Fallo contra contralora les quita el sueño a unos concejales, pero otros están tranquilos…

La decisión del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar de anular el acto mediante el cual se declaró la elección de la abogada Nubia Fontalvo Hernández como contralora distrital, al tiempo que ordena al Concejo de Cartagena llevar a cabo un nuevo proceso de elección para proveer el cargo, tiene intranquilo a más de un concejal.

La razón: porque si el Consejo de Estado llega a confirmar la medida, no solo Fontalvo tendrá que abandonar el cargo, y la actual Mesa Directiva del cabildo deberá abrir una nueva convocatoria para integrar una terna con quienes obtuvieran los tres mayores puntajes, sino porque -además – las consideraciones expuestas podrían agravar el proceso penal que cursa sobre el mismo caso.

Los concejales Lewis Montero, Jorge Useche, Salim Guerra, Javier Curi, David Dáger, William Pérez, Wilson Toncel, Angélica Hodeg, Érich Piña, Luis Cassiani, Édgar Mendoza, Duvinia Torres y Américo Mendoza votaron por Nubia Fontalvo.

Sobre el fallo proferido por la Sala de Decisión No. 002 del Tribunal Administrativo de Bolívar, suscrito por los magistrados Luis Miguel Villalobos Álvarez, Édgar Alexi Vásquez Contreras y Moisés Rodríguez Pérez, este portal dialogó con cinco concejales, dos de los cuales advirtieron que hablarían únicamente off the récord. Concidieron en decir -sin embargo – que debían conocer primero todo el texto de la providencia, y admitieron que, aunque están convencidos de haber actuado conforme a la Ley, no dejan de tener algo de preocupación.

Los otros tres: el actual presidente de la corporación edilicia, Lewis Montero Polo, y los concejales David Dáger Lequerica y Américo Mendoza Quesseps, sí aceptaron expresar sus conceptos sobre la decisión de primera instancia, y el común denominador fue que la respetaban pero no la compartían.

Montero Polo, tras reconocer que solo había hecho hasta el momento “una lectura rápida a los 48 folios que comprende el fallo proferido”, manifestó que le había llamado “la atención que dos de los tres suscriptores de la providencia aclararan sus decisiones y, aunque aún no conozco con exactitud las consideraciones que tuvieron para ello, tengo la seguridad de que son similares a las que tenemos muchos sobre el caso”.

Los exconcejales Zaith Adechine, Hernando Trucco, Luis Gutiérrez, William López, Ronald Fortich, Pastor Jaramillo, Germán Zapata, Saray Aguas, Alfredo Díaz, Boris Anaya y David Múnera votaron por la contralora.

De acuerdo con el dirigente político, respeta la decisión pero no la comparte porque “antes de votar realicé varias consultas a juristas expertos en el tema, y lo mismo hicieron casi todos los colegas, y con base en lo recomendado depositamos nuestro voto”.

“Confiamos en que, una vez el Consejo de Estado resuelva la apelación que deberá instaurar la señora contralora, quede claro que quienes votamos por ella lo hicimos no solo de la mejor buena fe y con la intención de contar como titular del órgano de control fiscal del Distrito con una persona comprometida realmente con los intereses generales, sino, además, enmarcados en la Ley”.

En similar sentido se pronunció Dáger Lequerica, presidente del cabildo en el 2015 cuando se abrió la correspondiente convocatoria. Tras explicar por qué tomó varias decisiones referidas al proceso, el concejal liberal se mostró convencido de que en la segunda instancia el fallo les será favorable. “Durante el proceso tendremos la oportunidad de demostrar que actuamos en el marco de la Ley”, manifestó.

Los concejales Rafael Meza, David Caballero, César Pión y Vicente Blel, y el exconcejal Carlos Barrios se abstuvieron de participar en la votación.

Por su parte, Mendoza Queseps, de la Alianza Social Independiente, señaló que es evidente que “el Tribunal se está apegando a un concepto del Consejo de Estado y no al acto legislativo que establece que a los personeros se les designa mediante un concurso de méritos, pero a los contralores se les elige tras una convocatoria pública y la posterior integración de una terna”. “El hecho es que, como el acto legislativo no está aún reglamentado, nos ceñimos a los conceptos de expertos abogados”, señaló.

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