Por Fernando Guerra Rincón *
El incidente del Alto Mataje y Frontera en Tumaco, que dejó un saldo de siete campesinos muertos y 54 heridos provocado por su oposición a la erradicación forzosa de matas de coca, pone de presente de manera dramática los difíciles momentos que vive el proceso de paz en su fase de implementación, que nos está llevando a un saldo lánguido del proceso de paz: una comandancia desmovilizada con partido político formal y una guerrillerada que se siente traicionada y que por lo tanto regresa al monte a fortalecer las disidencias y a continuar la guerra. Y en el medio, una masa de campesinos, el eslabón más débil de la cadena del negocio del narcotráfico, que se siente despojada de su única fuente de subsistencia. Las disidencias se están fortaleciendo y en varias zonas del país los guerrilleros están abandonado los campamentos y las zonas de concentración. 500 disidentes de las FARC que hacen presencia en 14 departamentos y 48 municipios son el embrión de la continuidad de la guerra.[1]
Se está repitiendo, para desgracia, lo acontecido en varios procesos de paz colombianos: el incumplimiento del gobierno a los compromisos adquiridos. En este caso, en aspectos claves del acuerdo como es el punto uno. Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral que es transversal a todo el acuerdo y del que hace parte integral el punto cuarto del mismo: Solución al problema de las drogas ilícitas. El problema de la tierra, su posesión y sus usos han sido la causa de todos los conflictos y violencias que ha tenido Colombia a lo largo de su historia.
Este hecho violento, que desdichadamente no será el último, de continuar el Gobierno Nacional tensando la cuerda entre su interés en sacar adelante el proceso de paz y cumplirle a Washington en punto a la erradicación forzosa de las matas de coca, opaca los avances que ha logrado el proceso de paz en medio de enormes dificultades.
El país está desperdiciado la oportunidad histórica de construir una sociedad en paz y este resultado le serviría en bandeja el proceso a lo más retardatario de la sociedad colombiana que clama desde distintos ángulos la continuación de la guerra. Hacer trizas los acuerdos. El gobierno pone su parte. La displicencia en el manejo del posconflicto es notoria, con retraso en todas las tareas y sin un líder asertivo que impulse el trabajo con decisión y entusiasmo.[2] Dos elementos principales saltan a la vista que explican las dificultades del proceso de paz en su fase de implementación: el problema de las drogas ilícitas y la política económica del gobierno nacional.
El problema de las drogas ilícitas
Tal y como está planteado por parte del gobierno nacional el abordaje del problema de los cultivos ilícitos no conducirá a su supresión o a su reducción a escala tolerable para los organismos multilaterales que se ocupan del asunto, donde prevalece un criterio claramente prohibicionista, al que obedece el gobierno con obsecuencia, a pesar de los discursos, que le dejan el problema a los países productores, y que, en consecuencia, solo trasladan el conflicto de un lugar a otro del territorio, con su estela de violencia y de muertos, donde las condiciones de pobreza, olvido y ausencia de Estado propician las condiciones para que el cultivo de coca provea de ingresos a una masa campesina empobrecida y desesperanzada. La esperanza defraudada conduce a la frustración que incuba nueva violencia.
El negocio de la coca lejos de constituir un menor desafío para el Estado al que solo le falta persistir en que las subculturas criminales aprendan a comportarse, la ilegalidad del negocio de la coca impide, en buena parte del territorio la consolidación de la paz, de un Estado con monopolio de las armas y con instituciones acatadas porque en el territorio hay oportunidades para todos, en todas las órdenes del desarrollo. Históricamente el Estado colombiano ha sido incapaz de copar todo el territorio. Tampoco lo está haciendo ahora, donde llega con tardanza, de manera torpe, sin capacidad de garantizar la vida de líderes sociales y desmovilizados[3]. En varias regiones del país, en general ubicadas en las zonas donde se desarrolla el conflicto hay un control de facto de disidencias de las FARC, ELN, de Bacrim, de paramilitares, dedicados al narcotráfico y a la minería ilegal.
La consolidación o la construcción de una paz territorial como resultado del proceso de paz está siendo difuminada gracias a que las mutaciones del negocio han llevado a las organizaciones ilegales a constituir estructuras organizativas más agiles, más pequeñas, con redes internacionales, más tecnológicas y con mayor productividad, más rurales, que las hace más difíciles de combatir, que saben aprovechar las oportunidades que brinda un mercado sediento de coca y al que la economía ilegal provee, a pesar de las incautaciones. Muchos de los nuevos cacos son lancheros apropiados de tecnología de navegación adecuadas al negocio y al riesgo. A alias Gavilán, el segundo al mando del Clan del Golfo hay mil dispuestos a reemplazarlo. Como ocurrió con los grandes capos. Los éxitos del gobierno son pírricos. Las mutaciones no acaban el negocio. Sus agentes se adaptan.
A raíz de la ofensiva del gobierno de los Estados Unidos contra el proceso de paz con las FARC en punto a los cultivos ilícitos, el gobierno nacional ha optado por privilegiar la erradicación forzada de los cultivos ilícitos para mostrar resultados a Washington pero en clara violación a los acuerdos de paz que priorizan la erradicación voluntaria producto de acuerdo con las comunidades. En Tumaco, según la oficina de drogas de la ONU hay acuerdos con 1.908 familias, y acuerdos colectivos con siete comunidades y la erradicación voluntaria alcanza 357,8 hectáreas, el 1.5% de las 23.148 hectáreas de hoja de coca detectadas en 2016. El resultado en erradicación forzosa es diametralmente opuesto: 9.500 hectáreas destruidas. El gobierno no entiende que la solución del problema no es solo sustitución.
El gobierno persiste tercamente en una política equivocada e ineficiente, como concluye el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes: “La erradicación forzosa es ineficiente y costosa hasta en vidas humanas. Debe apostarse por una combinación de sustitución, interdicción y destrucción de laboratorios”[4].La sangre de los campesinos sacrificados en Tumaco se vela en el falso altar de la erradicación forzosa.
El Gobierno Nacional no avanza en el tema de la discusión de un enfoque alternativo al problema de las drogas ilícitas. Por enésima vez el presidente Juan Manuel Santos señaló en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas que la guerra contra las drogas es una causa perdida. Pero acata a Washington en busca de una relación especial que de nada le servirá. Santos es un predicador de nuevo enfoque en los foros internacionales y un conservador duro cuando habla en Colombia.[5]
Es el momento de que Colombia reafirme sus intereses nacionales de modo autónomo[6] en atención a que la prioridad de Washington es la guerra contra las drogas y la del país consolidar la paz, y en esa orden despliegue una diplomacia regional e internacional en busca de consenso para abordar esta amenaza creciente a la paz en Colombia. El apartado 4.3.5 del acuerdo de paz contempla la realización, con todos los actores regionales e internacionales que tienen que ver con esta problemática de una conferencia internacional a fin de “hacer una evaluación objetiva de la política de lucha contra las drogas y avanzar en la construcción de consensos en torno a los ajustes que sea necesario emprender, teniendo en cuenta la discusión y los nuevos desarrollos internacionales en la materia, así como la perspectiva de los países consumidores y productores, en especial las experiencias y las lecciones aprendidas en Colombia e identificando buenas prácticas basadas en la evidencia. El Gobierno Nacional promoverá en ese espacio una discusión sobre los compromisos y responsabilidades y en general la responsabilidad compartida entre países productores y consumidores a la hora de enfrentar el problema”. Es urgente su realización.
La economía y la paz
A la fase de implementación de los acuerdos le tocó la destorcida de los precios del petróleo que ha dejado sin aire las finanzas públicas y ha inducido, junto a otros factores de política económica de responsabilidad del Gobierno Nacional, la caída del producto interno. Este factor asociado a la extrema ortodoxia en el manejo de la política económica induce a que el gasto público para el financiamiento del posconflicto esté atado a la regla fiscal que implica unas rigidecesque traducidas en el presupuesto nacional para el 2018 involucra drásticos recortes en áreas claves de la economía que tienen que ver con el proceso de paz y que no ayudan a la recuperación.
“Es necesario y urgente que el Gobierno Nacional recupere flexibilidad fiscal para poder responder a las exigencias del posconflicto, entre las que se destacan la necesidad de hacer crecer la economía, impulsar el campo y obtener cohesión social. La regla fiscal no se necesita para contraer el gasto cuando se requiere, pero sí se opone a una expansión cuando esta es indispensable. Enfrentados al dilema de sacrificar crecimiento y paz para preservar la regla fiscal no cabe duda acerca de que escoger”[7].
El Ministro de Hacienda hace oídos sordos a esta pragmática recomendación y por el contrario se tira por el despeñadero de complacer el chantaje de las calificadoras de riesgo y pretende aplicar una política que nada tiene que ver con un país que está tratando de salir de la guerra y que se ha comprometido a construir una sociedad más incluyente. El Gobierno Nacional quiere una paz barata sin molestar a los ricos, a los que no se les exige un esfuerzo adicional. En la lógica de Hacienda el posconflicto no implica transformaciones sustantivas. Es un mundo maravilloso en donde los contribuyentes no tienen que hacer ningún tipo de sacrificio. Parecería como si la etapa que comienza fuera poco relevante, como si los acuerdos de La Habana no implicaran cambios estructurales[8].
Estas mezquindades, falta de visión y exceso de ortodoxia tienen al proceso de paz en graves aprietos y al Gobierno Nacional incumpliendo lo pactado con las FARC, estimulando de paso la deserción en las zonas de concentración y en los campamentos guerrilleros porque estos no tienen agua potable, energía, ni saneamiento básico, lo que está causando la contaminación de los ríos[9]. El gobernador de Nariño señala que en el Congreso de la República aprobaron una adición presupuestal de $300 mil millones para atender la problemática solo de los cultivos ilícitos y se requiere un billón de pesos. Para el gobernador la criminalidad ha entendido la importancia estratégica de Tumaco. El gobierno y el Estado no[10]. De persistir por el camino de la erradicación forzosa el Gobierno estará cada vez más cerca de utilizar la aspersión área que incluso quedó incluida en los acuerdos. Si esto sucede, como es probable, vuelve la guerra. Esta posibilidad es más factible si del proceso eleccionario que se avecina sale ungido un presidente poco afecto al proceso de paz. Tumaco no ha sabido hasta hoy que es la paz y sus bondades.
[1]Disidencias de las FARCEstán divididas en 16 grupos, El Tiempo, 17 de octubre de 2017, Pág. 6
[2] Alejandro Reyes Posada, La displicencia en el manejo del posconflicto, El Espectador, 8 de octubre de 2017
[3] Rudolf Hommes, Paz y control territorial, El Tiempo,24 de septiembre de 2017, pág. 8
[4] Marisol Gómez Giraldo, Coca y paz, tensión irresuelta, El Tiempo, 17 de septiembre de 2017, pag. 2
[5][5] Pascual Gaviria, Códigos policiales, El Espectador, 10 de octubre de 2017.
[6] Juan Manuel Toklatian, Una especial relación con Estados Unidos, El Tiempo, 17 de septiembre de 2017, Pág. 8
[7]RudolHommes, Dilemas, El Tiempo, 10 de septiembre de 2017, pág. 6
[8] Jorge Iván Gonzalez, La paz barata, la Republica, 21 de julio de 2017.
[9] Entrevista a Carlos A. Negrete, defensor del Pueblo. Colombia no merece un homicidio ni un amenazado más, El País, Cali, 21 de octubre d e2017, pág. A2.
[10] Entrevista al gobernador de Nariño Camilo Romero, Lo de Tumaco no tiene nombre en un país que se dice en paz, ¡Pacifista! 6 de octubre de 2017.
* Economista, magíster en Estudios Políticos y Económicos de la Universidad del Norte, profesor universitario y autor de varios libros, entre ellos: La geopolítica del petróleo y el cambio climático, Universidad de Antioquia, 2010.
