Denuncian que obras de La Serrezuela también afectan bienes patrimoniales de Cartagena

Si en el barrio Torices, sobre el proyecto habitacional Aquarela, llueve en materia de afectación visual al emblemático Castillo de San Felipe de Barajas, en el barrio San Diego, por los lados del centro comercial La Serrezuela, no escampa por el fuerte impacto que las obras vienen causando al invaluable lienzo de murallas.

Así, con otras palabras, advirtió el presidente de la veeduría ciudadana Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla, los graves hechos que, según él, se vienen dando en torno de la edificación que se levanta en el mismo lugar donde estuvo el famoso circo teatro de La Serrezuela, un redondel construido en madera a principios del siglo XX por la familia Vélez Aride, en el cual se realizaron centenares de corridas de toros al igual que numerosos conciertos y diversas presentaciones artísticas y culturales.

Para el líder cívico, uno de los graves hechos que ha ocurrido a la vista de todos es que los zócalos, capiteles, gradas, balcones y arcadas de la afamada plaza de toros, por cuya incomparable belleza fue declarada Monumento Nacional en 1995, fueron literalmente destruídos, ya que una licencia en entredicho, que habla únicamente de restauración del bien material que debió conservarse por su histórico significado, fue utilizada para demoler absolutamente todo y construir una obra nueva.

“Una resolución del Ministerio de Cultura dio vía libre a las obras correspondientes a la construcción del proyecto”, señaló Tovar Carrasquilla, “pero conservando el bien patrimonial, ya que se trató desde el principio de una restauración. Y al darse cuenta la comunidad de la gravedad de lo que venía ocurriendo, en el 2013 se elevó una acción popular, y en segunda y definitiva instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó a la Alcaldía, al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -IPCC – y al mismo Ministerio que elaborara un Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP – específico para el proyecto” (leer ‘Parte Resolutiva del Fallo del Tribunal’).

Sin embargo, “han pasado cuatro años y ese fallo judicial no solo se ha incumplido sino que siguen sucediendo hechos que ponen en riesgo el lienzo de murallas”, agregó; “y hace cuatro años el IPCC les dio a los constructores un término perentorio de cuatro años para que garantizaran la conservación del bien patrimonial, y hoy hay que reconocer, con dolor, que ese bien ya no existe” (ver ‘Algunas de las pruebas presentadas‘).

De acuerdo con Tovar, esos graves hechos han sido puestos en conocimiento tanto de la Alcaldía como de los órganos de control “y confío en que lo que viene dándose con el proyecto Aquarela sirva de escarmiento para que en otros casos las advertencias que se hagan no duerman el sueño de los justos”.

“Aunque, en principio, se realizaban reuniones periódicas para hacer seguimiento a las obras”, continuó diciendo, “tras lo ordenado por el Tribunal, sorprende que desde el 2016 la Alcaldía pareció desatenderse de su obligación como ente de vigilancia y control; y fíjese de este otro grave hecho: en el 2017 el IPCC detectó que los constructores utilizaban cuatro predios que no están contemplados en la licencia de restauración, por lo cual les impusieron una sanción, pero inopinadamente no sellaron la obra, como correspondía, y estas continuaron violando todo tipo de norma”.

En concepto de Tovar, “parece que no conocen las autoridades que, al tiempo que se levanta la edificación, se construye un sótano de más de cuatro metros de profundidad, que viene afectando las murallas, y mientras tanto el curador urbano número dos viene prorrogando las licencias de manera ilegal, como ya se ha puesto en conocimiento de la Procuraduría”.

“Si nosotros estábamos preocupados hace cuatro meses por el descontrol de las construcciones en Cartagena, por la violación de las normas urbanísticas y de sismorresistencia, por la violación del Plan de Ordenamiento Territorial y por la violación de ls normas sobre las viviendas de interés social, hoy tenemos que decir que estamos profundamente preocupados por las violación de las normas patrimoniales y porque se está poniendo en grave riesgo la conservación de nuestras murallas”, advirtió.

“El alcalde tiene la palabra”: Transparencia Caribe

Para el presidente de ‘Transparencia Caribe’, Reynaldo Tovar, tanto la ministra de Cultura, Mariana Garcés, como el alcalde de Cartagena, Sergio Londoño, tienen argumentos suficientes para suspender, aunque en principio de manera cautelar, varias de las obras que se construyen violando claras normas, como -según dijo – el proyecto Aquarela y el centro comercial La Serrezuela.

“Lo que ocurre es que para ello deberá tomar paralelamente acciones drásticas”, señaló, mostrando a este reportero varios documentos extraídos poco antes de un maletín. “Fíjese aquí: esto es prueba de que, como consecuencia de una visita técnica del IPCC realizada hace apenas unos días: el pasado 14 de septiembre, se determinó que una obra en la calle Quero, en San Diego, se venía adelantando sin licencia de construcción y violando varias de las directrices establecidas por el Comité Técnico Asesor de Patrimonio, pero, contrario a lo que se dice ha ocurrido en otros lugares, donde se han suspendido obras sin licencia, en esta ello no sucedió”.

“¿Y sabe porqué sucedió?”, se preguntó a sí mismo, respondiéndose: “pues porque el responsable de la obra es nadie menos que el esposo de la gerente del Centro Histórico, y esto es algo que podríamos seguir observando en otros casos”.

Pero, para Tovar, el caso más aberrante es el del curador urbano número uno, Ronald Llamas Bustos, “quien a pesar de que la Secretaría de Planeación del Distrito del 10 de diciembre de 2013 es clara en determinar que los proyectos multifamiliares de Viviendas de Interés Social deberán ceder a título gratuito al Distrito el 40% del área bruta del terreno (ver ‘Facsímil de Circular de Aclaración de la Secretaría de Planeación’), el flamante doctor Llamas, en respuesta a un derecho de petición, nos dice que, para su acomodada interpretación, “a los proyectos de construcción (unifamiliar, bifamiliar y multifamiliar) no se les exige áreas de cesión al Distrito” (leer ‘Carta Respuesta del Curador Llamas‘).

Contexto:

 

1 Comment

  1. emilena jaimes gallardo dice:

    Ya es hora..!! Todos Juntos por una Cartagena Mejor para todos

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