Por Rafael Vergara Navarro *
La bahía de Cartagena, por la que la Procuraduría General clama y exige acciones, soporta una actividad económica intensa y una irresponsabilidad histórica notoria. Además de la Armada funcionan 57 muelles de carga, pesca, cabotaje, almacenaje, infraestructura, petroquímica, astilleros, etc. Unos usuarios se comportan con rigor, otros actúan con displicencia o ignorancia. No valoran que su conducta agresora contamina, impactando con fuerza ese hoy estuario de 12 x 6 km de longitud y un área de 80 km².
A pesar de la actividad creciente y el consiguiente impacto ambiental -por sus muelles se moviliza el 55% de la carga del país, 1´417.778 toneladas en 2016- se desatienden las alarmas que lanzan entes de control y universidades. En agosto de 2014, la Contraloría emitió una Función de Advertencia por contaminación y daños ambientales que el tiempo ahogó.
Como hace hoy la Procuraduría, en aquel momento el ente de control solicitó a las autoridades la adopción de medidas ante «los impactos y daños ambientales por la confluencia de distintas actividades antrópicas, fuentes de contaminación compleja y acumulativa que genera degradación de los recursos naturales, paisajísticos y culturales».
Tanto la Contraloría como ahora el procurador ambiental nos alertan sobre lo que sabemos, “que algunos vertimientos provienen de empresas industriales, especialmente de Mamonal y de infraestructuras turísticas, de descargas de aguas residuales directas (Tierrabomba), deforestación del mangle, transporte marítimo, y en especial por los sedimentos del Canal de Dique».
Las dos entidades piden que autoridades y ciudadanos tengamos una visión global sobre la afectación de los bienes y servicios ambientales de nuestra Bahía y que las entidades que conforman el Sistema Nacional Ambiental y entes territoriales actúen coordinadamente en las soluciones.
Esto hace el procurador al instar al ministerio de Ambiente –en mora de definir la capacidad de carga de la Bahía- para que lidere a las autoridades ambientales y territoriales en las acciones urgentes e inversiones encaminadas a la protección inmediata del cuerpo de agua, frente al continuo daño ecológico, los rellenos y a sus efectos irreversibles. Esta acción tiene que contribuir a romper inercias. Para bien de la ciudad la orden de la Procuraduría llegó en un momento en que es ineludible que Minambiente mire más al Caribe, y como se lo exige el ministerio público, diseñe y formule una política pública orientada a educar, reducir la contaminación, trabajar en la recuperación ambiental y evaluar el establecimiento de un distrito de manejo integrado de la Bahía y la región.
El macroproyecto del Canal del Dique en su fase final lo exige. Cuando se construyan las ya diseñadas esclusas de Calamar y Puerto Badel habrá una recuperación paulatina e integral del ecosistema marino, no llegarán sedimentos y disminuirá el aporte de agua dulce. Solo entonces, la calidad del cuerpo de agua y de la vida podrán ser óptimas.
* Abogado, ambientalista y gestor de Paz.
