Un negocio desigual

Por Anthony Sampayo Molina *

Desde la expedición de la Ley 906 de 2004 el procedimiento penal colombiano sufrió un cambio radical, una evolución que muy pocos han asimilado y en consecuencia es muy poco comprendida. La falta de educación al respecto o la falta de costumbre generan que sean comunes los errores en que incurren, generalmente de buena fe, los medios de comunicación al trasmitir noticias, así como también yerra la sociedad al considerar responsable de sus quejas a la parte que no la merece.

El proceso penal en nuestro país era un sistema escritural en el que, en una etapa previa llamada instrucción, se daba gran parte de la controversia ante y al interior de la Fiscalía, la cual detentaba poderes exorbitantes y en el que haciendo las veces de juez y parte tomaba las decisiones más trascendentales del proceso a excepción del juicio de responsabilidad. Ello dio paso a un sistema que descansa sobre un principio fundamental que es el de ‘igualdad de armas’ y es, en palabras sencillas, el intento que hace la ley por colocar en un mismo nivel a la Fiscalía y la defensa en todas sus facultades y derechos, para que sea un tercero imparcial: un juez, el que únicamente con fundamento en la controversia que le presentan las partes mencionadas, con fundamento en las pruebas que cada uno logró recaudar, decida sobre las solicitudes que ante él se hagan. En eso toca hacer énfasis porque los jueces en este sistema no solo deciden sobre la inocencia o la responsabilidad de alguien en un delito, sino sobre la mayoría de peticiones que se hacen el curso de la actuación y en donde sería lógico que también primara el principio de igualdad; sin embargo ello no es así. Pero no es este aspecto el que se abordará en este escrito, sino el relacionado con las negociaciones entre Fiscalía y defensa, figura que hace igualmente parte fundamental de este nuevo sistema con tendencia acusatoria.

Una negociación para que sea justa requiere una igualdad entre las partes, si en un proceso de negociación uno de los protagonistas tiene una posición privilegiada con respecto al otro se desnaturaliza para convertirse casi que en una imposición del fuerte hacia la parte débil; y es en eso en que se ha convertido el sistema penal colombiano.

Son constante los mensajes que se envían desde la sala penal de la H. Corte Suprema de Justicia, algunos expresos otros tácitos, en el sentido de solucionar la mayoría de procesos por la vía del preacuerdo o negociación y así lograr uno de los propósitos del sistema: la descongestión, sin embargo, aunque ello sería lo ideal es la misma ley y en muchos casos las propias decisiones de la Corte las que truncan ese camino. Veamos porque:

Nuestro sistema penal inicia formalmente el procedimiento otorgándole a la Fiscalía un poder casi que absoluto de discrecionalidad al momento de realizar la imputación. Es ella y nadie más que ella la que determina que delito va a imputar y aunque ello analizado superficialmente podría resultar lógico, lo que causa en realidad es la primera desigualdad entre las partes, ya que al existir un desacuerdo entre esta y la defensa sobre la adecuación típica de la conducta, es la fiscalía quien tiene la última palabra sin que el juez de garantía tenga ninguna posibilidad de interferir y ello porque la imputación es “un mero acto de comunicación”. Entonces, si como lo permite la ley, desde esta primera actuación la defensa desea realizar un preacuerdo o allanarse a los cargos, tendría que hacerlo necesariamente sobre las bases que dicta la Fiscalía así esta esté equivocada en sus consideraciones.

Una vez llegamos a la audiencia de acusación, incluso algunas veces con un fiscal distinto, emerge un problema similar al anterior, y es que a pesar de realizarse aquella también ante un juez diferente, denominado como ‘juez de conocimiento’, frente a quien se adelantará la etapa de juicio, este igualmente se encuentra maniatado, así incluso lo reiteró recientemente la Sala Penal de la H. Corte Suprema al establecer que “las decisiones y/o equivocaciones de la Fiscalía al momento de estructurar la acusación no pueden ser enmendada por los jueces”, siendo este un punto crítico en lo que negociación o allanamiento se refiere. La acusación es el punto de quiebre, última oportunidad que tiene la Fiscalía para variar o modificar el escrito que con anterioridad ha debido presentar y que en la mayoría de los casos es la misma imputación, después de ello las reglas de juego en materia de preacuerdos cambian y podemos ver fácilmente cómo hasta, aquí de haber existido un error, consciente o inconsciente, por parte de la Fiscalía en perjuicio de imputado o acusado, dicho error ha subsistido sin que nadie pudiera hacer nada por conminar al representante de la Fiscalía de adaptar su actuación a los parámetros justos.

Pasamos a la audiencia preparatoria y a pesar de que en el curso de esta muy probablemente quede aún más en evidencia las falencias de la Fiscalía al momento de hacer sus solicitudes probatorias, ante dicho vacío, ahora más claro, nada puede hacer tampoco el juez, en consecuencia ya en esta etapa la defensa ha debido definir su estrategia y adaptar a ella las pruebas que hará valer en juico y que expondrá ante el juez y el fiscal, todo ello obviamente basado en lo planteado por la Fiscalía sea suposición errada o no.

Entonces llegamos a una etapa de juzgamiento con una defensa casi que de rodillas ante la Fiscalía, rogándole para que esta reconsidere la adecuación típica que ha hecho de la conducta y la adapte a lo que resulta justo conforme a los elementos materiales probatorios que ella misma y la defensa exhibe, ¿y todo ello para qué? Pues para que sobre la base real del delito, entrar a la negociación o simplemente allanarse a los cargos; pero ya resulta tarde, ya esas etapas precluyeron, entonces tenemos a una defensa consciente de la responsabilidad de su apadrinado en los hechos y con un cliente ávido de colaborar con la justicia y aceptar su responsabilidad, pero que a lo máximo que puede aspirar es que el juez que va a tomar la decisión, lo encuentre culpable reconociendo que la súplica de una correcta adecuación típica de la conducta, que el abogado defensor viene haciendo desde el principio era correcta, pero con un agravante: que el hallado culpable se le impondrá la pena total sin rebajas, ya que se le cercenó la posibilidad a dicha persona, al haber perdido la oportunidad de acogerse a los beneficios que el legislador fijó en la ley para aquellas personas que se allanan a los cargos o realizan un acuerdo.

Y es que para empeorar el escenario, contrario a lo que sucede en otros países, donde si la Fiscalía no logra probar de manera exacta su teoría del caso la persona necesariamente debe ser declarada inocente, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ahora ha establecido que aunque la Fiscalía pierda el caso frente a la defensa, puede el juez condenar al procesado por cualquier otro delito que de manera aleatoria quede demostrado en el curso del proceso bajo ciertos parámetros, entre los que se cuenta, además de otros, que no sea más grave del que fue inicialmente acusado. Eso puede pasar si incluso la propia Fiscalía pidiera la absolución del acusado. Esto crea un desbalance total e indiscutible entre las partes, no solo por la falta absoluta de control por parte de los jueces a las actuaciones de la Fiscalía señaladas, sino porque obliga a la defensa a preparar un caso no solo para rebatir a su contrincante natural (Fiscalía), sino para cubrir todo lo que eventualmente pueda surgir de la actuación y originar en el juez de conocimiento un convencimiento de responsabilidad, así sea por un delito del no se defendió ni por el que se le otorgaron las garantías de un debido proceso, ya que tenemos a un procesado sorprendido a última hora con una condena por un delito por el que no tuvo oportunidad de defenderse.

Desafortunadamente estamos en un país donde los anhelos de justicia que vienen de parte de los abogados defensores casi siempre son interpretados como un llamamiento a la impunidad, es por ello que siempre seremos los malos hasta el momento en que una persona inocente o alguien íntegro que simplemente cometió un error en su vida, se ve envuelta en un proceso penal y se da cuenta de primera mano de las injusticias de un sistema, tomando ahora sí conciencia que una verdadera paz tiene como elemento esencial un sistema judicial con una reglas de juego claras y equitativas que no se estén siendo modificadas casi que mensualmente como desafortunadamente pasa hoy en día.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

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