Preguntas al aire: ¿tutelatón para que Manolo vuelva? y ¿puede un funcionario ser ternado?

Entre las muchas preguntas que se hacen analistas, dirigentes políticos y líderes barriales sobre lo que puede ocurrir con el suspendido alcalde de Cartagena, Manolo Duque Vásquez, en el marco del proceso que la Procuraduría General de la Nación le abrió tras el desplome de un edificio en construcción, dos son las más reiterativas.

La primera es: ¿ la ‘tutelatón’ que, según se dice, comienzan a instaurar varios ciudadanos con el fin de que el funcionario regrese a su cargo, le convendrá o no a este?

Y la segunda: ¿en la terna que el movimiento significativo de ciudadanos ‘Primero la Gente’ presente al presidente Santos para que designe al reemplazo temporal de Duque puede haber uno o varios funcionarios?

La respuesta a la primera pregunta han tratado de darla varios conocidos abogados locales, y lo que puede decirse es que, por lo visto -o mejor: oído – es que hay tantos conceptos como juristas. Algunos aseguran que se trata de una estrategia legal y legítima cuando el derecho fundamental que se busca tutelar le ha sido supuestamente violado a un número plural de individuos, pero otros advierten que podría convertirse en un ‘bumerang’ en el caso de Duque, ya que pudiera radicalizar la posición de la Procuraduría.

En lo que sí coinciden en señalar varios analistas consultados por este portal es que, en todo caso, ya no puede hablarse de ‘tutelatón’, como sí lo fue en el caso de Gustavo Petro en Bogotá. En el caso de este, el número de jueces que debían decidir sobre las distintas tutelas era casi igual al número de acciones interpuestas, por lo que siempre había la posibilidad de que por lo menos uno fallara a favor del tutelante y, consecuencialmente, del entonces alcalde de la capital de la República.

En el caso actual: el de Manolo Duque, el juez de tutela será solo uno, ya que, justamente, con el fin de evitar que la estrategia de Petro fuera replicada en todo el país en eventuales casos similares, en septiembre de 2015 el presidente Juan Manuel Santos expidió un Decreto: el número 1834, “Por el cual se adiciona el Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector de Justicia y del Derecho, y se reglamenta parcialmente el artículo 37 del Decreto número 2591 de 1991, en lo relativo a las reglas de reparto para acciones de tutela masivas”.

En virtud de dicho acto administrativo, “las acciones de tutela que persigan la protección de los mismos derechos fundamentales, presuntamente amenazados o vulnerados por una sola y misma acción u omisión de una autoridad pública o de un particular se asignarán, todas, al despacho judicial que, según las reglas de competencia, hubiese avocado en primer lugar el conocimiento de la primera de ellas. A dicho Despacho se remitirán las tutelas de iguales características que con posterioridad se presenten, incluso después del fallo de instancia”.

Lo que ha podido establecerse en el caso de Cartagena es que la decisión sobre las acciones presentadas, y las que se pudieran impetrar durante lo que dure el proceso, serán decididas, como si fueran una sola, por el magistrado Sergio Sánchez, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.

Ocurrió que el magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Bolívar, admitió una acción de tutela presentada por la ciudadana Ketty Cabarcas Licona, pero, al recibir la correspondiente contestación de parte de la autoridad contra la que se dirigió la acción: la Procuraduría General de la Nación, conoció de la existencia de por lo menos una acción de tutela anterior: la presentada por el líder barrial Moisés Matos Salguedo (Ver Primera Tutela), que fue admitida por el Consejo Superior de la Judicatura y en el reparto le correspondió al magistrado Sánchez. De manera inmediata, en cumplimiento del Decreto 1834 de 2015, le remitió el respectivo expediente a este, quien deberá acumular todas las tutelas similares y dictar un único fallo de primera instancia.

¿Funcionarios en la terna?

Otra polémica ha surgido por la posibilidad de que en la terna que integren los inscriptores del movimiento ‘Primero la Gente’ sean incluidos los nombres de uno o varios de los actuales funcionarios del Gobierno Distrital.

A esta inquietud, la mayoría de los consultados coincidieron en señalar que la Ley 1475 de 2011, “por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”, establece con claridad en el parágrafo 3° de su artículo 29 cuáles son las inhabilidades para el caso de las designaciones, que es el caso en discusión, y de esta norma se colige que sí puede haber funcionarios en la terna.

De acuerdo con varios de los analistas consultados, las inhabilidades son taxativas, “es decir, expresas, solo las contempladas de manera clara en la Ley, y la Ley 1475 de 2011 establece que para ser designados alcaldes para proveer vacancias temporales, como es el caso de Manolo Duque, las inhabilidades son las contempladas en el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, y las que esta norma determina son las condenas por sentencia judicial con pena privativa de la libertad; las pérdidas de investidura de congresista, diputado o concejal; la exclusión del ejercicio de una profesión y la interdicción para el ejercicio de funciones públicas”, como señaló uno de ellos.

“En ese artículo aparecen otras inhabilidades, pero se indica de manera taxativa que es para el caso de los elegidos, no los designados. En el caso de Cartagena, el único numeral que cabe es el primero; los demás se refieren, como se advierte en cada uno, que es para el caso de los elegidos popularmente”, explicó.

El numeral 1° del artículo 37 de la Ley 617 de 2000 citado por la fuente establece que “no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas”.

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