Invasión del lote La Concordia, otro ‘chicharrón’ heredado del gobierno del ‘Ahora Sí’

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La finca La Concordia, en jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos, utilizado durante varios meses como sitio de disposición final de residuos sólidos por la empresa Tirsa S.A. durante la Administración de Carlos Díaz Redondo, fue adquirida por el Distrito de Cartagena con el fin de tener a su disposición un terreno donde depositar sus desechos en un futuro, en virtud de lo establecido en su Plan de Ordenamiento Territorial (<<< leer ‘Se desbordan las basuras’).

En el POT de Cartagena se establece como área para desarrollar proyectos de disposición final de residuos sólidos los contemplados dentro de las coordenadas 10º 16′ 21″ norte y 75º 29′ 10″ este. Justamente, en las cuales están localizadas La Concordia y el Parque Ambiental Loma de los Cocos, donde funciona actualmente el relleno sanitario de Cartagena. De hecho, los dos lotes colindan entre sí.

Con esas previsiones, durante el gobierno de Judith Pinedo Flórez se convino con la empresa Caribe Verde, operador del actual relleno sanitario, que esta se encargara de hacer un permanente seguimiento ambiental al área de 61 hectáreas donde la empresa Tirsa había depositado toneladas de residuos sólidos, y en general de realizar una constante vigilancia al terreno de propiedad del Distrito.

No obstante, durante la Administración de Campo Elías Terán, el seguimiento ambiental y la vigilancia de La Concordia volvió a pasar a manos del Distrito. A pesar de que un informe de interventoría y una resolución de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -Cardique de finales de 2010 coincidieron en advertir -palabras más, palabras menos – que en el lote existían “factores de vigilancia, saneamiento ambiental, seguimiento al comportamiento de la masa de relleno que no pueden desconocer los impactos o posibles alteraciones ambientales al recurso hídrico”, y que en consecuencia el Distrito debía “realizar acciones urgentes sobre el antigua relleno de La Concordia”, desde el año 2012 el terreno quedó expuesto a todo tipo de contingencias.

E -inevitablemente – ocurrió lo que se temía. Durante el gobierno de Dionisio Vélez Trujillo, el terreno utilizado en su momento como lugar de disposición de basuras, al lado del Parque Ambiental Loma de los Cocos, el actual relleno sanitario de Cartagena, comenzó a ser invadido por decenas de familias.

Y, peor aún: desatendiendo los protocolos legales en materia de clausura y postclausura de rellenos sanitarios, advertidos reiteradamente por la autoridad ambiental, las autoridades civiles y policiales no sólo permitieron la ocupación ilegal de La Concordia; además, inopinadamente, determinaron que el asentamiento humano fuera objeto “de acciones de mejoramiento” por parte de contratistas del propio Distrito.

Mediante un contrato de obra por valor de $2 mil 259 millones, suscrito el 14 de septiembre de 2015 por el entonces alcalde de la Localidad Industrial y de la Bahía, Pedro Buendía Elles, y el representante legal del Consorcio Obras de Mantenimiento, Vladimir Marrugo Devoz, se convino la construcción de varias obras de saneamiento básico en los corregimientos de la Localidad No. Tres, entre ellas una torre con un tanque elevado para el suministro de agua para uso de los invasores.

Este portal tuvo acceso a un informe de interventoría que da cuenta de que en la finca La Concordia se establecieron 43 parceleros, varios de los cuales realizan sembrados de pancoger sobre el antiguo relleno, con el peligro que ello encierra, y que “actualmente en este terreno se está desarrollando un proyecto para llevarles agua potable a los invasores mediante un contrato de obra adjudicado por la Alcaldía de la Localidad No. Tres”.

En su informe, suscrito el pasado 28 de junio y dirigido a la secretaria general de la Alcaldía, Luz Estela Cáceres, el director de la Interventoría, Arturo Vásquez Vásquez, denuncia que “dicha situación va en contra de restricciones establecidas en la normatividad vigente”.

“Los programas y proyectos de los Planes de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), de acuerdo a la metodología 754 de 2014, se proyectan a 12 años, por lo que en la estructuración del componente de disposición final del PGIRS de Cartagena se estableció la identificación, localización y adquisición de un lote para el futuro sitio de disposición final acorde a las especificaciones del POT vigente”, advirtió el interventor; “por lo anterior se recomienda mantener y conservar este sitio para proyectar la ampliación del actual sitio de disposición final”.

En su oficio, el servidor público conceptúa que “es necesario recuperar este sitio y conservarlo para darle a futuro su uso de acuerdo al normatividad vigente y al uso del suelo establecido en el POT de Cartagena, la cual es como sitio de disposición final de residuos sólidos”.

“Los cartageneros podrían verse afectados”: personero

Sobre la cuestionada omisión del anterior gobierno de cuidar con diligencia un lote de su propiedad y, por el contrario, propiciar la consolidación de unos asentamientos humanos sobre unos terrenos en los cuales hay depositada basura y -además – a pocos metros del actual relleno sanitario, el personero de Cartagena, William Matson Ospina, en su calidad de ministerio público, también llamó la atención del gobierno de Manolo Duque Vásquez.

En carta enviada al alcalde Duque y a su secretaria general, delegataria de la vigilancia de los servicios públicos domiciliarios locales, el personero hace referencia a “las intervenciones que ha tenido el predio La Concordia”, las cuales “no han sido de público conocimiento y (donde) al parecer existe en progreso algún programa de facilitación formal de vivienda o mejoramiento de vivienda por parte de la Alcaldía”, y solicita que “el Distrito conozca con toda seguridad el estado real de los sitios con potencial para seguir recibiendo residuos sólidos, ya que una vez agotada la vida útil del actual relleno los cartageneros podrían verse afectados”.

En su oficio, fechado el pasado 25 de julio, el personero invita a Duque y a Cáceres “a dirigir su atención a estos aspectos, para evitar posibles situaciones de emergencia sanitaria o desprogramación de este servicio esencial”.

Cardique, también preocupada

Mediante Resolución 0016 del 12 de enero de 2016, el director de Cardique, Olaff Puello Castillo, requirió al alcalde Manolo Duque para que “de manera inmediata presente ante esta corporación un informe detallado acerca de las actividades y obras contratadas para la vereda La Concordia, antiguo relleno sanitario Tirsa”.

A la autoridad ambiental, según se desprende de un concepto técnico citado en la misma resolución, le preocupa que se estén adelantando unas obras “sobre un terreno el cual fue utilizado como relleno sanitario y en (el cual) Cardique no registra clausura del mismo”.

¿Y la Superintendencia de Servicios Públicos?

En la mayoría de los documentos a los cuales este portal tuvo acceso, relacionados con el nuevo ‘chicharrón’ que hereda la Administración de ‘Primero es la Gente’ del gobierno del ‘Ahora Sí’, se señala que copia del mismo se envía a la Superintendencia de Servicios Públicos, responsable de la vigilancia -entre otros – de la correcta prestación del barrido, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en todo el territorio nacional.

Para el veedor ciudadano Mario Salvador Andrade, director de la corporación El Ojo que Grita, “es necesario que la Superservicios intervenga en este caso, ya que Cartagena está corriendo el riesgo de perder un lote estratégico para garantizar hacia el futuro ese servicio esencial por la omisión o las acciones equivocadas de unos funcionarios”.

 

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