Por Rafael Vergara Navarro *
Despejado el camino de la Justicia Especial para la Paz -JEP, con el fallo de la Corte Constitucional obligando cumplir los Acuerdos de La Habana a los tres próximos gobiernos, con el fiscal conforme y con Colombia clasificado al Mundial, me llegó, como a millones de colombianos, algo de sosiego.
Lo accidentado del proceso de paz deja claro que más allá de las diferencias, somos más los que buscamos cambios que potencien el interés general sobre el particular o el electoral, que el diálogo derrote la imposición, el voto a las balas y que paren de robarse lo público y la esperanza.
De allí la trascendente unánime decisión de la Corte Constitucional del 11 de octubre con la que avaló el acto legislativo 02 del 2017, blindando el Acuerdo de Paz de sectores políticos que torpedean y mienten atacándolo de inconstitucional.
El mensaje es contundente: “la obligatoriedad de cumplir el Acuerdo implica que las instituciones del Estado hagan sus mejores esfuerzos para desarrollar lo pactado (…) imponiendo de buena fe los contenidos y finalidades del Acuerdo final”.
En medio de las turbulencias electorales padecidas, el mismo día Fiscal, Gobierno y las Farc precisaron y acordaron los linderos de la Justicia Ordinaria y la JEP. Ya hay coexistencia pacífica.
Al aprobarse la Ley Estatutaria, esa Justicia escogió a los 18 magistrados que integrarán las salas, los 20 del Tribunal Especial y al Fiscal. Llegarán 100.000 casos con 15.000 personas involucradas. Según Semana serían juzgados 11.000 guerrilleros, 3.000 militares y 1000 funcionarios y particulares. Examinados los casos, la mayoría de combatientes serán amnistiados y cientos de los jefes juzgados junto con los del secretariado. De los 3.000 militares, 2000 quedarían en libertad y 300 civiles llegarían al Tribunal.
Permítanme recordar que la JEP es para sellar una guerra y, sin ser vengativa, busca “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad, reparar a las víctimas, que no haya impunidad, dar seguridad jurídica a los participantes directos o indirectos en el conflicto y contribuir a que logremos una paz estable y duradera».
Pero preocupa el ritmo de la implementación legislativa: la reforma política fue frenada en primer debate, las curules para la paz van en el segundo y el estímulo a la reforestación, catastro rural y ley de garantías solo están radicadas. La ley de tierras y el tratamiento a los cultivadores de coca están sin radicar y los conflictos esperando solución. En verdad es justo aspirar a que la sensatez frene el fanatismo y su aspiración de torpedear o destrozar el acuerdo o que, desarmada la insurgencia, se traicione lo pactado.
Casos como la matanza de Tumaco, con sus 28.000 hectáreas de coca, deberían llevarnos a analizar el tema de la construcción de la paz más allá de si Iván Márquez va o no a llegar al Congreso.
* Abogado, ambientalista y gestor de Paz.
