Por Carlos Ardila González
A medida que pasa el tiempo y se consolidan las cifras de la tragedia: 20 obreros muertos (uno de ellos aún sin identificar) y 23 heridos hasta el momento de escribir esta nota, en lugar de mayor claridad sobre los dolorosos hechos lo que hay son más preguntas sin respuestas. Al menos, claro, respuestas oficiales.
Por lo visto, lo único en lo que hay plena coincidencia entre tirios y troyanos es sobre el hecho de que, desafortunadamente, el desplome de un edificio en construcción en Blas de Lezo es apenas la punta de un iceberg cuyo hallazgo, si las autoridades le meten realmente el diente al caso, podría erigirse como el mayor escándalo de corrupción en toda la historia de Cartagena, lo cual, como se dirá, es mucho decir.
Aún sin haber comenzado formalmente las indagaciones anunciadas por la Fiscalía y la Procuraduría, en unos casos de oficio y en otros como consecuencia de denuncias como la instaurada por el alcalde Manolo Duque Vásquez contra los responsables de la construcción, lo que desde ya puede decirse es que, lamentablemente, tuvo que morir gente cuyo único pecado fue haber nacido pobre para que se destapara, por fin, la existencia de una ‘Curaduría’ fantasma en Cartagena‘: un grupo de individuos, necesariamente varios de ellos servidores públicos venales, responsables no solo de la expedición de licencias falsas sino -además – de propiciar que las obras puedan ejecutarse, a la vista de todos, a pesar de estar violando claras normas urbanísticas.
Pero la tragedia de Blas de Lezo no solo puso sobre el tapete la existencia de la llamada ‘Curaduría Urbana 3’, de la cual se habla en Cartagena cada vez que se descubre que los índices de construcción y otras normas son violados en cualquier lugar de la ciudad bajo el amparo de documentos aparentemente legales, lo que sucede con relativa frecuencia.
En este caso, luego de que funcionarios y dirigentes gremiales constataran que la edificación colapsada se adelantó sin la debida licencia, que los constructores de la obra fueron -entre otros – Wilfran, Eduardo y María Quiroz Ruíz, y que estos construyeron también sin licencia otros edificios que ya se encuentran habitados, una de las preguntas que surgen es: pero, ¿y cómo legalizaron las unidades familiares para que pudieran venderse y entregar las correspondientes escrituras?, o, dicho en otras palabras: ¿cómo se legalizó en el camino lo que comenzó completamente ilegal? Y este interrogante ya tiene respuesta.
Otra inquietud, claro está, es sobre el riesgo que podrían estar corriendo quienes ya viven las viviendas compradas. ¿Qué garantiza que los otros edificios sí se hayan construido con todas las de la ley? Y esa duda ronda como fantasma en pena a decenas de familias desde el instante en que se conoció que los constructores del edificio Portales de Blas de Lezo II habían sido Wilfran, Eduardo y María Quiroz.
Otro interrogante surgió cuando se supo que en el lugar donde se alcanzó a levantar una edificación que ya llevaba seis pisos, y al parecer se le construía por lo menos uno más, el Plan de Ordenamiento Territorial -POT – solo permite cuatro niveles, y eventualmente un altillo sobre el piso cuarto. No solo se estaba construyendo un edificio sin la debida licencia; también se estaban levantando unos pisos de más sin que ningún funcionario de la Alcaldía de la Localidad Industrial y de la Bahía, ni uno cualquiera de sus nueve ediles, ni nadie de la Secretaría de Planeación, ni de la División de Control Urbano, ni de la Inspección de Policía de Blas de Lezo, se hubiera percatado del hecho. Pero como todos podrían alegar que no estaban obligados a recorrer los barrios de la ciudad verificando si las obras en construcción cumplen o no el POT y las normas urbanísticas, la pregunta obligada es, y entonces, ¿qué funcionario del Distrito tiene la responsabilidad de controlar la construcción de estas obras? Y ello también se sabe.
De hecho, cuando se informó mediante un comunicado que el alcalde Duque iba a interponer una denuncia ante la Fiscalía contra los responsables de los hechos acaecidos, en algunos círculos se pensó que uno de los denunciados sería dicho funcionario, a quien delegó la responsabilidad de «ejercer la vigilancia y control durante la ejecución de las obras, con el fin de asegurar el cumplimiento de las licencias urbanísticas y de las demás normas contenidas en el POT».
El reconocimiento
De acuerdo con el Artículo 64 del Decreto 1469 de 2010, «el reconocimiento de edificaciones es la actuación por medio de la cual el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente para expedir licencias de construcción, declara la existencia de los desarrollos arquitectónicos que se ejecutaron sin obtener tales licencias siempre y cuando cumplan con el uso previsto por las normas urbanísticas vigentes y que la edificación se haya concluido como mínimo cinco años antes de la solicitud de reconocimiento».
Y aunque, según la misma norma, «los actos de reconocimiento deban cumplir (…) con las normas urbanísticas que para cada caso se determinen» y que «los curadores urbanos deberán informar a las autoridades que ejerzan el control urbanístico de las solicitudes de reconocimiento de construcciones que les sean presentadas, a fin de que ellas adelanten los procedimientos e impongan las sanciones del caso», el hecho es que, en concepto de tres fuentes consultadas por separado, esta figura es la que utilizan constructores inescrupulosos y servidores venales para legalizar lo torcido una vez terminada la obra, ya que las unidades familiares deben venderse y para ello hay que adelantar trámites ante Notarías y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos. «En estos organismos se escuchan cuentos nada santos en los que las falsas licencias, los testimonios de vecinos avalando la antigüedad y otras tramoyas abundan», publicó sobre el tema el reconocido arquitecto Germán Fonseca Castillo (leer columna ‘La ambición rompió el saco’).
Lo que una de las fuentes consultadas le dijo a este reportero, pidiendo no revelar su nombre, es que un personaje con el alías de ‘El Compa’ «sabe cómo adelantar estas vueltas».
El hecho es que unas cuantas sumas y restas muestran cómo, con la simple construcción de dos o tres pisos de más, unos desalmados individuos hacen el negocio de sus vidas sin importarles que con ello ponen en peligro la vida de numerosos seres humanos.
Los riesgos latentes
Sobre el eventual riesgo que corren quienes habitan edificios construidos en similares circunstancias a las que rodearon las obras del edificio Portales de Blas de Lezo II se pronunció el presidente de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos y Bolívar -Siabol, Jorge Mendoza Diago.
El conocido ingeniero, quien inmediatamente conoció el trágico suceso puso a las órdenes del alcalde Duque todo el apoyo técnico que pueda brindarle Siabol, aseguró que los hermanos Quiroz, de la empresa Constructora & Quiroz, han adelantado varias construcciones, entre ellas el «edificio Shalom, en el barrio El Recreo, que esta empresa construyó sin las licencias correspondientes, que fue entregado y que tiene problemas de vibración. Tres propietarios residentes me han confirmado que los pisos se les levantaron y que sienten vibraciones. Además, en el Alto Bosque, en otra obra de los Quiroz que infortunadamente es habitada, también pasa lo mismo», declaró al diario El Universal.
El dirigente gremial anunció que se reunirá con el alcalde «y le pediré que se haga un censo de los edificios construidos por Constructora & Quiroz, ya que parece que como regla general en sus obras está el no tener licencias. Además de esto, solicitaré que se verifiquen los planos, si es que existen, y la memoria de cálculo para revisar rápidamente si estas construcciones son seguras».
De acuerdo con otras fuentes, no es necesario realizar un trabajo muy concienzudo para apreciar que en muchos barrios de Cartagena, de las tres Localidades, se han levantado edificios violando los índices de construcción. «Hagamos un recorrido por Los Caracoles, El Socorro, El Campestre, El Nuevo Bosque, Tacarigua, Los Calamares, Almirante Colón, El Country, Ternera y San Fernando, entre otros, para que vea lo que ha sucedido a la vista de todos», pidió una de ellas; «en la mayoría de esos barrios el máximo permitido es de cuatro pisos pero hay de seis y hasta de ocho pisos».
El pasado 23 de marzo, la abogada Victoria Rosales Ruiz denunció en su cuenta en Facebook: «en Barrios como El Recreo, San Fernando, Blas de Lezo, entre muchos otros, hay personas que se autodenominan constructores levantando edificaciones de 6 y más pisos sin ascensores, tomando el andén público peatonal como parqueaderos privados que escrituran y venden a los incautos adquirientes de esos inmuebles, que no entiendo cómo pueden ser financiados por una entidad bancaria, siendo tan evidente la violación a normas urbanísticas y de construcción en general».
La dependencia responsable
Sobre qué dependencia del Distrito es la responsable de controlar la construcción de este tipo de obras, lo que dos fuentes de la Alcaldía le dijeron a este portal, advirtiendo que no querían que sus nombres se conocieran por temor a eventuales represalias, es que desde finales del año pasado es la Dirección Administrativa de Control Urbano.
Revista Metro indagó y estableció que el 1 de abril de 2016 el alcalde Manolo Duque, mediante Resolución 0550 de la fecha, reasumió varias competencias que para esa fecha se encontraban en manos de la Secretaría de Planeación, entre ellas las de vigilar la ejecución de las obras civiles con el fin de garantizar el cumplimiento del POT y demás normas urbanísticas, y las delegó en los tres alcaldes locales, pero cuatro meses después: el 1 de agosto del mismo año, mediante Resolución 1110, volvió a reasumirlas, y en esta ocasión las delegó en el director Administrativo de Control Urbano, el arquitecto Olimpo Vergara Vergara, quien antes de ser nombrado en su actual cargo había ocupado la Dirección de la División de Patrimonio Cultural del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena -IPCC.
De acuerdo con lo dispuesto en este acto administrativo, Vergara tiene entre sus obligaciones realizar «inspecciones periódicas durante y después de la ejecución de las obras, de lo que se dejará constancia en un acta suscrita por el visitador y el responsable de la obra».
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Maritza
Tenía que pasar la trajedia para que se formen los escándalos, esperemos que en verdad tomen acciones no solo contra los constructores, también contra la cantidad de corruptos que hay en el gobierno que sin mirar las consecuencias dan licencias por 💰 dinero y eso va desde la cabeza.
William de la hoz
La corrupción parece el pan de cada día, en todo actuación pública sale a relucir
Definitivamente hay que ponerle seriedad a la cosa, que clase de sociedad le dejamos a las futuras generaciones, cuando un papa de estos le dice a sus hijos que ellos son «constructores» de profesión jajaja
Nos usurparon la profesión colega, nos la están pisoteando
Pronunciémonos ante tanta corrupción y sinveguenzura
Jota
Carlos Ardila, de acuerdo a la imagen de la valla, el 130011 se refiere al código postal de Cartagena de Indias, el 15 es el año y el 00239 es el consecutivo al cual se refiere el Curador que no inician por 1 dado a que en un año no se alcanzan a radicar 1000 proyectos.
Anonimo
La Sra. María Quiroz tiene otra razón social. Se llama Construcciones, proyectos y Desarrollo. Con esa construyó el Edificio Calipso Tower en el barrio Alto Bosque, está al lado de la cancha de fútbol. Está recién terminado y son como 15 pisos. Su otra hermana, Delis Quiróz, construyó el edificio Brisas de la Castellana, está casi al lado del Edificio Bancoomeva en el barrio la castellana. Investiguen!!!!!