Investigan sucesivos hechos de corrupción en la Secretaría de Hacienda del Distrito

hacienda

La Fiscalía Seccional de Cartagena libró sendas órdenes de captura contra los integrantes de una supuesta red de servidores públicos que pedían dinero a cambio de la prescripción o exoneración de impuestos a ciertos contribuyentes. Ya hay varios detenidos y se espera la aprehensión en la próximas horas de varios más. 

En la Plaza de la Aduana, a pocos pasos del edificio Andian, durante la administración de Judith Pinedo Flórez fueron instalados unos filtros anaeróbicos: unas chimeneas con carbón en su interior para disminuir el hedor proveniente de las alcantarillas. A pesar de ello, como puede constatarlo cualquiera que pasé por allí, la pestilencia que se siente en los alrededores es permanente, y quienes saben que a pocos metros funciona la Secretaría de Hacienda del Distrito y han oído que en ésta operan unos supuestos carteles de las exenciones de impuestos podrían decir, haciendo gala del tradicional buen humor caribe, que la fetidez emana de esa dependencia.

El hecho es que desde hace décadas se asegura que ciertos funcionarios, mediante argucias de la más diversa naturaleza, favorecen ilegalmente los intereses de algunos contribuyentes a cambio de coimas millonarias.

Por ello no causó mucha extrañeza en los círculos políticos locales que en septiembre de 2014 fueran capturados un funcionario y un exasesor de la Secretaría de Hacienda de Cartagena: Ronald Puello Ochoa y Frank Carrascal Castaño, acusados del delito de concusión.

Tampoco que en los últimos días la Fiscalía Seccional de Cartagena haya librado orden de captura contra otro grupo de individuos. Ni que como resultado de esas órdenes hubieran sido detenidos Yésica Gómez Sánchez, Roberto Lorduy Escalante, Hawin Argel Rodríguez, Billy Hiddes García y Ricardo Moscote Cásseres, cuyas aprehensiones fueron debidamente legalizadas. Ni que, asimismo, tres personas más fueran aprehendidas luego de entregarse a las autoridades, entre ellas Ronald Puello Ochoa, quien como se dijo había sido detenido hace dos años. A este le legalizaron la captura, pero los otros dos -que se sepa – aún no habían sido presentados ante el juez de control de garantías. Como en el caso de los dos detenidos hace dos años, a los capturados en los últimos días se les imputa el presunto delito de concusión.

Lo que se supo es que, como consecuencia de las indagaciones que adelantaba desde hace dos años con el fin de desarticular la supuesta red de servidores públicos cuyos integrantes pedían dinero a cambio de la prescripción o exoneración de impuestos a ciertos contribuyentes, la Fiscalía tiene claro cuál es el modus operandi del cartel de las prescripciones y las exoneraciones de la dependiencia.

De igual forma, como resultado de la infiltración de un agente encubierto en las dependencias de la Secretaría de Hacienda, en el marco de una operación -denominada ‘Tributo’ – en la cual participaron actores de varias entidades estatales, el ente fiscalizador sabe bien quiénes hacían o hacen parte de esa red o cartel directa o indirectamente y quiénes fueron o son sus determinadores.

El que no conoce la historia…

A finales del año 2012, una discusión pública entre los concejales Andrés Betancourt González y Duvinia Torres Cohen retrató de cuerpo entero lo que podría estar sucediendo en la Secretaría de Hacienda del Distrito desde hace varios años.

En plena sesión del Concejo, el cabildante conservador denunció presuntas irregularidades al interior de la Secretaría de Hacienda, asegurando que tenía en su poder documentos que probaban que unos funcionarios venales falsificaron firmas para propiciar prescripciones y, al parecer, exoneraciones y conciliaciones. Sin embargo, las denuncias de Betancourt fueron rechazadas de manera enérgica por la concejal del Partido de La U, señalada para esa época de ser la madrina política del jefe de Impuestos de la cuestionada dependencia.

Poco después, por los días en que Bruce Mac Máster Rojas entregaba a Carlos Otero Gerdts el cargo de alcalde de Cartagena, habría de saberse que tanto el uno como el otro le pidieron a la entonces secretaria de Hacienda, María Estela Larios, que continuara al frente del cargo al que había renunciado protocolariamente, y que esta había puesto una condición: que se hicieran unos cambios urgentes en el equipo financiero de la entidad. El hecho es que, tal como lo informó este portal, los ajustes propuestos no se realizaron y Larios, finalmente, renunció de manera irrevocable.

Dos años después, como se dijo: en septiembre de 2014, fueron capturados en un conocido restaurante del Centro Histórico de la ciudad un funcionario de planta y un exasesor de la Secretaría de Hacienda. Lo que para la fecha se aseguró en corrillos y otros escenarios públicos era que, para las autoridades, se trataba del primer gran golpe al llamado ‘cartel de las prescripciones’.

Sin embargo, los ‘ruidos’ en la Secretaría de Hacienda siguieron siendo objeto de comentarios en diversos lugares. El fantasma del mencionado ‘cartel’ -se decía – rondaba aún por los bajos del viejo edificio Andian.

Unas indagaciones realizadas por Revista Metro permitieron conocer que, además de presuntos hechos de corrupción en torno a las prescripciones, exoneraciones y conciliaciones, se estaban dando otros casos que las distintas autoridades, con las pruebas aportadas, también debían investigar.

Uno de los hechos más llamativos fue la suscripción de un contrato cuyo objeto fue la “prestación de servicios profesionales de asesoría especializada para rendir informes de ejecución presupuestal de ingresos, gastos de funcionamiento e inversión y servicio a la deuda de la vigencia fiscal de 2014”.

El contrato, por la suma de $290 millones, amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 87 y con el Registro Presupuestal número 349 de marzo 25 de 2015, fue suscrito el 21 de abril de 2015 por el entonces secretario de Hacienda Carlos Granadillo Vásquez con la firma barranquillera ‘Investigaciones y Consultoría Social Ltda.’, representada legalmente por Mónica del S. Corvacho Orcasitas.

Según se dijo en su momento, lo grave de este caso es que “se trata de unos informes que son presentados cada trimestre (…) por los propios empleados de la Alcaldía (…)” y “lo más escandaloso es que el último de los informes de la vigencia de 2014, que fue lo que se contrató, se presentó el 15 de marzo de 2015, y el registro presupuestal del contrato suscrito es de marzo 25” de ese mismo año.

De acuerdo con varias fuentes, aunque entre los detenidos hay personas conocidas en los círculos políticos, cuando se conozcan los nombres de los restantes cobijados por las órdenas de captura habrá más de una sorpresa.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial