Por obstruir un trámite en el 2015, sancionan a primer funcionario nombrado por Londoño

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La Superintendencia de Industria y Comercio -SIC – le impuso una sanción pecuniaria por valor de veintidós millones ciento treinta y un mil quinientos diez pesos ($22’131.510) por “obstrucción de una investigación” al actual director de la Unidad Asesora de Contratación de la Alcaldía, Jorgly José Torres Ramos.
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Mediante Resolución No. 48620 fechada el 10 de agosto de 2017 (siete días después del nombramiento de Torres Ramos por parte del alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek) y firmada por el propio superintendente, Pablo Robledo del Castillo, se estableció que la obstrucción de Torres Ramos a la labor de la SIC “generó una grave afectación al cumplimiento de las funciones de la autoridad de competencia, por cuanto que los objetivos perseguidos mediante la visita administrativa de inspección no se pudieron lograr por los actos obstructivos imputables al infractor”.
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De acuerdo con el documento, “debe tenerse en cuenta que el comportamiento de Jorgly José Torres Ramos frustró el propósito de la visita administrativa adelantada por esta Superintendencia, mostrando una colaboración nula en toda la diligencia”.
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En la narración de los hechos que motivaron la drástica sanción por parte del ente oficial se advierte que el servidor público no solo se negó a entregar la información oficial contenida en un computador portátil, alegando que este era de su propiedad, sino que “no prestó colaboración” a la SIC “respecto a la solicitud de documentos requeridos dentro de la diligencia”. “De manera grosera y displicente, Jorgly José Torres Ramos le informó al Despacho que si iniciaba el recorrido en las oficinas lo hará sin acompañamiento ni autorización”.
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El artículo tercero de la Resolución 48620 del 10 de agosto de 2017 obliga al funcionario a publicar “dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo” en un diario de amplia circulación nacional un aviso que informe los términos de la sanción impuesta “por obstruir una actuación administrativa”.
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Contra la Resolución No. 48620 del 10 de agosto de 2017 (a la cual puede acceder, se desea leer completa, haciendo click aquí) “procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse ante el Superintendente de Industria y Comercio dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación”.
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Como se recordará, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar -Siabol, y la Comisión de Veeduría de la Asociación Colombiana de Ingenieros -Aciem – Capítulo de Bolívar, mediante sendas cartas y declaraciones públicas, le expresaron sus inquietudes al alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, porque al frente de la entidad que tiene como su principal misión coordinar los procesos contractuales más complejos y de mayor monto de la Alcaldía distrital haya nombrado a un abogado a quien, por hechos acaecidos durante la Administración de Dionisio Vélez Trujillo que fueron objeto de un sonoro escándalo en los medios nacionales y locales, fue acusado de haber obstruido unas indagaciones que adelantaba la Superintendencia de Industria y Comercio.
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El caso de la jefe de Control Interno
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Tal como lo informó Revista Metro en la nota ‘Dirigentes gremiales piden a Londoño que reconsidere el primero de sus nombramientos‘, el 5 de octubre de 2016 la SIC resolvió en contra de la jefe de Control Interno de la Alcaldía de Cartagena, Verónica Gutiérrez de Piñeres Morales, el recurso de reposición presentado por la funcionaria con el fin de evitar la sanción que le impuso la entidad “por no colaborar en un requerimiento hecho en el marco de una inspección realizada por la entidad a la Secretaría de Infraestructura del Distrito”.
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La sanción ratificada por la SIC fue impuesta mediante Resolución No. 7365 del 22 de febrero de 2016, suscrita por el superintendente Pablo Robledo del Castillo, y consistió en declarar que Verónica Gutiérrez de Piñeres Morales violó normas previstas “en el Decreto 2153 de 1992, modificado por el artículo 26 de la Ley 1340 de 2009, por ejecutar una obstrucción a una averiguación preliminar”.
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En consecuencia, la SIC en primera instancia impuso a la funcionaria una sanción pecuniaria por valor de veintiún millones trescientos setenta y tres mil setenta y cuatro pesos ($21′.373.074) (Si desea leer completa la Resolución No. 7365 del 22 de febrero de 2016 haga click aquí).
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Esta sanción, tras la interposición del respectivo recurso de reposición, fue ratificada por la entidad -como ya se dijo – mediante la Resolución 66636 del 5 de octubre de 2016, a la cual podrá accederse haciendo click aquí.
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