Una forma atípica de financiar los gastos del Estado

cesar-arrieta2Por César Gustavo Arrieta Rojas *

El fin de toda reforma tributaria es obtener recursos de todos los ciudadanos para poder financiar y garantizar los derechos consagrados en la Constitución, como son tener una ‘buena’ salud pública, una ‘pronta’ justicia, una ‘mayor’ seguridad, una ‘mejor’ educación, etc.

Si bien es cierto que la caída del precio del petróleo ha afectado el ingreso del estado que ayudaba a financiar los anteriores derechos de los asociados, no se puede señalar como la única de las causas transcendentales para que hayamos caído a esta reforma tributaria tan regresiva.

Si el gobierno de turno hubiera sido muy cuidadoso en los gastos de los dineros públicos, y los entes de control del Estado: las ‘ias’, hubiesen verdaderamente cumplidos con sus funciones o por lo menos ser eficaces vigilantes para que otros no se los roben, no se hubiese propuesto esta reforma tributaria tan ‘regresiva’ para la clase media y baja del país. Piénsese lo que se hubiere ahorrado de los dineros perdidos de Saludcoop, Cafesalud, Caprecom y Reficar, por mencionar algunos, que suman miles de millones de dólares que ayudaría hoy en día a mitigar el déficit presupuestal del país.

Por los anteriores ejemplos, la gente del común, los gremios y los industriales están reacios con esta reforma tributaria, pues consideran odioso pagar impuesto que “no se ven, que no son palpables, que no los pueden apreciar” y porque saben que pueden haber todas las reformas tributarias que el gobiernos propongan cada año, pero si no se controla y se hace más eficiente el gasto, y además si no se combate la corrupción, esta reforma como las venideras serían ineficientes.

Para ahorrarnos los inconveniente de perjudicar a las clase media y baja, como a los gremios, los industriales y comerciantes de este país, que son los que sostienen los procesos productivos del país, y que pagan sus impuestos, es que se debe proponer una especie de justica económica transicional, o amnistía tributaria, donde esos bienes que están escondidos acá en el país o en paraísos fiscales donde sus dueños no lo pueden disfrutar abiertamente, puedan hacerlo pagando un porcentaje considerable al estado para garantizarles que no se les iniciarán procesos que tengan que ver con delitos de lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

Puede crear indignación a muchos ciudadanos esta propuesta, pues dirán “que el mal paga” y no debería permitirse que quienes obtengan dineros mal habidos puedan disfrutarlos, pero hemos llegado a esta propuesta por el pésimo manejo de los gastos del gobierno, que para financiarse necesita obviamente ampliar la base tributaria y aumentar el número de declarantes, lo que perjudicaría a todos los que sostienen el proceso productivo pero en especial a la clase media y baja pues, como siempre, la cuerda se rompe por el lado más débil.

Hay que recordar que si están actualmente en curso un proceso de paz entre el estado colombiano y la FARC, al igual que con el ELN, que buscan la solución pacífica de la convivencia social y política de la sociedad. Por qué, entonces, no proponer una especie de justica económica transicional, o una especie de amnistía tributaria no solamente para aquellas personas de ‘bien’ que tengan una parte de sus fortunas escondidas para evitar pagar impuestos, sino también para aquellas personas que han realizados actividades ilegales (guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y otros) que por obvias razones también los tienen escondidos. Lo anterior para promover una convivencia económica que favorezca a todos los ciudadanos y no solo a unos cuantos que están determinados por influencias políticas, como por ejemplo los antiguos directivos o trabajadores de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes -DNE.

Hay que recordar que la UIAF -lo que le costó el puesto a su director del momento – calculó que la guerrilla movió alrededor de 10.500 millones de dólares en el año 2012; los dineros y bienes de muchos nacionales que están en Panamá, que le dieron el nombre a los Panama Papers o Papeles de Panamá, son recursos considerables que igualarían o superarían los de la guerrilla, que ayudarían a mitigar las cargas tributarias de los ciudadanos de base; lo anterior sin mencionar los dineros de narcotráficos que están aún ocultos y que por ahora no pueden ser conocidos por las autoridades; asimismo ayudaría y mejoraría en un futuro la eficiencia tributaria del Estado, pues ya existiría trazabilidad de los bienes declarados para ser fiscalizados en los años subsiguientes o venideros.

Permitir el blanqueo o la legalización de esos dineros con tal de que se pague un porcentaje considerable al Estado, lo cual generaría unos tributos sobre esos bienes ya legalizados posteriormente, es un debate que se debe abrir a toda la sociedad, para que haya un acuerdo nacional, para que todos opinen, pues si se puede negociar a veces los penas o las formas de sanción de actividades que atentan contra la integridad física y moral de las personas, que no siempre es la carcelaria, por qué no se puede negociar la legalidad de dineros ilícitos o mal habidos, que puedan salvar la financiación de estado que beneficiara a toda lo sociedad. Por lo menos, propongo, que sobre esta propuesta los ciudadanos se pronuncien en un plebiscito.

 

* Abogado, especialista en Derecho Administrativo y Derecho de los Seguros y experto en Derecho Aduanero y Regulación Cambiaria Internacional


 

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