La ESE Cartagena de Indias sigue ‘tercerizando’ a su personal médico

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Por Ana María Cuesta.

Una orden de pago aplacó a un grupo de médicos que casi se declaran en desobediencia el último viernes de octubre.

Esa tarde convocaron a un cese de actividades y a la atención exclusiva de las urgencias vitales en los 43 centros de salud públicos, para lograr que la empresa KSC Suministros pagara al personal asistencial de la ESE Cartagena de Indias -aproximadamente 500 funcionarios en urgencias, odontología y consultas externas – el saldo atrasado de septiembre.

Varios médicos, que prefieren la reserva de su identidad, instaron a la protesta sugiriendo que esta empresa de servicios temporales, representada legalmente por Karina Sulbarán Cantillo, “se va a declarar en bancarrota y dejará de pagar lo que debe”; esto contempla cesantías, que aparentemente nunca han sido canceladas, liquidaciones y otros aportes con años o meses en mora.

De esto puede dar fe la bacterióloga Eliana Ramírez Castaño, quien trabajó dos años en el laboratorio del CAP La Esperanza y anunció que demandará a KSC. Asegura que sus cesantías no aparecen en Porvenir, donde confió que estaban; que le deben la liquidación y dos primas proporcionales. “Nuestro abogado dijo que si ellos se declaran en quiebra, la empresa -ESE – debe ser solidaria con el empleado”. Su esposo calcula que pueden obtener al menos $10 millones por el no pago de los intereses de las cesantías.

Ante una eventual protesta, la gerente de la ESE, Verena Polo Gómez, convocó ese viernes a una reunión con Santiago Díaz Escalante, gerente de KSC y esposo de Sulbarán, quien la misma tarde mandó a cancelar el último mes vencido para resarcir el alboroto que -además – causó Juan Carlos Díaz Villalba, gerente encargado e hijo de Santiago, al asegurar, en una carta dirigida a sus empleados, que el último retraso se atribuía a las deudas de la ESE.

El contrato con KSC finaliza el 30 de octubre. Y con ello casi 10 años de relación entre la ESE y ese matrimonio consentido, que contrató además, a través de la empresa Diservi, unos $7 mil millones entre 2005 y 2008. La revista Semana asegura que estas sociedades concentraron en la vigencia 2009 el 30% del total de lo contratado. (Ver artículo)

Polo Gómez cree que con la nueva contratación se libra de uno de los muchos “dolores de cabeza” que heredó de la administración de Salim Hadechini, con este punto aparte que, de acuerdo con lo informado por Santiago Díaz -refiriéndose al último contrato suscrito – tuvo un costo de $2 mil millones y tardó cuatro meses su ejecución.

Dice que el mayor problema con la firma KSC -cuestionada por la Contraloría por irregularidades en la vigencia 2008 -, fue el atraso de los pagos. “Él (Santiago Díaz) debe tener el músculo financiero para poder responder. Yo no puedo ser su banco. Él debe tener capacidad para pagar hasta dos meses”.

Por eso fortaleció los pliegos para el nuevo contrato, con el fin de evitar irregularidades reincidentes; pero, inconscientemente, fortaleció a un solo oferente, que es lo que se infiere de las observaciones de las empresas Coltempora S.A. y la misma KSC, que pidieron, cada una por su lado, que se suspendiera el proceso y que se declarara desierto. Pretensiones que fueron negadas.

“Estamos hablando de una empresa consultora que nos preste un servicio en salud, no una de servicios temporales común”, asegura Jaisil Mendoza, miembro del comité que aprobó la única oferta presentada en los escasos cinco días que hubo entre la convocatoria y el cierre del proceso: Endosalud de Occidente.

Endosalud ¿Una empresa cuestionada?
El 29 de octubre se adjudicó a Endosalud un contrato de dos meses, que inicia el 1 de noviembre, por $3.326 millones. Según los contratantes, su objetivo no es suministrar trabajadores en misión, como se acostumbraba, sino ejecutar procesos del personal asistencial con la distribución de horas/trabajo.

Con la nueva directriz, un médico ganaría por hora entre $23.733 y $30.078, y una enfermera $12.916; sin embargo, se desconoce cómo se va a aplicar este nuevo sistema. La sumatoria de las horas contempladas para el personal en este nuevo contrato arroja $1.720.518.486; vale la pena indagar si el resto es ganancia particular, o corresponderá a parafiscales. Hay incertidumbre entre el numeroso personal que deja KSC, pues algunos temen quedarse por fuera.

La bacterióloga Eliana Ramírez Castaño asegura que la sacaron de la ESE tras regresar de unas vacaciones en septiembre pasado. “Hay mucho movimiento político, cada quien organiza sus hojas de vida. Pero me dijeron que esperara hasta el primero de noviembre, que ellos mandan una lista”. Habla de su situación -indignada – porque está por fuera; “hay quienes temen que se vea afectado su trabajo”.

De Endosalud poco se conoce en Cartagena. Creada en 2008, esta sociedad ha obtenido millonarios contratos con varios hospitales del Valle del Cauca. Su representante legal, Martha Cecilia Caracas Montaño, representó también la Cooperativa de Trabajo Asociado Fénix Salud, sancionada en 2011 por el Ministerio de Protección Social con una multa de más de $1.874 millones -resolución 0040 de 2011 -. El exconcejal de Palmira Armando Gómez Rayo provocó esa sanción denunciando que esa CTA dejó de pagar compensaciones mensuales y aportes al sistema de seguridad social, en el hospital San Vicente de Paul.

Según reporta la prensa de Palmira, en septiembre de 2011, la entonces concejala Eugenia Muñoz Fernández realizó un debate citando que Fénix Salud solo “cambió de razón social”. Que el cambio se hizo para “burlar las nuevas normas legales que prohíben contratar con las CTA, empresas que -por cierto – se han distinguido por ser malas pagas a su personal vinculado”.

En un comentario editorial de Raúl Ospina Giraldo, Presidente de la asociación local de usuarios de Coomeva, se cuestiona la cercanía entre la senadora de La U, Dilian Francisca Toro, con Martha Caracas. En diversos foros virtuales se deja en entredicho esa alianza. (Ver Nota Caracol Radio)

Endosalud abrió sucursal en Cartagena el pasado agosto. Hasta el momento se desconoce sobre sus enlaces locales, aunque -de manera seguramente casual – los rumores apuntan todos hacia la misma parte.

Anthoc rechaza la nueva ‘tercerización’
Roberto Bustamante, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Salud Anthoc-Bolívar, rechaza la selección de un nuevo operador para ‘tercerizar’ a los empleados de la salud. Considera que la Ese Cartagena incumple las sentencias que ordenan la creación de cargos permanentes -c614 de 2009 reafirmada por la c171 de 2012 -.

“La estabilidad laboral en la ESE es muy pírrica. Se dice que la ESE paga unos recursos y los trabajadores tercerizados reciben unas cuantías mucho menores, entonces se da una explotación”, afirma.

Según su gerente, Verena Polo, en la ESE trabajan aproximadamente 800 funcionarios. Los administrativos están subcontratados por un consorcio que hasta el momento no ha representado inconvenientes: Salud Caribe.

Santiago Díaz no responde al teléfono. Sobre la carta enviada por el gerente suplente de KSC, atribuyendo el último retraso a las deudas de la ESE, Díaz ha dicho que él mismo envió otra para desvirtuar los rumores. Después de la reunión del viernes con la gerente de la ESE, un grupo de médicos le recibió a la salida; le tomaron del pelo; bromearon con un nombre que para ellos describe la situación que han vivido por meses: La K-ESE-C. Quisieron saber si volvería, otro día, a ‘tercerizar’: “Yo he salido tres veces de la ESE y otra vez he entrado. ¿Cierto?”, dicen que respondió.

 

 

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