Falta de Acceso a la Información: el inicio de un sin fin de problemas ambientales en Cartagena

Por Milton J. Pereira Blanco *

Los rellenos, vertimientos ilegales e invasiones en cuerpos de aguas, la indebida disposición final de residuos solidos, los olores nauseabundos en varias zonas de la ciudad, la tala indiscriminada de manglar, la deforestación del bosque nativo del Cerro de La Popa, y la falta de un control efectivo y sistematizado por parte de las autoridades encargadas de estos temas son algunos de los problemas críticos en materia ambiental que padece Cartagena.

Si bien la falta de control y sanción por parte de las autoridades públicas aumentan en gran medida la incidencia de eventos que afectan el ambiente, esto no es el inicio de los problemas que en esta materia sufre Cartagena. El inicio de la situación crítica que padece la ciudad empieza por el débil acceso a la información pública ambiental, teniendo en cuenta que sin esto no puede existir control ciudadano frente al actuar de las autoridades.

El acceso a la información en sentido amplio y de acuerdo con el articulo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es la garantía fundamental que tiene toda persona a acceder a la información, a informar y a ser informada, de manera fácil. También se puede decir que el derecho a la información es la capacidad de acceder, solicitar y conocer datos, documentos y demás contenido que el ciudadano considere de interés o necesidad.

La Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique -Cardique – y el Establecimiento Público Ambiental -EPA – son las autoridades ambientales con competencia ambiental en la ciudad de Cartagena, pero estas autoridades no garantizan el derecho a la información a que tienen derecho los ciudadanos, pues en sus sitios web no existe información que permita acceder de manera fácil a las políticas, planes, programas, normatividad, estudios e informes de estas autoridades y para colmo, sí usted solicita información por escrito su solicitud nunca es atendida y si es atendida, lo es o de manera tardía o la información entregada no es la solicitada.

Debería ser fácil acceder a documentos de autoridades ambientales que son elementales para participar en la construcción de ciudad, sobretodo en la era digital. Lastimosamente en Cardique y EPA se podría decir que la información la consideran de acceso privilegiado. Por ejemplo, no es fácil acceder a las resoluciones que adoptan los Pompas, ni sus documentos técnicos de soporte, informes sobre el estado y monitoreo de las aguas interiores de la ciudad, evaluaciones de monitoreo del estado del aire (inmisión), las áreas protegidas dentro del territorio objeto de su jurisdicción, el estado de los manglares, etc.

Se requiere que la ciudadanía cartagenera conozca el Pompa de la Ciénaga de la Virgen, y del Canal del Dique, para poder participar en la formulación de un plan de ordenamiento territorial ya que de acuerdo a la Ley 388 de 1997 se convierten en determinante ambiental que constituyen normas de superior jerarquía, en sus propios ámbitos de competencia, de acuerdo con la Constitución.

El artículo 10 de la ley 388 de 1997 señala como determinantes ambientales las siguientes: 1. Las relacionadas con la conservación y protección del medio ambiente, los recursos naturales y la prevención de amenazas y riesgos naturales, así: a) Las directrices, normas y reglamentos expedidos en ejercicio de sus respectivas facultades legales, por las entidades del Sistema Nacional Ambiental, en los aspectos relacionados con el ordenamiento espacial del territorio, de acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Código de Recursos Naturales, tales como las limitaciones derivadas del estatuto de zonificación de uso adecuado del territorio y las regulaciones nacionales sobre uso del suelo en lo concerniente exclusivamente a sus aspectos ambientales; b) Las regulaciones sobre conservación, preservación, uso y manejo del medio ambiente y de los recursos naturales renovables, en las zonas marinas y costeras; las disposiciones producidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción, en cuanto a la reserva, alindamiento, administración o sustracción de los distritos de manejo integrado, los distritos de conservación de suelos, las reservas forestales y parques naturales de carácter regional; las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrográficas expedidas por la Corporación Autónoma Regional o la autoridad ambiental de la respectiva jurisdicción; y las directrices y normas expedidas por las autoridades ambientales para la conservación de las áreas de especial importancia ecosistémica; c) Las disposiciones que reglamentan el uso y funcionamiento de las áreas que integran el sistema de parques nacionales naturales y las reservas forestales nacionales; d) Las políticas, directrices y regulaciones sobre prevención de amenazas y riesgos naturales, el señalamiento y localización de las áreas de riesgo para asentamientos humanos, así como las estrategias de manejo de zonas expuestas a amenazas y riesgos naturales.

Como se ha recalcado es importante que los ciudadanos puedan acceder a la información de manera fácil, oportuna y real en materia ambiental, citando un ejemplo, la calidad de nuestras aguas, la calidad del aire (normas de inmisión) o la situación de nuestras áreas protegidas, etc, ya que así cuando exista un llamado a intervenir en mesas de dialogo o concertación con las autoridades ambientales (ya sea consultas previas, expedición de autorizaciones, permisos, concesiones o licencias ambientales, planes parciales, y demás) pueda existir una verdadera participación comunitaria. De igual forma, el acceso a la información ambiental permite que los ciudadanos puedan utilizar mecanismos jurídicos para garantizar el derecho al goce de un medio ambiente sano o a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, la conservación de las especies animales y vegetales, la protección de áreas de especial importancia ecológica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionados con la preservación y restauración del medio ambiente. Así mismo, entre más ciudadanos conozcan del actuar de las autoridades, también mejor será la eventual defensa de los procesos que se realicen para favorecer a las comunidades y menor será la posibilidad de intromisión de falsos actores sociales o ‘veedores’ que muchas veces solo buscan beneficios personales.

Sin embargo, no basta con qué la información se muestre únicamente a la población del área geográfica de incidencia de un proyecto, pues las autoridades ambientales deben garantizar la participación de cualquier persona natural o jurídica o privada, sin necesidad de demostrar interés jurídico alguno, y puedan intervenir en las actuaciones administrativas iniciadas para la expedición, modificación o cancelación de permisos o licencias de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente o para la imposición o revocación de sanciones por el incumplimiento de las normas y regulaciones ambientales, en virtud del artículo 69 de la Ley 99 de 1993.

Hoy, en el auge de las redes sociales como formas de tecnologías de la información nos gustaría saber porque Cardique no postea, ni twittea sobre algunos avances, documentos que ha venido trabajando con algunas autoridades y gremios de la ciudad, en especial la ordenación hidrográfica de cuencas de cuerpos de agua que inciden transcendentalmente en la ciudad. También nos gustaría conocer por parte del EPA de manera fácil los informes y monitoreo sobre la calidad de los cuerpos de agua , del ruido y del aire de la ciudad.

Ante la falta de control y sanciones por parte de las autoridades ambientales (Policía, EPA, Cardique) en la ciudad, el acceso a la información se convierte en la mejor estrategia de control ciudadano frente a eventos que afectan de manera grave el ambiente y equilibrio ecológico.

En estos tiempos los sistemas de gestión de la información ambiental y su actualización se convierten en herramientas claves para poder participar con conocimiento de causa, como ciudadanos en las decisiones de ciudad que toman las autoridades públicas.

No basta con los portales de información ambiental a cargo de las autoridades nacionales sino que Cardique y EPA deben manejar canales que permitan acceder a la información ambiental de la ciudad de Cartagena de manera fácil y oportuna.

@caribelegal

* Director  de Asuntos Jurídicos Caribe Legal, profesor de Pregrado y Postgrado de la Universidad de Cartagena y exjefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena

 

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