En Colombia se viene presentando un fenómeno de procesos de revocatorias de mandato a alcaldes y gobernadores, tanto en ciudades capitales como ciudades intermedias y municipios o departamentos; muchas veces por razones evidentes, como casos de corrupción o incumplimiento del Programa de Gobierno, pero al parecer también por venganzas politiqueras. La revocatoria de mandato es un derecho que tenemos los ciudadanos cuando consideramos que nuestros elegidos a cargos uninominales no están cumpliendo con el Plan de Desarrollo; fue creada como una positiva herramienta pero en la práctica no ha cumplido con los objetivos propuestos.
Cualquier ciudadano, movimiento u organización social, constituidos en un comité formalmente inscrito ante la Registraduría, podrá promover la revocatoria del mandato de un alcalde o gobernador, luego de cumplir ciertos requisitos, recibir unos formularios y cumplir con unos parámetros, entre ellos que el número de firmas supere el 30% de los votos obtenidos por el mandatario al que se piensa revocar. De superar esta etapa y previa verificación de las firmas por parte de la Registraduría se convocaría al pueblo a pronunciarse sobre la revocatoria dentro de los dos meses siguientes. La revocatoria es aprobada si votan a favor por lo menos la mitad más uno, y que el número de electores no sea inferior al 40% de los votos válidos en la elección del mandatario.
El fin principal -se supone- es el bien de la comunidad y el cumplimiento del plan de desarrollo, sin embargo hay factores que permiten pensar que no se está cumpliendo en todos los casos con los fines pertinentes y que, por el contrario, ciertas revocatorias se han convertido en campañas para lanzar proyectos a las siguientes elecciones o como mecanismos de presión con fines burocráticos o clientelistas, ya que en algunos de los casos los promotores de revocatorias terminaron siendo candidatos a elección popular o aprovecharon para mostrar sus dientes como contradictores.
El desespero de los movimientos perdedores no permiten esperar cuatro años para una nueva campaña; el principal afectado siempre va a ser el pueblo que se queda esperando las obras en sus comunidades, mientras que el mandatario se verá obligado a defenderse para garantizar su permanencia, dedicando esfuerzos que debería dedicar a ejecutar los presupuestos asignados al plan de desarrollo.
Aunque no todos los procesos superan la etapa de firmas, en caso de lograrlo habría elecciones para aprobarla: otra campaña más donde la Administración va a defender su permanencia y los promotores harán su campaña por la salida del gobernante. En los casos conocidos siempre ha ganado la permanencia, lo que significaría que todo ese tiempo fue perdido y el desgaste afectó el desarrollo del territorio. Pero si prospera la solicitud de revocatoria en las urnas, el pueblo tendría que soportar otra campaña más, con nuevos nuevos candidatos, donde seguro el gobernante seguramente tendrá el suyo. Pero quien salga ganador no va a garantizar que no cause el mismo malestar al sector o a otros sectores que causó el revocado, además de tener poco apenas cerca de dos años para gobernar; armar su gabinete y reestructurar las coaliciones en el Concejo o Asamblea.
No han pasado dos años de elecciones donde la mayoría de candidatos sobrepasaron los topes financieros, pero nadie registra honestamente el valor real ni quiénes fueron los financistas, esos mismos que ahora se verán desesperados y presionarán la recuperación de la inversión antes de tener que empezar otro desgaste económico y una nueva elección dando paso a la vulnerabilidad que generan los tentáculos de la corrupción.
Las revocatorias terminan siendo un acto de polarización, un motor de discordia y un desgastante generador de incertidumbre. Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, dijo que “es una figura que se ha convertido en una forma política de adelantar el proceso electoral; es decir, darse a conocer o de empezar a poner una agenda ante la opinión pública”. Es claro, y los hechos así parecen evidenciarlo, cuando se rumoran revocatorias con pocos meses de posesionados los gobiernos y en muchos casos antes de posesionarse.
Actualmente varios alcaldes y un gobernador en Colombia enfrentan el fantasma de la revocatoria; la historia dice que las revocatorias no han sido exitosas, pero eso no garantiza que no sigan prosperando; Bogotá, por ejemplo viene de enfrentar un proceso en el gobierno anterior de Gustavo Petro que no prosperó. El nuevo gobierno de Enrique Peñaloza enfrenta nuevamente un proceso de revocatoria. En Cartagena, que sufrió elecciones atípicas en el periodo 2012- 2015, también un grupo de ciudadanos inscribió un comité revocatorio que se encuentra en etapa de recolección de firmas, por lo que su nueva Administración, igual que muchas en el país, celebraron su primer año de mandato enfrentando este fenómeno donde al parecer es peor el remedio que la enfermedad.
Aprobar una revocatoria es reconocer que tampoco los organismos de control, Concejo o Asamblea están cumpliendo a cabalidad con las responsabilidades de ley, como son el control político, lo que llevaría a pensar que también deberían someterse al mismo proceso si las normas lo permitiran. En mi concepto, solo en casos muy extremos se debería pensar en dar por terminado un mandato por iniciativa popular.
Podemos concluir que la herramienta de los electores está principalmente en las elecciones populares y no arrepentirnos tarde para pensar en estos procesos. El mayor castigo de un mal gobierno es no elegir su continuidad, esta es la mejor revocatoria y la tenemos cada cuatro años por lo que no tiene sentido prestarnos como serviles de quienes pretenden formar una plataforma con otros fines o que pescan en río revuelto generando traumas con varias campañas dentro de un mismo periodo que traen como consecuencias el atraso en la Administración, la distracción del gobernante y la polarización del ciudadano. Si los organismos de control cumplen con sus funciones desprendidos de intereses clientelistas y particulares, veremos gobernantes marchando en función de lo que fueron elegidos siendo eficientes en el cumplimiento del Plan de Desarrollo.
* Exconcejal de Cartagena y administrador público
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JAIME CUESTA RIPOLL
ADMIRO LA PREOCUPACIÓN Y LA HONRADEZ CON LA CUAL SE ESFUERZA EL AUTOR DEL PRESENTE ARTÍCULO PARA CRITICAR Y RECHAZAR LOS CRECIENTES MOVIMIENTOS REVOCATORIOS DE ALCALDES Y GOBERNADORES.
SIENDO JUSTIFICADAS SUS CONSIDRACIONES RESPECTO DEL REVANCHISMO DE LOS QUE AUN HABIENDO SIDO VENCIDOS EN JUSTAS Y LEGALES ELECCIONES, SIGUEN INSISTIENDO BAJO EL ANTIFAS O CARETA DE INCUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS QUE LE SIRVIERON DE SOPORTE A LOS HOY MANDATARIOS. MUNICIPALES, DISTTITALES Y DEPARTAMENTALES.
SIN EMBARGO, NO PODEMOS GENERALIZAR ESTAS CONDUCTAS A TODOS LOS MOVIMIENTOS SOCIALES QUE CANSADOS DE HACER LOS RECLAMOS PERTINENTES SE SIENTEN BURLADOS Y TRAICIONADOS POR AQUELLOS MANDATARIOS QUE EN SUS CAMPAÑAS SE COMPROMETIERON CON UNOS PROGRAMAS DE GOBIERNO Y CUANDO ESTÁN EJERCIENDO EL PODER SE CREEN UNOS PEQUEÑOS MONARCAS Y POR EL CONTRARIO SE DEDICAN A SERVIRLE A QUIENES DE UNA MANERA U OTRA LES FINANCIARON SUS CAMPAÑAS DESPRRCIANDO ENTONCES LA VOLUNTAD DEL VERDADERO PUEBLO QUE LOS HA ELEGIDO
LO QUE DEBE PREOCUPARNOS MAS NO SON ESTOS PROCESOS REVOCATORIOS. QUE ENTRE OTRAS COSAS CONSTITUYEN UN JUSTO, LEGAL, Y ADECUADO MECANISMO PARA QUE LOS MNDATARIOS RESPETEN Y CUMPLAN LOS PROGRAMAS Y LAS PROMESAS EXPRESADAS A TODA GARGANTA EN SUS MÚLTIPLES PRESENTACIONES PARA CONSEGUIR EL PODER.
LO QUE HABRÍA DE IMPLEMENTARSE SERÍAN LOS MECANISMOS PARA DETECTAR Y COMPROBAR QUE NO EXISTEN LAS CAUSALES PARA EJERCER TAN NOBLE. Y POPULAR DERECHO DE LAS MASAS POPULARES QUE SIRVEN DE FRENO Y CONTROL A LA VORACIDAD DE LOS ENGENDROS POLÍTICOS QUE LLEGAN A LOS GOBIRRNOS!!!!!!!!!!