Vélez y otros funcionarios de su Gobierno, a responder a la CGR por presunto detrimento

La Contraloría General de la República -CGR, tras culminar el Control Excepcional realizado a las cuentas de varias de las obras contratadas durante el gobierno de Dionisio Vélez Trujillo con recursos de un empréstito, así como a unos dineros girados por el Distrito a la empresa Aguas de Cartagena -Acuacar, estableció el hallazgo de presuntos detrimentos por diferentes cuantías, por los cuales deberán responder durante sendos juicios de responsabilidad fiscal tanto el exmandatario como varios de sus entonces funcionarios.

Con la determinación, el órgano de control fiscal le dio la razón a la congresista bolivarense Daira Galvis Méndez, quien, con el respaldo de los miembros de la Comisión Quinta del Senado de la República, y ante una serie de supuestas irregularidades en el manejo de $250 mil millones en la construcción y refacción de vías, escuelas y centros de salud; en la ejecución del contrato de clausura y posclausura del relleno sanitario de Henequén por cerca de $5.500 millones; y en la administración de los subsidios y contribuciones de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado -como se dijo – por parte de Acuacar, solicitó un Control Excepcional al ente fiscalizador.

Como se sabe, en el caso de Acuacar, la Administración de Dionisio Vélez decidió también, de manera sospechosa, prorrogarle el contrato por 14 años adicionales a pesar de faltar seis años de su vencimiento, lo cual también fue puesto en conocimiento de los órganos de control.

En el caso de las obras contratadas en el sector Salud, la CGR estableció que, en efecto, tal como lo denunció la senadora Galvis y lo habría de ratificar la directora del Departamento Administrativo de Salud Distrital -DADIS, Adriana Meza Yepes, durante una entrevista a Revista Metro, el gobierno de Vélez contrató la construcción de 39 hospitales por $100 mil millones, pero finalmente, por una mala planeación y otra serie de circunstancias por las que deberán responder tanto el exburgomaestre como la exdirectora del Dadis, Martha Rodríguez Otálora, hoy solo hay recursos para terminar 12 hospitales (leer ‘“Nosotros sí pusimos en conocimiento de los entes de control los hechos detectados”: Meza’).

En el caso de las obras de construcción y refacción de escuelas, se encontró que la Tesorería Distrital dejó de deducir de las cuentas de cobro más de $337 millones que deberán ser devueltos por los contratistas. De acuerdo con fuentes de la CGR, aunque no se encontraron detrimentos en la construcción de algunas escuelas, sí hay mucho que explicar en lo relacionado con el mantenimiento de las instituciones educativas, por lo que se ordena a la Administración la corrección de las supuestas inconsistencias.

De acuerdo con dichas fuentes, en el mantenimiento ejecutado a las escuelas República de Argentina, Nuestro Esfuerzo, Ana María Vélez y Ciudadela 2000, en otras 28 instituciones educativas, se habrían encontrado falencias que deberán ser corregidas. Para ello, el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, dispondrá de 15 días, a partir de la notificación respectiva, para presentar un plan de acción.

En el caso de las vías, se supo que los auditores que realizaron el Control Excepcional hallaron un presunto detrimento patrimonial de casi $2.900 millones. En estos casos, como el Distrito alcanzó a aplicar varias multas y decretó la terminación anticipada de varias obras, parte de la ejecución presupuestal no entró en la investigación. En estos casos, de igual manera, el alcalde mandatario dispondrá de 15 días para presentar un plan de acción (leer Lupa a obras del ‘Ahora Sí’, Concejo realizará debate de control político’).

En lo relacionado con Acuacar, la CGR constató lo que ya se ha dicho: cobros de tarifas por encima de lo establecido; subsidios y contribuciones también cobradas por encima de lo autorizado por el Concejo; e irregulares transferencias de recursos al estrato 3. A este no podían transferirle recursos de las contribuciones en razón a que el servicio de alcantarillado que se le presta no alcanza el mínimo determinado, que es más del 90%. En estos casos, Londoño Zurek contará también con 15 días para presentar un plan de acción que evite que ello vuelva a ocurrir. Se supo -además – que la Superintendencia de Servicios Públicos investiga a Acuacar por estos hechos, pero sus resultados aún no se conocen públicamente (leer Por prorrogar contrato con Acuacar a seis años de su vencimiento, solicitan a los órganos de control investigar al alcalde de Cartagena’).

En el caso de las también cuestionadas comisiones de éxito pagadas sin que hubiera necesidad de ello, la CGR determinó un posible detrimento patrimonial por los $2.500 millones que le pagaron a la empresa SPS Asociados por presuntamente diligenciar ante la banca la aprobación de un crédito de $250 mil millones autorizado por el Concejo, y por los más de $379 millones pagados por Transcaribe también como comisión de éxito a la misma firma barranquillera, para ayudar a un crédito para Transcaribe Operador. Al parecer, al momento de realizar una visita de inspección a Transcaribe, esta no le había pagado aún al contratista el equivalente al 1% del crédito supuestamente diligenciado. En este caso, el alcalde dispondrá de 15 días para presentar el respectivo plan de acción (leer Hallazgo sobre comisión de éxito, apenas la primera perla de un rosario de irregularidadesyDenuncian otro regalo a una firma barranquillera: la vuelven a contratar para que diligencia ante la banca un préstamo que está completamente garantizado‘).

Y en el caso de Henequén, lo que se sabe es que no aparece en el informe final de la auditoría realizada. Se supone, habrían de decir dos fuentes distintas de la CGR, que ello se debe a que en días pasados tanto la Contraloría Distrital de Cartagena como la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -Cardique, sancionaron en segunda y definitiva instancia al Distrito por el incumplimiento de anteriores fallos pasados relacionados con la clausura y postclausura del relleno sanitario del sector, y en consecuencia se trata de un caso resuelto a favor de la comunidad y en contra de los funcionarios del momento (leer El basurero de Henequén, una bomba de tiempo y un ejemplo de corrupción).

La historia

Como ha informado ampliamente este portal, atendiendo el clamor de distintos actores de la sociedad civil, entre ellos algunos veedores ciudadanos, unos líderes políticos y varios dirigentes agremiaciones (incluso uno de ellos: William Murra Babún, ha interpuesto varias quejas y denuncias por diferentes hechos), la senadora Daira Galvis, del partido Cambio Radical, denunció durante un debate de control político presuntas irregularidades durante el gobierno de Dionisio Vélez, y pidió a la Contraloría General realizar un Control Excepcional a los procesos contractuales que se cuestionaban.

Dicho Control Excepcional, finalmente, fue ordenado por el contralor Edgardo Maya Villazón mediante el Auto No. 0RD-80112-0409-2016 del 15 de septiembre de 2016, luego de analizar, según se indica en el auto, “un detallado informe presentado ante el ente de control por la Comisión Quinta del Senado, que detalla una serie de hechos que dejan entrever que el Distrito de Cartagena pudo haber sufrido numerosos perjuicios económicos por la no ejecución de algunas obras de infraestructura y la mala calidad de las mismas, entre otros hechos” (leer La Contraloría General realizará un control excepcional al gobierno de Dionisio Vélez).

Como se informó también, el control excepcional fue asumido por la Gerencia Departamental Colegiada de Bolívar luego de que la Contraloría Distrital diera traslado de sus actuaciones sobre los casos en cuestión por orden del contralor.

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