La criminalidad en Cartagena, más allá de los atracos, y en casi toda la ciudad

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La mirada de los colombianos está puesta sobre Cartagena en los últimos días, y no solamente porque este lunes 26 de octubre millares de visitantes de todo el mundo, entre ellos decenas de jefes de Estado, arribarán a la ciudad a ser testigos presenciales de la histórica firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.

Lo está -además – porque en los últimos días varios hechos de violencia han tenido lugar en sectores de los estratos altos de la ciudad y no solo en los barrios marginados de la Ciudad Heroica.

Y en las últimas horas lo está -asimismo – porque, luego de que el alcalde de Cartagena prohibiera la circulación de motocicletas con parrilleros en siete barrios de la ciudad y ordenara que en las principales calles y avenidas se adelantaran requisas y se ejerciera una mejor vigilancia por parte de la Policía, se conoció que el pasado 27 de julio -hace casi dos meses – la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas -CIAT – había emitido una Alerta Temprana, ante la reinante inseguridad en la capital de Bolívar y por la urgente necesidad de tomar medidas de fondo ante la gravedad de la situación, tal como informó en primicia Revista Metro  en la nota ‘Por creciente inseguridad en Cartagena, Mininterior emitió Alerta Temprana, pero…’

Lo que más preocupa en diversos sectores es que de las recomendaciones realizadas por la CIAT, entidad que conforman delegados de los ministerios del Interior y de Defensa, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, del Comandante General de las Fuerza Militares y del Director de la Policía Nacional, entre otros, solo se hayan atendido, al parecer, las referentes a la restricción de los parrilleros.

En efecto, entre las recomendaciones contempladas en la Alerta Temprana emitida por la CIAT figura la implementación por parte de la Alcaldía de Cartagena de “medidas que restrinjan o prohíban el porte de armas en los barrios y sectores identificados en riesgo, así como la circulación de motocicletas con parrillero, especialmente en horas nocturnas”.

Pero lo dispuesto por la CIAT fue más allá al recomendar tanto a la Alcaldía de Cartagena como a la Gobernación de Bolívar que activaran, de manera oportuna, las rutas de protección a los líderes sociales “desde un enfoque diferencial”; se fortaleciera el funcionamiento de los CAI móviles; se incrementaran los patrullajes en horas nocturnas; se fortalecieran los dispositivos de seguridad y se “incrementaran las labores de inteligencia que contribuyan a la individualización y judicialización de los integrantes de las guerrillas y grupos armados ilegales y a la neutralización de las acciones de violencia”, entre otras acciones.

En total, fueron 17 medidas puntuales las recomendadas por la CIAT a la Alcaldía del Distrito, todas las cuales se fundamentaron en un preocupante informe presentado por la Defensoría del Pueblo que da cuenta de inquietantes hechos que van mucho más allá de la comisión de atracos y el mero uso de motocicletas  en los mismos.

El detallado informe de 34 páginas, al cual tuvo acceso este portal, advierte entre otras cosas que algunas  comunidades rurales enfrentan el peligro de ser obligados a salir de sus propiedades por amenazas de grupos ilegales; que numerosos pandilleros están siendo obligados a delinquir por órdenes de bandas organizadas, particularmente las bacrim; que bandas criminales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, Los Rastrojos y Las Águilas Negras, entre otras, ejercen control sobre vastas zonas de la ciudad; que en las extorsiones, atracos y homicidios  que se cometen es cada vez mayor el uso de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares; que algunos delincuentes comunes se hacen pasar por miembros del Clan de los Úsuga para chantajear a sus víctimas, en ocasiones amenazándolos con inventar información con el fin de dañarles la imagen; que los frecuentes apagones, por el pésimo servicio prestado por Electricaribe, inciden en el incremento de la criminalidad; y que en varios barrios se obliga a las mujeres a abandonar los procesos de liderazgo, so pena de secuestrar o asesinar a sus hijos”.

De acuerdo con el informe de la Defensoría, “en especial condición de riesgo por presencia de grupos armados posdesmovilización y organizaciones criminales no identificadas en la zona urbana del Distrito de Cartagena, se encuentran los habitantes de 40 barrios pertenecientes a las tres localidades (es decir 355.527 personas aproximadamente, según Proyecciones Censales a 2012 del DANE y de la Secretaría de Planeación de Cartagena), especialmente niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres. Las familias que habitan estas zonas registran altos niveles de pobreza y Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y están compuestas por extensos núcleos familiares”.

Según la Defensoría, los barrios donde existe este grave riesgo son Palestina, Pablo VI, Lo Amador, Torices (sector Lomas de Peyé), Daniel Lemaitre (sector Las Lomas), San Francisco, Barrio Chino, Bosquecito, San Isidro (medio y bajo), Altos de San Isidro, y El Bosque (sector El Zapatero y Juan Pablo II), en la Localidad Histórica y del Caribe Norte.

De igual forma, Boston, La Candelaria, La Esperanza, La María, La Quinta, El Pozón, Fredonia, Flor del Campo, Nuevo Paraíso, Olaya Herrera, Urbanización Colombiatón, Vila Estrella, República del Líbano, en la Localidad de la Virgen y Turística.

Y asimismo, Arroz Barato, Ceballos, Policarpa, San José de los Campanos, Nelson Mandela, La Sierrita, El Educador, Henequén, Urbanización La Carolina, Ciudad Bicentenario, La Carolina, Torres de Bicentenario y Villas de Aranjuez, en la Localidad Industrial y de la Bahía.

En la localización geográfica del riesgo de la Defensoría aparecen también los corregimientos de La Boquilla, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande y Pasacaballos.

La lucha por la tenencia de la tierra

Entre los muchos factores de riesgos advertidos por la Defensoría figura la ancestral lucha por la propiedad de la tierra, agravada ahora por la participación de grupos de criminales en la misma.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público evaluado por la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas -CIAT, “en el caso de Cartagena, se encuentran en riesgo las comunidades afrodescendientes que habitan en zonas costeras, playas y playones, como consecuencia de las intimidaciones y acciones violentas que buscan que la población nativa abandone las tierras ancestrales”.

Según la Defensoría, “esta situación la han querido reducir a un asunto de confrontación entre propietarios y poseedores. No obstante, a la luz de los hechos que se han presentado, se podría establecer la presión ejercida por parte de actores armados, que estarían siendo utilizados para buscar, a través de presiones, que las comunidades étnicas abandonen forzadamente los terrenos, siendo despojados o presionados a vender a precios bajos”.

Contexto:

 

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