Investigación por construcciones ilegales, ¿afectadas por disputas en Cambio Radical?

 
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Además de la investigación puntual que adelanta la Procuraduría General de la Nación-PGN – contra el alcalde titular de Cartagena, Manolo Duque Vásquez, la alcaldesa de la Localidad Número Tres, Patricia Zapata Negrete, el inspector de la Comuna 12, Alfonso Ramos de León, la exsecretaria de Planeación distrital, Luz Elena Paternina Mora, y el exdirector de Control Urbano, Olimpo Vergara Vergara, con el fin de establecer sus responsabilidades en los hechos que rodearon el desplome del edificio portales de Blas de Lezo II, otra entidad nacional: la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR, indaga por la participación de otros actores públicos y privados en la construcción ilegal de decenas de edificios más.
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En el caso de la investigación por la tragedia de Blas de Lezo, como se sabe, el Ministerio Público suspendió por el término de tres meses a Duque Vásquez, mientras este, Ramos de León, Paternina Mora y Vergara Vergara y tres servidores públicos más: Ricardo Castellar Pérez y Gilberto Marrugo Maldonado, técnicos de la Localidad Industrial y de la Bahía; y Jorge Luis Cudris Pájaro, profesional universitario de la misma Localidad, continúan vinculados al proceso disciplinario.
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En el caso de las indagaciones administrativas por el entramado que ha permitido la construcción de decenas de edificios violando flagrantemente claras normas urbanísticas, la SNR ha avanzado al punto de determinar que por lo menos “15 licencias falsas entregadas a las diferentes Notarías fueron mañosamente ‘montadas’ sobre sendas licencias reales, debidamente expedidas por las correspondientes Curadurías Urbanas”, como se informó en la nota ‘Crece número de edificios con licencias falsas; dueños de apartamentos, en problemas‘).
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En general, por lo que Revista Metro ha podido establecer, tras la lupa que le puso el superintendente (e) de Notariado y Registro Jairo Mesa Guerra a las construcciones ilegales en Cartagena se tienen testimonios, indicios y varias pruebas que comprometerían a servidores públicos adscritos no solo a la Administración distrital sino -además – a algunas Notarías y Curadurías Urbanas.

De hecho, este portal conoció que, ante la gravedad de los hechos descubiertos, Mesa Guerra programó una visita a Cartagena para entregar detalles de los hallazgos a los periodistas locales (leer ‘Superintendente de Notariado revelará graves hallazgos en construcciones en Cartagena‘).

La nueva superintendente de Notariado y Registro sería la exrepresentante Juana Bazán, del grupo del senador Bernabé Celis.

Todo ello -sin embargo – se metió a un congelador cuando se supo que, como parte de los arreglos burocráticos pactados con los líderes de la Unidad Nacional, el presidente Juan Manuel Santos había decidido dejar el manejo de la SNR a Cambio Radical, pero concretamente al sector orientado por el senador Bernabé Celis Carrillo y sus aliados Carlos Motoa, Antonio Guerra y Juan Carlos Restrepo, que presentó como su candidata a la exprocuradora, exdiputada y exrepresentante Juana Bazán Achury; y no al que lidera el exsuperintendente y actual presidente de la colectividad, Jorge Enrique Vélez, que prefería que al frente de la entidad fuera ratificado Jairo Mesa Guerra, quien viene de desarrollar una destacada labor al frente de la Superintendencia Delegada para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras y en la actualidad coordina unas acciones concretas en contra de la ilegalidad en las construcciones como parte de sus funciones de vigilancia y control a notarios y curadores, como comenzó a mostrar en Cartagena.

De acuerdo con fuentes de distintos medios especializados, entre ellos La Silla Vacía, de los tres nombres que se barajaron para la SNR: el del exsecretario de Transparencia de la Presidencia, Rafael Merchán Álvarez, el del actual superintendente encargado, Jairo Mesa, y el de la excongresista Juana Bazán, el primero habría tenido solo el respaldo del senador Carlos Fernando Galán; el segundo el de Jorge Enrique Vélez y el de los senadores Daira Galvis Méndez, Rosmery Martínez Rosales y Germán Varón Cotrino; y la tercera, como se dijo, el de los senadores Bernabé Celis Carrillo, Carlos Motoa Solarte, Antonio Guerra de la Espriella y Juan Carlos Restrepo. El restante senador de Cambio Radical, Arturo Char Chaljub, al parecer decidió marginarse de la puja “quizás porque su grupo ya tiene el Ministerio de Vivienda y el Icbf”, como señalara La Silla Vacía en su nota ‘La historia detrás de la puja vargasllerista por la Supernotariado‘).

Pero lo que ha quedado en suspenso no solo son las investigaciones administrativas de la SNR por el caso de las construcciones ilegales en Cartagena. También lo está el propio nombramiento de Bazán Achury en el importante cargo, luego de que, en un documentado informe del periodista Juan David Laverde en El Espectador, se revelara que “en 1981, la nueva funcionaria del gabinete Santos compró y vendió en un mismo día un predio que la Nación le otorgó a un supuesto campesino en Santander”, lo cual es “un antecedente que la pone en una situación incómoda” (leer ‘El baldío de la nueva superintendente de Notariado‘).

Para la revista Semana, “el tema no es de poca monta si se tiene en cuenta que es precisamente la Superintendencia de Notariado y Registro la que desde hace muchos años ha venido luchando frontalmente contra el negocio de los bienes baldíos en distintas regiones del país. De hecho, la cifra más conservadora advierte que esa entidad ha recuperado cerca de 1 millón de hectáreas en los últimos años” (leer ‘¿Se enredó el nombramiento de la nueva supernotariado?‘).

Los casos de Cartagena

Sobre la investigación que se adelanta a las construcciones ilegales en Cartagena, este portal pudo conocer que, poco antes de enterarse del nombramiento de Bazán Achury, el superintendente encargado, Jairo Mesa, alcanzó a enviar al alcalde encargado de Cartagena, Sergio Londoño Zurek, un oficio mediante el cual lo pone en conocimiento de unos graves hallazgos y le solicita “de manera urgente, en consideración a las facultades de vigilancia y control en las actividades de construcción, iniciar, en todos los casos denunciados, las acciones que correspondan, tendientes a la protección de los derechos de los compradores de esas viviendas, y en especial que se realice la valoración técnica, que permita determinar las condiciones de seguridad y habitabilidad de las edificaciones, el cumplimiento del Plan de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que lo desarrollen y complemente, así como de las Normas Sismo Resistentes”.

En su carta, Mesa destaca que “en los casos puestos en conocimiento (…) se advierte una presunta omisión de control urbano efectivo, pues las mismas, de acuerdo a los asientos registrales, se vienen edificando desde el año 2011, inclusive, sin que a la fecha se tenga un pronunciamiento expreso por parte de esa administración”.

No obstante, lo que se sabe también es que el superintendente encargado había adelantado un sinnúmero de indagaciones que le permiten tener un amplio panorama de la situación en Cartagena y otras regiones del país, y tiene claro el nivel de responsabilidad de muchos actores. “Y todo ello, lamentablemente, podría perderse si al frente de la Superintendencia que debe ejercer control y vigilancia a las Curadurías llega una política de carrera con total desconocimiento de esos hechos”, expresó la directora (e) de la Corporación Cartagena Visible, Dora Valencia Alfaro.

Contexto:
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