Portanova, en Tierrabaja, ¿realmente un proyecto de Vivienda de Interés Social?

Conseguir literatura que hable de las incontrovertibles bondades del proyecto Serena del Mar en general, y de los subproyectos que lo conforman, como el Portanova, en particular, es tal vez de lo más fácil.

Lo que se ha dicho en diarios y revistas especializadas, con sobrada razón, es que la macrourbanización promovida por la firma Novus Civitas es uno de los proyectos más ambiciosos no solo de la Región Caribe sino del país, ya que “fue concebido para tener lo mejor en todo sentido para todos sus habitantes de todos los estratos“, como expresó El Universal en su editorial ‘Serena del Mar, buen ejemplo‘.

El alcalde de Medellín, Luis Pérez, conoció de primera mano los detalles del proyecto Serena de Mar

Por incluir una universidad, un hospital, una terminal de transporte y varios hoteles, centros comerciales y oficinas en un área de más de 1.000 hectáreas, el proyecto es considerado, en la práctica, una ciudad dentro de otra ciudad. Y quienes conocen los detalles de la ambiciosa obra de infraestructura, por sus altos estándares en materia urbanística y paisajística, lo menos que señalan es que se trata de la Ciudad Soñada.

Sin embargo, para la veeduría ciudadana Transparencia Caribe, en el moderno proyecto urbanístico no todo es color de rosa.

De acuerdo con el director del colectivo ciudadano, Reynaldo Tovar Carrasquilla, hay al menos un hecho que debería esclarecerse, y es el relativo a la forma cómo fue tramitado, licenciado, promovido y más tarde vendido el proyecto Portanova, en la vereda de Tierrabaja, corregimiento de La Boquilla.

Para el dirigente cívico, es claro que los proyectos enmarcados en el concepto de Viviendas de Interés Social –VIS – son los dirigidos a las personas menos favorecidas, como desplazados, víctimas de la violencia, afectados por desastres naturales y, en general, los más necesitados, es decir en primer orden los caracterizados en los estratos 1 y 2. En los casos de las personas en extrema pobreza, como se sabe, el Estado realiza un aporte para ayudar a comprar vivienda nueva, realizar reformas o arreglar la que ya tiene. El valor máximo de este tipo de viviendas es de 135 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes -SMMLV, y el máximo ingreso mensual familiar de los beneficiarios no puede superar los cuatro salarios mínimos.

El concepto de vivienda de interés social, según se desprende del Artículo 91 de la Ley 388 de 1997, es que sirvan “para garantizar el derecho a la vivienda de los hogares de menores ingresos“. Por ello, es claro que los aportes de cualquier orden que se destinen a los proyectos VIS deberán dirigirse prioritariamente a la atención de la población más pobre del lugar donde se desarrollen. Ese es, como suele decirse, el espíritu de la norma, pero también es la norma. Taxativamente. Lo dice en varios apartes de manera expresa.

En la solicitud del Certivis se recalca que el proyecto Portanova fue concebido como Vivienda de Interés Social Tope VIS, es decir con un valor máximo de 135 SMMLV

Y ello, justamente, es lo que no se tuvo en cuenta en el proyecto Portanova“, aseguró Tovar Carrasquilla: “se desarrolló bajo el amparo de un Certivis (Certificado de Vivienda de Interés Social) expedido legalmente por Corvivienda (Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Cartagena), gracias a lo cual se obtuvieron mañosamente todas las ventajas que concede el Estado como forma de promover este tipo de viviendas, entre ellas exenciones tributarias, devolución del IVA (Impuesto de Valor Agregado), posibilidad de construir más pisos que los contemplados en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial), entre otras, pero al momento de vender lo hicieron por mucho más de lo dispuesto en la Ley”.

En concepto de Tovar, “cualquier investigación que adelante ya sea la Oficina de Control Urbano o un órgano de control los llevaría a concluir que los urbanizadores de Portanova, la constructora Prodesa, tienen mucho que explicar, ya que al momento de solicitar el Certivis el doctor Rafael Simón del Castillo, el representante legal de Serena del Mar, aseguró que dicho proyecto {está concebido como Vivienda de Interés Social Tope VIS (y) se vende a 135 SMMLV}, pero en realidad vendieron las 303 unidades de viviendas por un valor muy superior, y los compradores no corresponden, al menos la gran mayoría, al que determina la Ley para este tipo de viviendas“.

Varias inmobiliarias ofrecieron las viviendas a precios superiores a los $180 millones, cuando, según el denunciante, el tope máximo era de $100 millones

En efecto, según la queja de Transparencia Caribe, varias inmobiliarias, entre ellas Santillanos y JC Inmuebles Cartagena, ofrecieron en venta los apartamentos de Portanova a precios superiores a los $180 millones y $193 millones, respectivamente, cuando a la fecha el tope legal era de menos de $100 millones.

Además de la gravedad de haberse aprovechado de las ventajas de promover un proyecto como si fuera tipo VIS, pero vender los apartamentos por un valor muy superior al que corresponde a este tipo de viviendas, con lo cual pudo haberse generado un enriquecimiento ilícito, según la denuncia de Reynaldo Tovar, “hay otras cosas que también deben ser explicadas, como el hecho de que vendieran la totalidad de los apartamentos sin contar con el debido permiso de enajenación, con lo cual infringieron también la normatividad existente“.

En diálogo con Revista Metro, Tovar señaló que a los entes de control les quedará muy fácil probar que las personas que compraron en tan poco tiempo los casi 300 apartamentos “no corresponden al concepto de las VIS, es decir no son personas que adquieren sus primeras viviendas ni son de escasos recursos como lo establece la Ley; esta determina de manera expresa que este tipo de proyectos deben estar encaminados a los estratos más bajos de la población”. Y según el dirigente cívico, “es claro que cuando el Estado establece unas exenciones, entre ellos el pago de la delineación urbana, no es para que se enriquezcan aún más unos urbanizadores sino para favorecer a la población más necesitada“.

Para Tovar, “además de las investigaciones que las ías deberían adelantar sobre este caso, se impone la presentación de una Acción Popular, lo cual haremos en los próximos días, ya que este caso es repetitivo, y si no mire usted lo que pasa con el edificio Aquarela, donde se presentan unos hechos similares. Pediremos la vinculación, entre otros, del Ministerio de Vivienda, de la Superintendencia de Notariado y Registro y de la Oficina de Control Urbano“.

La respuesta de Serena del Mar

Sobre el porqué los precios manejados por las inmobiliarias Santillanos y JC Inmuebles Cartagena exceden el tope establecido, la apoderada general de Desarrollos Serena del Mar Sucursal Colombia, Dolly Herrera Maldonado, señala que “según la norma, el valor de la Vivienda de Interés Social se cuantifica por Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes, no por montos fijos“, por lo cual dice que “el precio de cada unidad debe verificarse al momento de la suscripción de la escritura pública“.

Es en ese momento en que los 135 SMMLV se multiplican por el monto que para tal año ostente el salario mínimo“, asegura.

En cuanto a la obligación de priorizar a la población más pobre del lugar al vender las unidades correspondientes a los proyectos VIS, Herrera Maldonado dice que el promotor o constructor “no se encuentra obligado a comercializarlas diferenciando las condiciones económicas de cada uno de los compradores“.

Bajo ninguna circunstancia“, advierte, “puede el constructor y/o promotor abstenerse de comercializar su producto discriminando el poder adquisitivo de los adquirientes“.

Además, al señalamiento de que los compradores hayan sido personas de estratos altos, cuyos ingresos exceden los establecidos en las normas sobre VIS, e incluso de que muchos residan en ciudades distintas a Cartagena, con lo cual se habría violado otro de los elementos que comprenden este tipo de proyectos, Herrera responde que “no es posible allegar información acerca de la comercialización de la totalidad del proyecto, pues dicha información contiene datos privados y sensibles de cada una de las personas que han participado en el proceso de adquisición de las unidades inmobiliarias del proyecto, tales como cifras económicas, identificación, dirección de su residencia y datos relacionados directamente con su patrimonios“.

Y con respecto a que se hayan vendido los apartamentos sin haberse expedido el permiso de enajenación, la vocera de Serena del Mar asegura que “no es cierto que para la comercialización de un proyecto inmobiliario se requiera contar con el trámite de ‘radicación de documentos para adelantar actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda’“.

 

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