#Archivo: El espacio público de San Diego no se medirá con la misma vara que el de Getsemaní

Marzo 6 de 2016

El alcalde Manolo Duque Vásquez, atendiendo el clamor de un sector de la ciudadanía que veía cómo, cada día más, el espacio que es de todos era invadido por unos cuantos, ordenó realizar los desalojos a que hubiera lugar.
 
Los primeros operativos se realizaron en Getsemaní, cuya comunidad vio cómo, de un día para otro, las aceras que habían sido tomadas por bares y restaurantespodían volver a usadas por los transeúntes.
 
Y aunque no se vio que ocurriera igual en otros barrios, como San Diego, la explicación que dio la Administración satisfizo a quienes, a través de las redes sociales, protestaban por lo que consideraban un tratamiento inequitativo.
 
En entrevista concedida al portal La Silla Caribe, el alcalde Manolo Duque Vásquez señaló que unos negocios en las plazas de San Pedro y Santo Domingoy otros en el parque Fernández Madrid tienen permisos concedidos por la anterior Administración, pero que los del parque de San Diego “no tienen permiso para cerrar la vía”. “Nosotros en eso no tenemos contemplaciones porque no podemos medir con un rasero a la clase alta y con otro a la clase baja”, dijo el mandatario  tras advertir que quienes no tuvieran el espacio concesionado iban a ser desalojados.
 
Lo que ElMetro.Com pudo saber sobre el tema es que quienes venían utilizando las calles que circundan el parque de San Diego lo hacían amparados en unos permisos que cada tres meses le expedía el gobierno anterior, y que, como el vencimiento del último de ellos era el 28 de febrero de 2016, la decisión que se tomó en la Alcaldía fue esperar que llegara esa fecha.
 
“Aunque a todas luces es ilegal que invadan ese tipo de espacio público con fines de lucro, y fue una viveza que se expidieran permisos renovables para saltar sobre la norma que establece que estos deben ser temporales, lo que se decidió fue esperar que venciera el último de esos permisos”, reveló para esos días una fuente de la Secretaría del Interior.
 
Y como “no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”, como señala el famoso refrán, el 28 de febrero llegó y -en efecto – ese día, y los días subsiguientes, las calles aledañas al parque de San Diego permanecieron despejadas para el uso y disfrute de toda la ciudadanía.
 
No obstante, los dueños de los bares y restaurantes del lugar sacaron un as que tenían debajo de sus mangas para exigir que el Distrito cierre -nuevamente – las calles y poder colocar en ellas -otra vez – sus sillas y mesas, aunque en esta oportunidad pagando por ello una suma a título de alquiler.
 
A pocos días de finalizar la pasada Administración, a los comerciantes se les expidió una licencia que les permite el usufructo de las calles aledañas al parque de San Diego, y el gobierno distrital deberá -en consecuencia – firmar con ellos un contrato de alquiler de las mismas. 
 
“Sí, es cierto; aunque parezca mentira, Manolo (Duque) deberá arrendarles esas calles a Juan del Mar y los demas restauranteros, y ya está preparando lo pertinente con las dependencias respectivas”, reveló un funcionario que pidió reserva de su nombre. Según dicha fuente, “el 28 de diciembre pasado, la secretaria de Planeación, Dolly González, por orden del alcalde Dionisio Vélez y asesorada por un arquitecto pariente de este, de apellidos Correa Vélez, no recuerdo su nombre, expidió una licencia para que esas calles pudieran arrendarse”.
 
Al preguntársele con base en qué Ley una Administración cualquiera podía negociar una vía con unos particulares, si las normas son claras en cuanto a que una calle sólo puede ser usada de manera temporal para un fin distinto a su uso por parte de vehículos y peatones, la fuente respondió: “pues fíjese el invento: dizque porque esas no son calles sino las partes laterales de una plaza”. Para el funcionario, “esto tampoco se puede, porque en todo caso el cambio de uso de un bien público tiene que pasar necesariamente por el Concejo, y ello no ocurrió”.
 
“Lo que le puedo decir es lo siguiente: en la Administración hay dos bandos; el uno dice que hay que hacer el contrato para no meterse en líos con Juan del Mar, y el otro piensa que ese es un exabrupto que podría meter en líos a Manolo (Duque), y por ello lo mejor es, ante un hecho tan abiertamente ilegal, proceder a instaurar una Acción de Lesividad“.
 
La advertencia del mandatario
 
Cuando el alcalde Manolo Duque ordenó realizar los desalojos a que hubiera lugar, atendiendo el clamor ciudadano que le pedía evitar que algunos aprovechadoscontinuaran invadiendo el espacio público, el primer lugar donde se cumplió su mandato fue Getsemaní, un barrio que simboliza la lucha libertaria de los cartageneros. “He dado indicaciones a la Oficina de Espacio Público para que serecuperen zonas que hayan sido apropiadas de manera indebida por particulares”, fue la tajante advertencia del máximo líder de ‘Primero es la Gente’ (<<< leer ‘El alcalde promete que Getsemaní “será territorio de armonía social”‘).
 
Cumpliendo lo ordenado por el mandatario de todos los cartageneros, el secretario del Interior, Fernando Niño Mendoza, y la jefe de la Oficina de Espacio Público y Movilidad, Carolina Lenes Arreola, comenzaron a realizar operativos tendientes a desalojar a los comerciantes formales e informales que habían invadido las calles y aceras de varios barrios de Cartagena (<<< leer ‘Distrito continúa recuperando el orden público en Getsemaní’).
 
En general, que se reordenara el uso del espacio público y se recuperaran zonas literalmente invadidas por particulares fue bien recibido por la comunidad, tal como se mostró en los distintos foros virtuales. No obstante, varios foristas comenzaron a inquietarse al ver que se actuaba con prontitud en casos que comprometían a vendedores informales y en general a ciudadanos sin otra fuente de subsistencia (<<< leer ‘Realizan operativos para la recuperación del espacio público en Cartagena’), pero en varios lugares, entre estos calles como algunas en San Diego, seguían siendo utilizados por comerciantes formales.
 
A través de su cuenta en Facebook, el conocido líder cívico Antonio Coquel señaló que era urgente “despejar la calle de La Tablada, en San Diego, ya que, de manera arbitraria, la anterior administración, a través del señor Adelfo Doria, comercializó la peatonalización de calles, lo mismo que el Parque de San Diego, donde, a pesar de un fallo del Consejo de Estado que prohibe el cierre de calles, el anterior gerente de Espacio Público hizo lo que le vino en gana”.
 
“Un pésimo mensaje”
 
Cada cierto tiempo, dependiendo de varios factores -entre ellos el tipo de relación que se tenga con el Ejecutivo y los nombres de quienes desempeñen ciertos cargos en el momento- la invasión del espacio público es objeto de debate en el Concejo de Cartagena sin que, finalmente, se tomen acciones sobre el tema (<<< leer ‘Concejales piden revisar el apadrinamiento de parques, plazas y plazoletas).
 
Sobre la ocupación de hecho que se venía dando en las calles aledañas al parque de San Diego, lo grave, como se advertía a través de las redes sociales, es que se enviaba un pésimo mensaje a la ciudadanía. Mientras gran parte de los esfuerzos del gobierno se encaminaban a evitar que el espacio público fuera invadido por vendedores ambulantes y estacionarios, en algunos lugares exclusivos los esfuerzos de los brigadistas de la Oficina de Espacio Público y Movilidad Urbana, de los agentes del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte y de las unidades de la Policía Nacional se centraban en colocar unas vallas de propiedad del Distrito para cuidar que nadie inoportunara la invasión de unas calles (<<< ver Fotografías).

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