebrar el contrato de manera directa, sin que mediara una licitación pública, se decretara una urgencia manifiesta, el secretario de Educación argumentó que se trató de un hecho común durante el año 2016 en muchas otras entidades territoriales, al inicio de las diferentes administraciones, por razones estrictamente presupuestales.

En su oficio al ente de control, Hernández señaló que, como sucedió en el Distrito de Cartagena, también decretaron urgencia manifiesta para poder contratar el PAE la Gobernación de Bolívar (Decreto 102 de 26 de febrero de 2016); la Alcaldía de Barranquilla (Decreto 429 de 4 de mayo de 2016; la Gobernación del Atlántico (Decreto 00029 de 20 de enero de 2016); la Gobernación de Santander (Decreto 0004 de 13 de enero de 2016); la Gobernación de Nariño (Decreto 031 de 20 de enero de 2016); la Gobernación del Meta (Decreto 100 de 22 de febrero de 2016); la Alcaldía de Pasto (Decreto 0088 de 17 de enero de 2016); la Alcaldía de Barrancabermeja (Decreto 0020 de 23 de enero de 2016); la Alcaldía de Apartadó (Decreto 0017 de  29 de enero de 2016); la Alcaldía de Santa Marta (mediante Convenio Directo de Asociación Nº 088 de 11 de mayo de 2016); la Alcaldía de Itagüí (Convenio Directo de Asociación Nº SEYC 091 de 31 de marzo de 2016); la Gobernación de Sucre (Convenio Directo de Asociación de 28 de enero de 2016); y la Alcaldía de Bogotá (Convenio con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares).

Sobre otros de los aspectos más llamativos de las declaraciones del contralor: que se encontraron pechugas de pollo a $40 mil, Hernández aclaró en sus respuestas a las observaciones que el objeto del contrato “es de suministro, preparación y distribución diaria de complemento alimentario en la jornada de la mañana servidos en el sitio de consumo, raciones industrializadas y almuerzos servidos en sitio de consumo a los escolares matriculados en las instituciones educativas oficiales y de matrícula contratada del Distrito de Cartagena y sus corregimientos (…) y no de suministro de materias primas para preparar los alimentos”.

Según el funcionario, “el operador dio cumplimiento a las obligaciones contractuales, tal como se vislumbra en los soportes y evidencias de ejecución, por tanto no existe daño patrimonial alguno, como lo señala el equipo auditor, pues se dio aplicación a lo contratado y a lo ofrecido en la propuesta del operador”.

“Así las cosas, le solicitamos desestimar estas observaciones y sus incidencias fiscal y disciplinaria, teniendo en cuenta que no hubo irregularidades como señala el equipo auditor y se cumplió con el suministro de las raciones conforme a las obligaciones contractuales”, recalca el secretario de Educación.

Sobre sus respuestas a la Contraloría, este portal quiso dialogar con Hernández, pero no fue posible. Con quien sí lo hicimos fue con un asesor externo de la Alcaldía quien, por no estar autorizado para dar declaraciones, solicitó que no se revelara su nombre.

“Mire, sobre el supuesto cobro excesivo de pollo, lo que hay que tener en cuenta es que el contrato suscrito es de suministro de raciones preparadas, no de compra de insumos o maeria prima para la preparación de alimentos”, explicó la fuente; “es un contrato comercial en el que por un lado un contratista se obliga a cumplir a favor de un contratante, en forma independiente, la prestación periódica o continua de bienes o servicios, a cambio de un pago o contraprestación. En este caso hay el compromiso de entregar unas raciones en cada una de las instituciones educativas, y la Administración no tiene nada que ver con los precios que el contratista pague por la materia prima que utilice, ya que los precios de las raciones están previamente establecidos, con unos topes máximos, que entre otras cosas determina es el Ministerio de Educación”.

“Mire”, repitió la fuente”, las raciones tienen unos precios máximos que ahora mismo no recuerdo cuáles son, pero créame que aunque los contratistas digan que compraron pollo a precio de oro, póngale el valor que quiera, esos precios no va a variar”.

Los precios a los cuales se refiere el informante es el de los desayunos preparados, que tienen un tope de $1.378; el de los desayunos industrializados, que cuestan $ 1.766; y el de los almuerzos, que valen $ 2.417″ (leer ‘Observaciones de la Contraloría al Contrato UM-PAE-01-2016REDCOM‘).

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