Transparencia Caribe también cuestiona contratación durante el gobierno de Londoño

En su más reciente informe sobre los procesos contractuales adelantados por la Alcaldía de Cartagena de Indias, la Fundación Cívico – social pro Cartagena –Funcicar – dejó entrever sus inquietudes porque durante el año 2017 el nivel central de la Administración haya realizado de manera directa el 95% de la contratación, porque durante la misma vigencia no se publicara a tiempo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –Secop – el 91% de los contratos suscritos, y porque, con respecto a las de los tres años anteriores, se hubiera reducido el número de licitaciones públicas  (leer ‘“En el 2017, la Alcaldía no publicó a tiempo en el Secop el 91% de los contratos”: Funcicar‘).

Para otros colectivos cívicos, entre ellos la veeduría ciudadana Transparencia Caribe, los hechos que se cuestionan ameritan -sin duda – un análisis del Ejecutivo distrital, pero es claro que algunos de ellos podrían tener algún tipo de explicación, como el alto porcentaje de contratos a dedo, ya que, como lo informa la misma Funcicar, la mayor parte de la contratación es por prestación de servicios profesionales.

Pero que no se publiquen a tiempo los procesos en el Secop, o definitivamente no se publiquen, como por lo visto ocurrió durante el gobierno de Sergio Londoño Zurek, sí es algo sumamente grave“, advierte el director de Transparencia Caribe, Reynaldo Tovar Carrasquilla, para quien es inconcebible que ningún órgano de control le haya prestado atención a estos casos que encierran una clara violación a los principios de publicidad y transparencia.

Según  el dirigente cívico, “en lo que va de 2018 ocurrió exactamente lo mismo que cuestiona Funcicar, pero con varios agravantes: en plena Ley de Garantías, en el Secop dejan de aparecer más de 174 registros, y el mismo Secop arroja -también en plena Ley de Garantías – que de manera directa se contrataron $132 mil millones“.

En diálogo con este portal, Tovar Carrasquilla se refirió concretamente al caso de la empresa Mayordomía, con la cual se contrató el aseo de las escuelas públicas y las distintas dependencias del Distrito, “donde se evidencia un increible ‘yo con yo‘ que, aunque pudiera no ser ilegal, sí es una práctica que contradice la esencia de los principios rectores de la Administración Pública“.

Sergio Londoño y Johny Ordosgoitia

Para el director de Transparencia Caribe, con la anuencia del entonces alcalde encargado Sergio Londoño, el secretario general de la Alcaldía, Johny Ordosgoitia Osorio, preparó y proyectó personalmente los estudios previos del proceso; el mismo adjudicó el servicio licitado; él mismo suscribió el respectivo contrato; también él determinó que él mismo fuera el supervisor y, por si fuera poco, el mismo día él, personalmente, modificó el contrato, eliminando de tajo obligaciones contempladas tanto en los estudios previos como en el contrato, en claro e ilegal favorecimiento al contratista.

Mayordomía y otros oferentes participaron en un proceso con uns reglas de juego y, tras ganar la licitación, el mismo día en que se firmó el contrato se cambiaron las reglas, lo cual es violatorio al principio de planeación“, advirtió Tovar.

 

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