“No se pueden tomar decisiones escuchando solo una parte de las versiones”: Ricardo Morales

“El primer principio que para mí es absolutamente claro es que ningún ciudadano puede ser condenado en la antesala. Eso qué significa, que desde el artículo 29 de la Constitución Política existe un principio que establece que todo ciudadano sometido a una investigación debe ser considerado y presumido inocente y debe ser tratado como tal. De tal suerte que en estos momentos hay que saber que estas audiencias no están para establecer responsabilidades penales, ese no es el fin de estas audiencias; en consecuencia a mí me llama poderosamente la atención que algunos supuestos estudiosos afirmen que en esos momentos de audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento se estén estableciendo responsabilidades penales. Eso no se compagina con los principios del Sistema Penal Acusatorio.

Es más, veo cómo, de manera antitécnica, se viene aludiendo a pruebas, cuando tampoco existen pruebas; lo que existen son evidencias, porque las pruebas única y exclusivamente se dan, en el Sistema Acusatorio, cuando se encuentren en la etapa del Juicio oral., que es ya cuando se establece una evidencia sometida a la contradicción y la publicidad, etcétera. Y de lo que ahora se trata es de evidencias pero no de responsabilidad, sino para establecer una inferencia razonable de autoría, y no más. Así lo dice la norma.

Y lo que ahora se buscaría es que la medida de aseguramiento responda a aquellos fines constitucionales en lo que tiene que ver con la posibilidad de fuga, de de contaminación de las  pruebas, o si existe algún peligro para las víctimas. Esos son los tres factores que determinan la medida de aseguramiento.

Pueden haber 400 horas de grabación, pero ellas deben ser sometidas a la contradicción probatoria, y ello no es ahora.

Yo acabo de tener en Bogotá la experiencia del caso de Etesa, donde también se habló de más de 400 horas de grabación, y sin embrago fíjese que al ser sometidas a los controles constitucionales todas se declararon o ilegales o incompatibles con la realidad.

Lo primero que a uno le enseñan desde el inicio por la lógica del Derecho Penal es que este y el tema de la responsabilidad tiene dos oídos y dos ojos,  de tal manera que ningún juez, y nosotros tampoco podemos hacernos los jueces, podemos tomar decisiones escuchando solamente una parte de las versiones correspondientes.

Ahora vendrá el ataque propio de lo que es la contradicción de los abogados de la defensa y seguramente ellos podrán someter al tema de legalidad o al de la coherencia de cada una de las declaraciones, etcétera.

Llegará el momento de saber si las personas dicen realmente lo que la Fiscalía cree que dicen, y ese es el trabajo que deberá comenzar a hacer la defensa, luego de que la Fiscalía durante casi un año ha venido trabajando en ello.

Lo importante es que en Colombia todo ciudadano sienta que tiene derecho a un debido proceso, y a que sea escuchado y poder contradecir, y a no ser considerado anticipadamente responsable penalmente”.

 

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