Por Anthony Sampayo Molina *
Nada más eficaz para disfrazar de legitimidad un acto de injusticia que una decisión judicial, fórmula infalible para que en el futuro se aparte de la esencia o fondo de una discusión y sea la misma reducida simplemente a la parte resolutiva de una sentencia. Por esta vía garantizamos el olvido de los hechos, atentamos contra la memoria histórica y permitimos gracias al manto de una fría legalidad darle prioridad a la forma sobre el fondo. Muchos dirán que justamente esto último es lo que se traduce en una garantía de reconciliación, sin embargo, ello resulta imposible cuando el marco legal sobre el que un tribunal basará sus decisiones y dirimirá los conflictos, no gozan de la aceptación ni respaldo de la sociedad que pretenden regular.
Una norma puede ser legal pero ilegitima, la legalidad se refiere a aspectos que tocan o hacen relación con el respeto y observancia de las normas vigentes, a la aplicación del derecho positivo que en el caso de nuestro país se consiga en el texto de la Ley; pero la legitimidad abarca algo mas allá y es una relación de aceptación por parte de la colectividad de la precitada legalidad al encontrar en ella un respaldo de los principios y valores que la caracterizan. Por ejemplo, un gobierno puede llegar al poder de una forma legal y democrática pero en el camino volverse ilegitimo.
En nuestro caso puede que la creación de la Jurisdicción Especial de Paz -JEP – y sus futuras decisiones sean legales, ya que indiscutiblemente encontraran un respaldo en normas emanadas del órgano competente (el Congreso), sin embargo, estas resultan carentes totalmente de legitimidad ya que la fuente o el origen primario de esta, que resultan ser los acuerdos de La Habana, fueron rechazadas por la sociedad colombiana a través de un mecanismo idóneo y democrático como fue el plebiscito del 2 de octubre de 2016.
La Unidad Nacional y la izquierda, los primeros por enmermelados y los segundos por oportunismo y conveniencia, acudieron (y aún los que van quedando lo hacen) a una fórmula perversa para encontrar respaldo en este tema: auspiciar y propiciar el odio hacia la persona del expresidente Uribe, su partido político y todo aquel que muestre alguna simpatía con dichas posiciones. Un anestésico que aún causa sus efectos y que no permite a muchos ver que el rechazo a la forma en que se ha desarrollado este proceso por parte de la mayoría de colombianos, se hace basado en principios y valores que ellos también comparten.
En un país polarizado desde cuando el Gobierno Nacional traicionó las ideas y principios sobre los cuales fue elegido en el primer periodo, se ha encargado a través de este proceso de pasar por encima de la sociedad tal como inició haciéndolo desde el año 2010. Trascurrió el tiempo y como una forma de apaciguar las aguas se prometió un referendo para que el pueblo se pronunciara, luego fue cambiado por un plebiscito convencido de que la demagogia distraería al pueblo y lo llevaría como un zombie a respaldar una serie de acuerdos que desde el principio chocaron con el querer nacional, el pueblo dijo No y de ahí en adelante, como con una aplanadora, se pasó por encima del sentir nacional que gritaba su deseo de querer paz pero sin tal grado de impunidad.
Pues bien, la JEP no es más que otro escaño que la aplanadora antidemocrática logra escalar pasando por encima de la sociedad, un tribunal que viene viciado desde su origen y que ha merecido criticas incluso de personas cercanas al Gobierno, de las Altas Cortes, de la Fiscalía y de los órganos de control. No por la creación del Tribunal en sí sino por el fundamento normativo sobre el cual va a funcionar.
Sin embargo parece que ese afán de impunidad no tiene fin y ahora vemos como a través de la Ley que pretende regular a dicho órgano se amplían las prerrogativas y se hacen aún más laxos los parámetros de juzgamiento, lo cual ha llevado nuevamente al mismo fiscal a clamar por un poco más de severidad en dicho marco. Aunado a la anterior vemos como algunos de los magistrados elegidos parecen en sus declaraciones más extremistas y ansiosos de venganza que los propios guerrilleros que van a juzgar, ello obviamente en un país que claramente está en oposición resulta aterrador, sin embargo, continúan los populistas justificando y defendiendo dicha situación como siempre lo hacen, hablando mal de Uribe y de todo aquel que muestre simpatía por él o sus ideas. Dios nos libre si el caso fuera a lo contrario y uribistas acérrimos integraran dicho tribunal u otro cuyo propósito fuera juzgar a otros uribistas, las redes sociales hubieran explotado.
En todo este desastre ya la unidad nacional enmermelada se comienza a resquebrajar; varios poco a poco abandonan un barco que nadie se preocupa por rescatar hasta el punto de que responsables y copartícipes de tan triste panorama, como lo son los miembros de Cambio Radical, ahora se muestran indignados. Ya nadie es santista; nadie pertenece a ningún partido por lo que todos van por firmas y, ante todo este panorama, de forma curiosa, es el Centro Democrático el único que ha mantenido coherencia y no ha agachado la cabeza ante dicha coyuntura.
* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología
ANBU
de acuerdo totalmente