La Ley 610 de 2000, ‘por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las Contralorías’, determina en su artículo 51 que el término para practicar las pruebas solicitadas o decretadas de oficio es de 30 días.
Sin embargo, en la Contraloría Distrital de Cartagena hay procesos que tienen uno, dos, tres y hasta cuatro años y aún se encuentren en etapa probatoria, lo cual para los miembros del colectivo Control Visible resulta no solo inadmisible sino además irresponsable y una muestra de negligencia que amerita la intervención de la Auditoría General de la Nación y por lo menos un debate por parte del Concejo de Cartagena, que es el nominador de los contralores locales.
Para el abogado Jair Baleta Iriarte, vocero del grupo ciudadano, “es preocupante que las acciones adelantadas por el órgano de control evaluado violen flagrantemente los principios que rigen el proceso de responsabilidad fiscal estatuidos en el artículo 209 de la Constitución Política y en el artículo 3 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, esto es el de eficacia, celeridad, responsabilidad, entre otros”.
“No entendemos cómo, desde el 2013 hasta la fecha, 109 procesos de responsabilidad fiscal se encuentren congelados o engavetados en estado de pruebas, sin ningún tipo de impulso procesal; y apenas hay tres con auto de imputación y uno sin calificar desde hace años, lo cual muestra el tamaño de la ineficiencia de la Contraloría del Distrito”, señaló el dirigente cívico.
“Es importante precisar que la Contraloría Distrital, en cabeza de la actual contralora Nubia Fontalvo, encontró al posesionarse un total de 100 procesos activos así: 96 en estado pruebas, tres con auto de imputación y uno por calificar; todos estos procesos se iniciaron en el periodo del anterior contralor, el señor Mario Feliz Monsalve”, señaló Baleta Iriarte.
“Pero fíjese que de esos procesos heredados no ha habido prácticamente ningún avance, y en lo que va corrido del periodo de la señora Fontalvo, es decir desde marzo de 2016 hasta la fecha, se han abierto únicamente 13 procesos de responsabilidad fiscal, y todos, según la información entregada por la propia Contraloría, se encuentran en estado de pruebas”, destacó Baleta.
“Hacemos un llamado respetuoso pero vehemente a la Contraloría Distrital de Cartagena para que impulse los procesos que adelanta, ya que hay muchos que están a punto de prescribir, pues este fenómeno jurídico se configura a los cinco años”, manifestó.
“Pero fíjese que en lo tiene que ver con los procesos de cobro coactivo la negligencia no es menos grave”, señaló el director de Control Visible entregando a este reportero una serie de documentos; “actualmente están en etapa de cobro coactivo 30 procesos y todos en estado ‘en trámite de cobro’, y vienen del año 2004 hasta la fecha; ello demuestra la falta de efectividad en la recuperación de los dineros públicos. El total de lo adeudado es escandaloso: son más de $118 mil 138 millones, y los cinco mayores deudores son los señores Michael Peleg y otros, que deben $114.232.172.465; Carlos Díaz Redondo, con una deuda de $1.135.707.142; Augusto Mainero Román, Amira Salvador Betancourt y Alonso Júnior Franco Vélez, con $986.066.784; Alberto Barboza Sénior, $845.971.750; Eduardo Viscaino y otros, $337.640.533, y Claudio Royo Bárcenas, $88.036.533”.
La Contraloría de Cartagena es “eficaz, eficiente, confiable, transparente y participativa”
En documentos oficiales de la Contraloría de Cartagena se asegura que “desde su posesión, la contralora distrital de Cartagena, Nubia Fontalvo Hernández, se comprometió con los representantes de la ciudad y específicamente con toda la comunidad cartagenera a vigilar, en el marco de la Constitución y la Ley, el ejercicio de la gestión fiscal de la Administración y de los particulares que manejan fondos y bienes del Distrito. Este compromiso se asumió con la firme convicción de que será una actividad fiscalizadora eficaz, eficiente, confiable, transparente y participativa, previendo desde el comienzo una gestión direccionada a contribuir significativamente en el desarrollo sostenible de la ciudad, y por supuesto en la efectiva aplicación de los derechos constitucionales y legales de quienes habitan en Cartagena, mediante la racionalización de la inversión de los recursos públicos en forma eficiente, eficaz y equitativa, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de la población”.
El colectivo Control Visible
Su Comité Ejecutivo está integrado por el abogado Jair Baleta Iriarte, el administrador de empresas Wilis Ruíz Díaz, el contador público Fabián Barraza Aparicio, el abogado y administrador de empresas Edgardo Ayola Trespalacios y el administrador público Julio Ruíz Hernández.
Su principal objetivo, como informó su principal vocero: Jair Baleta, es “hacer seguimiento y evaluación anualmente a la labor de las Contralorías, las Procuradurías y la Fiscalía con jurisdicción en la capital de Bolívar, así como de la Personería, con el fin de que la ciudadanía conozca de manera oportuna, responsable, veraz y transparente los resultados de los organismos de control en relación con su función preventiva y sancionatoria”.
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