El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, manifestó que «Cartagena es un caso emblemático de corrupción y un laboratorio donde el Estado debe actuar de manera organizada y eficiente, para reinventar la administración pública y hacer efectivas sus políticas, bajo la luz liberadora de la ética, la justicia y la veeduría ciudadana».
La dura afirmación del representante del Ministerio Público fue hecha durante el encuentro ‘Ética: El reto de la justicia y la ciudadanía’ que se llevó a cabo ayer en el teatro Adolfo Mejía con la presencia de expertos en los conceptos de ética pública y moral, entre ellos la filósofa Adela Cortina, el sacerdote jesuita Francisco de Roux, el exministro y exembajador Fernando Cepeda, la directora de la corporación Excelencia en la Justicia Gloria María Borrero y el exfiscal general Alfonso Valdivieso.
Sobre el tema, Carrillo Flórez expresó que los cartageneros «han padecido durante décadas el embate de los corruptos, que se ha apropiado de los recursos públicos y montado una alianza siniestra entre los sectores descompuestos de la clase política, los contratistas y los curadores urbanos, en detrimento de la ciudad y sus habitantes».
En concepto del procurador general, en la Ciudad Heroica se desplomó la ética «hace muchos años», y uno de los hechos que lo prueban es que en ella, por lo visto en casos como el proyecto Aquarela, «el urbanismo es el paraíso reciente de la corrupción».
«Cartagena es un caso emblemático de corrupción y un laboratorio donde el Estado debe actuar de manera organizada y eficiente, para reinventar la Administración Pública y hacer efectivas sus políticas, bajo la luz liberadora de la ética, la justicia y la veeduría ciudadana», manifestó Carrillo, para quien, a pesar de la gravedad de los hechos acaecidos, es en todo caso posible que «con la activa participación de la gente y las herramientas de la democracia» pueda romperse «el cerco de los inescrupulosos y encontrar la libertad que significa convivencia, justicia social, progreso y oportunidades para todos».
Optimista al apreciar que hay sectores ciudadanos dispuestos a enfrentar la galopante corrupción, el procurador manifestó que «hoy Cartagena se levanta contra esos piratas del siglo XXI que quieren seguir apertrechados y blindados en sus privilegios, queriendo derrumbar esas murallas que dan fé de una ciudad que debe ser capaz de vencer a la corrupción».
Anuncios de nuevas acciones
Durante su intervención, el procurador Fernando Carrillo se refirió al proceso disciplinario que cursa contra el alcalde Manolo Duque «por evidentes casos de negligencia en el control urbano frente al tema de las licencias fraudulentas de construcción», y dijo que el Ministerio Público «ha desplegado sus competencias en todos los niveles sancionatorios, preventivos y de intervención, con un grupo de tres procuradores delegados, cinco procuradores judiciales y las Procuradurías regional y provincial de Cartagena para ponerle coto a esta epidemia de corrupción».
Sobre el particular, Carrillo señaló que se avanza «en la investigación por la elección de la contralora de Cartagena, que tiene tras las rejas al alcalde Duque y a un concejal; y de varios funcionarios vinculados con actos de corrupción en la entrega de licencias de construcción, que violan el espacio público, el medio ambiente y la moralidad administrativa».
Anunció el procurador, asimismo, la presentación de «una acción popular para normalizar el tema urbanístico y ponerle orden a la ciudad»,y que su despacho actuará «de manera preventiva en el proceso de nombramiento de los curadores de Cartagena», como también en otras 11 ciudades del país.
Con respecto a los temas ambientales que también preocupan a los cartageneros, Carrillo anunció la presentación de «una acción popular para defender la Bahía de Cartagena, ante el continuo daño ecológico que presenta y sus efectos irreversibles por la descarga de aguas residuales contaminadas».
E informó que «la Procuraduría, junto con los demás órganos de control, ya inspeccionó a la Corporación Autonóma Regional del Canal del Dique -Cardique – para verificar la contratación adelantada para las actividades de relimpia de arroyos y reservorios de la jurisdicción».
«Se revisaron más de 200 contratos, se recibieron testimonios y se ordenaron pruebas técnicas, y el pasado 2 de octubre se ordenó la investigación preliminar», señaló.
Luego de finalizar el encuentro, durante una rueda de prensa realizada en la Cámara de Comercio, el procurador tocó una vez más el caso del proyecto urbanístico Aquarela sobre el cual dijo que ya se había radicada una solicitud a un juez de la República para que declare la nulidad de las licencias expedidas para su construcción y, además, ordene su demolición.
«El curador (Ronald Llamas Bustos) nunca debió expedir esas licencias, y eso debo decirlo con mucha claridad», declaró Carrillo.
«Hay que reinventar la Política»: Carrillo
Según el procurador, «en tiempos de incertidumbre es imperativo ético reinventar la política, para que vuelva a ser una actividad honrosa, marcada por los valores democráticos. La ausencia de ética ha aumentado la desaprobación ciudadana a la política y aumentado la sequía de confianza. El matrimonio entre contratistas y políticos ha corrompido la acción política, contaminado a los electores y convertido el erario en un botín que se reparten sin escrúpulos los más avivatos».
Durante su intervención en el encuentro, Carrillo manifestó que «la lucha de ideas y no la confrontación de billeteras debe marcar el futuro de la democracia. Se necesita una reforma política integral, que modernice la democracia y honre lo pactado en los acuerdos de La Habana».