Red de Veedurías: acogida nuestra propuesta de fiscal ad hoc

Por Pablo Bustos Sánchez *

Por mucho tiempo se ha creído que las veedurías ciudadanas solo estamos para denunciar y no para proponer. El caso del fiscal ad hoc para el caso de Odebrecht muestra  todo lo contrario.

Veníamos  de ser los primeros  en denunciar en América Latina el caso de corrupción de Odebrecht desde el 2010, como la violación de los topes en las dos campañas del presidente  Juan Manuel Santos a través de Roberto Prieto que enterró el Consejo Nacional Electoral y que la Fiscalía continua sin investigar a fondo. Luego acompañamos la acción popular de la Procuraduría por tal caso, seguido de las pérdidas de investidura decretadas por el Consejo de Estado contra los congresistas Bernardo ‘Ñoño’ Elías y Plinio Olano, y recientemente, tras la muerte del auditor del grupo Aval para la Ruta del Sol II, Jorge Pizano, y la extraña muerte de su hijo Alejandro Pizano, solicitamos una juiciosa investigación de las causas de su deceso, y promovimos la denuncia penal contra el fiscal Néstor Humberto Martínez, en su condición de abogado del grupo Aval y de la Ruta del Sol en varias fases, pasando por la firma de la transacción, sus opiniones anteriores respecto de la licitación privada para la adjudicación de las adiciones, su intervención como superministro en la aprobación del Conpes, y posteriormente el conocimiento de los hechos delictivos que rodeaban la ejecución de esa concesión y el conocimiento de lo que aparece en las grabaciones de Pizano de tales hechos por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo, cabeza del grupo Aval, y de directivos de Corficolombiana y Episol, formulamos denuncia contra estos últimos.

La denuncia contra Luis Carlos  Sarmiento Angulo y los directivos de Corficolombiana nos llevaron a plantear la recusación de la vicefiscal general de la Nación, por la relación de subordinación de la misma con el fiscal que había sido asesor del grupo Aval y se había declarado impedido -aunque de manera sumamente tardía – pues jamás le informó a la Fiscalía del conocimiento, evidencias e informes sobre irregularidades reportadas en calidad de asesor de dicho conglomerado. Fue así como le solicitamos a la vicefiscal que en todo caso la misma solicitara la designación de un fiscal ad hoc para el conjunto de los casos relacionados con Odebrecht, no solo para los cuales el mismo se había declarado impedido.

Se pensó en una figura audaz, innovadora, pero también que pudiera ser de recibo por la justicia colombiana por vía de interpretación jurisprudencial venida de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, pues las normas y figuras sobre impedimentos y recusaciones están hechas para modalidades de criminalidad no organizadas, sistémicas y estructuradas de manera compleja como el caso Odebrecht, que es corrupción transnacional.

De inmediato se sumaron voces como la de la propia vicefiscal, y de ahí en adelante el procurador, el presidente ofreciendo su disponibilidad para enviar la terna, seguida de la anuencia del fiscal Néstor Humberto Martínez, quienes visitaron a la Corte para ratificar ese apoyo a nuestra propuesta.

Con la decisión de la Corte Suprema de Justicia se abrió un camino importante que es la designación de una figura que no dependa del fiscal de turno para investigar hechos emblemáticos de corrupción de cuello blanco, todo en un término menor a las dos semanas. Lástima que esta hubiera podido designarlo para la totalidad de los casos y líneas de investigación que son aproximadamente de 20 y no solo los tres casos puntuales de impedimento.

Debería haber una reforma legal para incluir formalmente en el ordenamiento jurídico colombiano la figura del fiscal ad hoc, pero que no se limitara a casos puntuales sino al conjunto de las investigaciones y líneas investigativas relacionadas con tales hechos, que contara con un equipo y patrimonio propios, como lo indicaba el propio procurador general.

No es sano, por ejemplo, que un fiscal que depende de Néstor Humberto Martínez como fiscal general, investigue y acuse a quien fuera jefe o cliente  de este último, y de paso al hombre dueño de la fortuna más grande del país, que cotiza en la bolsa de Nueva York, y que por cuenta de este escándalo ha perdido en los últimos meses más de 1.2 billones de dólares, cuyo desplome económico está a la vuelta de la esquina por cuenta de la respuesta de los accionistas internacionales.

En todo caso ha sido un logro histórico, y así asumiremos el reto de continuar veeduriando el desarrollo de esta página crucial de la lucha contra la corrupción en Colombia desde la sociedad civil. Confiamos y estaremos atentos a que los ternados reabran la investigación contra Gina Parody y Cecilia Álvarez, también denunciadas por nosotros, y actúen en estricto derecho.

Nuestra afinada lupa seguirá enarbolándose al servicio del país en la lucha contra la corrupción de cuello blanco.

* Abogado – Director de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia

 

 

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