Por ser ilegal, piden a alcalde encargado no prorrogar concesión al consorcio Circulemos

Durante el término de un año, quien estuviese al frente de la Alcaldía de Cartagena (ya sea el actual alcalde interino, Sergio Londoño Zurek; o el mandatario titular, Manolo Duque Vásquez, en caso de que este retorne al cargo; o un burgomaestre designado, si por fin el movimiento ‘Primero la Gente’ logra conformar una terna viable; o un nuevo mandatario en propiedad, de haber una nueva elección) podría contar con facultades amplias y suficientes para prorrogar por varios años más el contrato de concesión suscrito en el 2007 con el consorcio Circulemos para la prestación de una serie de servicios de competencia de la autoridad local de tránsito y transporte.

Ello, si el Concejo de Cartagena aprueba un Proyecto de Acuerdo presentado por Londoño Zurek, proyectado por la asesora externa Lena Barrios Ibáñez, revisado por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Milton Pereira Blanco, y con el visto bueno del director del DATT, Edilberto Mendoza Góez, mediante el cual se pide facultar al Ejecutivo por el término de un año “para celebrar un nuevo contrato de concesión para el suministro de infraestructura tecnológica, administración, actualización y mantenimiento del sistema de información de tránsito y transporte, soporte técnico, reingeniería de procesos y operación de algunos servicios a cargo del DATT (Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte), o ampliar el plazo de la concesión actualmente vigente con el mismo objeto“.

Una vez conocido el alcance de esta iniciativa, en varios sectores ciudadanos se prendieron las alarmas no solo porque, tal como sucedió con la polémica prórroga del contrato con Acuacar, la Alcaldía pretenda utilizar la fórmula de la adjudicación directa de un multimillonario contrato sin un previo proceso licitatorio, sino además porque, en este caso, la delegación de la mayor parte de los servicios contratados podría ser abiertamente ilegal.

Al menos, así lo considera la Veeduría Colombia Docente, para cuyos miembros la Ley 1843 de 2017 tiene plena vigencia, y esta establece en su Artículo 4 que “solo las autoridades de tránsito a que hace referencia el Código Nacional de Tránsito son las competentes para expedir y recaudar órdenes de comparendos por infracciones de tránsito ocurridas en su jurisdicción”, y que “no podrá entregarse dicha facultad ni por delegación ni mediante convenio a ninguna entidad de naturaleza privada”.

En concepto de dicho colectivo ciudadano, integrado en su mayoría por profesionales del Derecho, desde la promulgación de la Ley 1386  de 2010, “por la cual se prohíbe que las entidades territoriales deleguen, a cualquier título, la administración de los diferentes tributos a particulares y se dictan otras disposiciones” (leer norma), la Alcaldía de Cartagena debió proceder a revisar  el cuestionado contrato de concesión y proceder a liquidarlo, por lo cual la sola mención de una prórroga raya en lo absurdo e legal.

Para los veedores, si ya de por sí la omisión de sucesivas Administraciones distritales debe ser investigada por las correspondientes entidades de control, sobre todo por la Contraloría, ya que podría haberse configurado un cuantioso detrimento patrimonial, ahora, ante una eventual prórroga en franca contradicción con la Ley, la Procuraduría debería intervenir de manera inmediata.

Por lo anterior, a manera de control social de advertencia, el representante legal de la veeduría Colombia decente, Pedro Gómez Meza, y el asesor del colectivo, Alcides Arrieta Meza, le enviaron una carta al alcalde encargado Sergio Londoño haciéndole caer en cuenta que seguir entregando en concesión “algunos o todos los servicios de tránsito, podría hacerlo incurrir en la violación de leyes penales, disciplinarias y fiscales”, teniendo en cuenta que ello está expresamente prohibido.

En su escrito, Gómez Meza y Arrieta Meza le advierten al mandatario interino que “las funciones administrativas, procesos, recaudos de impuestos” entregadas a unos particulares “bajo el artificio de la concesión”, “ni siquiera pueden ser delegadas por mandato del Artículo 11 de la Ley 489 de 1998”; y que, además, esta delegación ha implicado “disminución, disposición del patrimonio estatal” (SIC).

Advierten también los dos veedores que “la disposición, recaudo de tributos, por particulares, fue prohibido por la Ley 1386 de 2010 en su artículo 1”.

Según expresa perentoriamente la Ley 1386 de 2010, las entidades territoriales que a la fecha de su expedición tuvieran vigentes contratos de concesión de estos servicios debieron proceder a revisarlos y anularlos, y en ningún caso pueden renovarlos.

Esta Ley, según aclaró Alcides Meza en diálogo con este portal, “fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-370 de fecha mayo 11 de 2011, por lo cual su violación se configuraría en un abierto prevaricato”.

En su oficio, del cual se envió copia al Concejo distrital, a la Procuraduría General de la Nación y a varios medios de comunicación, la veeduría ciudadana le pidió a Londoño no solo “abstenerse de prorrogar, adicionar o solicitar facultades para entregar en concesión las facultades (…) de transporte y tránsito”, sino además “dar traslado a la Fiscalía y a la Procuraduría (…) para que se inicien las investigaciones correspondientes”.

Que las ías investiguen

De acuerdo con lo que se ha podido establecer, los miembros de la veeduría Colombia Decente no solo intentarán que tanto el alcalde como los concejales estudien detenidamente lo expuesto, con el fin de evitar la comisión de un eventual prevaricato, sino que -además – solicitarán a la  Contraloría General de la Nación que decrete la realización de un control excepcional a la ejecución del polemico contrato con la firma Circulemos.

De acuerdo con Alcides Arrieta, la concesión suscrita “fue un claro fraude a la Ley que ha permitido la indebida apropiación de recursos públicos por parte de particulares”.

Revista Metro supo, igualmente, que otros colectivos ciudadanos coadyuvarán las acciones que interponga la veeduría Colombia Decente, y entregarán como pruebas un Informe de Auditoría, de 80 páginas, suscrito en diciembre de 2010.

De acuerdo con una fuente que pidió reserva de su nombre por tener vínculos contractuales con el DATT, “si se revisa exhaustivamente el caso la Administración podría encontrarse con que el contrato de concesión suscrito con Circulemos no existe en la jurídica del Distrito”. “Es necesario que antes de aprobar la prórroga del contrato de concesión el Concejo debata públicamente, con cifras sustentables, cómo se ha beneficiado la ciudad y cómo los concesionarios. Se trata de una información que la ciudadanía debería conocer, pero siempre se ha ocultado”, expresó.

Contexto:

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