Procuraduría, a establecer si en Bolívar también hubo un Cartel de la Hemofilia

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria con el fin de determinar si, al igual que en el Departamento de Córdoba, en Bolívar se habrían presentado algunas irregularidades durante la atención a los pacientes hemofílicos.

Al dar por abierta la investigación, el Ministerio Público ordenó la práctica de diferentes pruebas con el fin de constatar si, tal como han venido denunciando en los últimos días unos dirigentes políticos, veedores y periodistas, durante la anterior Administración departamental se habrían realizado pagos indebidos de servicios médicos y realizado compras de medicamentos sin los soportes correspondientes para pacientes con hemofilia.

Se buscará establecer, de manera concreta, si en el año 2013 varios funcionarios de la Gobernación de Bolívar habrían autorizado pagos irregulares por un monto cercano a los $30 mil millones.

La PGN vinculará a la investigación a todos los que participaron en los procesos de pago.

Los dineros se habrían cancelado a las Instituciones Prestadoras de Servicios -IPS – Asitegral y Fundación Ciénaga de la Virgen, así como a la Empresa Social del Estado -ESE – Divina Misericordia, un hecho que, según las denuncias realizadas, es abiertamente irregular, ya que la atención de los pacientes con Hemofilia debieron incluirse en el Plan Obligatorio de Salud -POS – y los medicamentos son suministrados por las Entidades Promotoras de Salud -EPS.

Para determinar la eventual comisión de irregularidades durante los correspondientes procesos, el Ministerio Público vinculará a la investigación disciplinaria a los entonces funcionarios de la Gobernación de Bolívar que directa o indirectamente participaron en los procesos de pago: el entonces gobernador Juan Carlos Gossaín Rognini; la secretaria de Salud Ana María del Carmen Álvarez Castillo; la secretaria de Salud encargada Berta Pérez López; la directora de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud Nacha Newball Jiménez; el profesional especializados de la Unidad de Aseguramiento y Prestación de Servicios de Salud Luis Eduardo Ortiz Herrera, y el director Técnico de la Oficina Legal Emil Rangel Sosa.

El caso de Córdoba

En el caso del Departamento de Córdoba, primero la Contraloría General de la República, a través de una auditoría a la contratación realizada entre los años 2012 y 2015, durante la época en la cual fue gobernador Alejandro Lyons Muskus, hoy prófugo de la Justicia, y después por la misma Procuraduría, se estableció que funcionarios de la Gobernación y empleados de las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana falsificaron documentos públicos y privados para cobrar alrededor de $40 mil millones por supuestos tratamientos a pacientes hemofílicos inexistentes.

Por el entramado descubierto, en el cual habrían participado los exsecretarios de Salud de Córdoba Alfredo Aruachán, Alfredo Ceballos, Edwin Preciado y Alexis Gaines; los auditores en Salud Marcela Acuña y Juan David Chejne, y el exaspirante a la Asamblea Rubén Guerra, todos ellos con vínculos directos o indirectos con el exgobernador Lyons Muskus, este caso en el vecino departamento fue bautizado como como el del ‘Cartel de la Hemofilia’ (leer ‘Los capturados por el “cartel de la hemofilia”, Lyons y los que faltan‘).

El caso de Bolívar

En lo que respecta a Bolívar, en una reciente columna en este portal, el exgobernador Juan Carlos Gossaín señaló que hay enormes diferencias en los casos de los dos departamentos, comenzando, dijo, porque “en Bolívar no hay pacientes inexistentes”, ya que “son un núcleo de familias que tradicionalmente han padecido la enfermedad”, lo cual “está debidamente probado”.

“Cuando asumí como gobernador, la Secretaría de Salud estaba intervenida por la Superintendencia de Salud Pública y ellos directamente con un agente interventor asumieron los pagos a pacientes hemofílicos desde antes de mi llegada al cargo”, explicó; y “fue por mandato judicial que se procedió a pagar el tratamiento de los pacientes; siempre con respaldo de jueces de la República”.

“El asunto que ha sido investigado versa sobre el costo de los medicamentos, sobre el cual se ha explicado que en los años señalados no había tabla regulatoria de precios y los laboratorios prácticamente ejercían monopolio sobre las tarifas cobradas a las entidades públicas. Situación diferente a lo que hoy ocurre, por cuanto el Ministerio de Salud finalmente dispuso de una resolución a través de la cual se fijan los precios de los medicamentos”, señaló igualmente el exmandatario (leer ‘Una respuesta necesaria).

Contexto:

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