Incoherencia Ad Hoc

Por Anthony Sampayo Molina *

En columna anterior: Súperfiscal, crisis y oportunidad (hacer click), se resaltaron ciertos aspectos legales que convierten a la Fiscalía General de la Nación en una entidad desbordadamente poderosa e incompatible con la estructura del sistema judicial colombiano. Hoy, con la crisis por la que atraviesa el país en el caso Odebrecht, las pretéritas reflexiones cobran aún más vigencia.

Resultó impresionante ver al fiscal general, un funcionario aparentemente de la Rama Judicial, en pleno Congreso de la República, dando un portentoso discurso político en un debate de control, convocado por los senadores Gustavo Petro y Jorge Enrique Robledo y que no se sabe a ciencia cierta a quien iba dirigido. El mismo fiscal lo dijo: no es correcto que los organismos jurisdiccionales concurran al Congreso a rendir cuenta de sus actuaciones, eso atenta directamente contra la independencia de la Rama Judicial y desnaturaliza sus funciones. El fiscal Néstor Huberto Martínez concurrió en calidad de invitado, justamente porque sobre sus actuaciones el Congreso no puede ejercer un control ni pedir cuentas, lo cual nos colocaba en un ‘debate’ absolutamente atípico, concebido como supuestamente de control político pero en realidad dirigido a nadie; uno donde el principal protagonista ostenta al mismo tiempo calidades políticas y jurisdiccionales, y dependiendo de la ocasión, echa mano de una u otra característica; un gobierno representado por la ministra del interior, también en calidad de invitada, y que se limitó a decir que dejaba todo en mano de la justicia, que entre otras cosas, la encabeza en cierta medida la otra persona ‘invitada’; estábamos presenciando una escena repulsiva tanto democrática como jurídicamente, la cual sirvió para reforzar la ya firme creencia de que se requiere una reforma estructural.

Y como lo que nace mal continúa mal, para corregir en algo el embrollo en que estamos metidos, se inventaron la genial solución de nombrar un fiscal Ad Hoc para los casos relacionados con Odebrecht, una propuesta que no tiene ni pies ni cabeza y lo único que demuestra es que no sabemos para dónde vamos.

¿Qué sentido tiene ese nombramiento? ¿Es que acaso el fiscal general de la Nación es el que investiga, estudia y litiga a favor del Estado en ejercicio de la acción penal? ¡Pues no! Esa es una tarea que desarrollan los fiscales delegados, cientos de abogados penalistas, con experiencia y capacidades en esta rama del derecho que los habilita para ejercer dicho rol, los cuales apoyan su labor en distintos entes tanto técnicos como científicos, llámese CTI, Medicina Legal, Dijin, Sijin, etc., y que a conforman el equipo que representa al Estado al momento de ventilar los casos ante los jueces de la República.

El que está impedido es el señor Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación, no los fiscales delegados que son los que adelantan las distintas investigaciones; a través de este mecanismo, teniendo en cuenta el procedimiento que se ha utilizado (la elaboración de una terna que el presidente de la República envía a la Corte para que esta elija al que considere más idóneo), lo que se está nombrando es un fiscal general de la Nación paralelo al existente; ¿pero acaso este parafiscal’ va a dirigir también una ‘parafiscalía’ nombrando funcionarios, policías judiciales, peritos e incluso un fiscal delegado que concurra a las distintas audiencias, o por el contrario, lo hará él directamente ostentando la doble calidad de fiscal general ad hoc y fiscal delegado? Aceptar el impedimento del fiscal General y apartar de los procesos a aquellos fiscales delegados que han ido encabezando los distintos procesos, en particular el del caso Odebrecht, no es más que una forma tácita de reconocer un problema que en anterior columna se resaltó, y es que en realidad la supuesta independencia de los fiscales con respecto a su jefe no existe, y no existe justamente por la inestabilidad laboral que impera en la entidad.

Todo debe iniciar por una vinculación a través de carrera judicial de los distintos fiscales del país, e incluso considerar que los fiscales delegados ante la Corte Suprema lo sean por un periodo de tiempo determinado como lo son los magistrados y que lleguen a dicho cargo a través de un concurso de mérito; solo de esta forma se garantiza en mayor medida que la entidad no estará sometida a los avatares que traiga consigo y determine el fiscal general de turno. Una verdadera carrera donde el ascenso sea fruto únicamente del trabajo y en el que tantos excelentes funcionarios que se hallan al interior de dicha entidad no vean frustradas sus metas por cuestiones políticas.

Se insiste, hay que sacar a la Fiscalía General de la Nación de la Rama Judicial e incorporarla, conforme a lo que su naturaleza dicta, a la Rama Ejecutiva. Sustraer por esa misma vía cualquier injerencia de la Corte Suprema en el nombramiento del fiscal, y que sencillamente sea nombrado directamente por el presidente, sometiéndolo a los mismos controles aplicables a los ministros del Despacho  y proceder a fortalecer la independencia y majestad de los jueces frente al ente acusador, iniciando por quitarle la facultad de investigarlos.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

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