¿De qué acusa la Fiscalía a los seis capturados por supuestas irregularidades en el PAE?

La Fiscalía General de la Nación -como ya se sabe – capturó ayer (miércoles 5 de diciembre) al exsecretario de Educación del Distrito de Cartagena de Indias, Germán Sierra Anaya, a la supervisora de la Alcaldía -adscrita a la Secretaría de Educación distrital – Mayiris Gómez Ballestas, a las representantes legales de la Fundación Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Comunitario Redcom-, Gladys Muñoz Bravo, y del Consorcio Preescolares-2016, Sandra Mercado Santoya, y al empresario David Camacho Benítez.

Los dos funcionarios: Germán Sierra y Mayiris Gómez, y los tres particulares: Gladys Muñoz, Sandra Mercado y David Camacho, al igual que el exalcalde de Cartagena, Manolo Duque Vasquez, quien tras conocer que también tenía una orden de captura en su contra se entregó en las instalaciones de la Fiscalía Seccional de Cartagena, son señaladas como presuntas responsables de incurrir en irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar –PAE – en la Ciudad Heroica.

El 29 de julio se adjudicó a Consorcio Preescolares-2016 un contrato por $15.831 millones para la “prestación del servicio de alimentación escolar para niños, niñas, adolescentes y jóvenes focalizados, registrados en el sistema de matrícula Simat, como estudiantes oficiales en la ciudad de Cartagena”

De acuerdo con fuentes del ente investigador, a Sierra Anaya se le imputarán los delitos de prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y delitos en calidad de autor y a título de dolo.

A Gómez Ballestas se le acusará de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación a favor de terceros.

A Muñoz Bravo se le procesará por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público en calidad de coautora interviniente a título de dolo para todos los delitos.

A Mercado Santoya lo inculparán de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en calidad de coautora e interviniente a título de dolo en todos los delitos y coautora en falsedad ideológica en documento privado.

A Camacho Benítez lo sindicarán de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, falsedad ideológica en documento privado y coautor a título de dolo de falsedad ideológica en documento privado.

Y Duque Vásquez sería procesado por prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación a favor de terceros, falsedad ideológica en documento privado; delitos que habría cometido en calidad de coautor a título de dolo.

Los supuestos hechos irregulares -también de acuerdo con la Fiscalía – habrían ocurrido en el marco de la celebración y posterior ejecución en el año 2016, durante la Administración de Manolo Duque, de dos contratos para el suministro de raciones alimentarias a los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad.

El primer contrato fue suscrito el 13 de abril de 2016 con la fundación Redcom por valor de $8.427’924.090, mediante la modalidad de urgencia manifiesta.

El segundo se celebró el 5 de agosto de 2016 con el Consorcio Preescolares-2016 por valor de $15.831’468.135, más una adición suscrita el 29 de diciembre del mismo año, por $7.886’489.492, para un total de $23.717.957.627, mediante la modalidad de licitación pública.

En el primer contrato: el suscrito con la fundación Redcom, la Alcaldía habría incurrido en una serie de omisiones que de manera directa lesionaron principios esenciales como la transparencia y selección objetiva de las empresas a contratar.

Las indagaciones señalan -asimismo – que durante la ejecución del contrato con Redcom se habría adquirido un número de productos superior a los que realmente se entregaron. En este caso se asegura -por ejemplo – que se compraron 2.736.225 unidades de pan pero realmente se suministraron 1.024.956, lo cual propició un supuesto detrimento patrimonial de $667.869.989.

De igual forma, se precisa que se compraron insumos que no fueron nunca entregados, y se cita el caso de la compra de canela por un valor que alcanzó los $39.845.000.

Se advierte -además – que algunos productos se referenciaron dos veces en la misma factura. El detrimento total por este último caso, según la Fiscalía, asciende a $766.609.829.

En respuesta a los cuestionamientos que se hacían a la ejecución del PAE en el 2016, el secretario de Educación, Germán Sierra, aseguró que los directos beneficiarios estaban felices con la calidad de las raciones recibidas

En el caso del segundo contrato: el suscrito con el Consorcio Preescolares-2016, se advierte que se suscribió un otrosí adicionando $7.886 millones, que representan el 49,62% del valor inicial, con el pretexto de asegurar la continuidad del PAE en el 2017, y se hicieron compras en diciembre de 2016 por $3.873’368.000, a pesar de que los estudiantes, para esa época, estaban en vacaciones.

Y se señala -igualmente – que se realizaron compras de carne durante el mes de octubre con precios superiores al valor del mercado, lo que habría ocasionado un detrimento de $537’386.328.

Este caso, como se recordará, produjo un gran escándalo a nivel nacional cuando se dijo que se compró el kilo de pechuga de pollo a $40 mil.

En total, según la Fiscalía, el supuesto detrimento en la ejecución de este contrato ascendió a la suma de $4.410’754.328.

¿Ahora sí caerán los responsables?

Con relación a las investigaciones que para la fecha adelantaba la Contraloría General de la República sobre la ejecución del PAE en Cartagena, en noviembre de 2017 el contralor general Edgardo Maya Villazón manifestó que “a diferencia de otros tiempos, hoy los corruptos están pagando”, y señaló “hoy más que nunca en la lista de investigados o condenados figuran personajes que en otra época serían considerados intocables. ¡Estamos avanzando!; en el país se ha vuelto lugar común pensar o decir que los corruptos se salen con la suya, y no es verdad. Cada vez les ganamos más batallas a los corruptos“.

Sobre las declaraciones de Maya Villazón, el director de la Corporación El Ojo que Grita, Mario Salvador Andrade, expresó -escéptico – que las mismas serían una gran noticia “si en realidad tuviéramos razones para creerle a él y a los demás titulares de los órganos de control, ya que lo que siempre ha habido son anuncios sobre hallazgos sin posteriores condenas“.

Según el dirigente cívico, los hechos relativos al PAE en Cartagena son suficientemente conocidos por todos, “pero lo que siempre termina dándose es que, en cuerpo ajeno, los mismos cuestionados terminan contratando, gracias a que solo hay bulla y nunca una condena en firme” (leer ‘Nuevo escándalo en el PAE, con los mismos actores y las mismas advertencias‘).

 

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