Las reacciones al cierre temporal del bar ‘Donde Fidel’ y las enseñanzas que dejan

La suspensión temporal de las actividades sonoras en el restaurante café bar ‘Donde Fidel‘, localizado frente a la Plaza Pareja, el pasado sábado 3 de noviembre, por orden del Establecimiento Público Ambiental –EPA – de Cartagena, levantada por esta misma entidad tres días después: el martes 6 de noviembre, produjo una serie de ruidos, particularmente en las redes sociales (leer ‘Polémica en las redes sociales por cierre temporal al bar ‘Donde Fidel’‘).

La mayoría de ellos: unos ensordecedores estruendos convocando incluso a marchas y plantones de protestas, se escucharon antes de que los propietarios del conocido establecimiento comercial retiraran un bafle auxiliar que habían instalado cerca de la puerta principal del local, tomaran “todos los correctivos del caso” y manifestaran “que nuestro negocio está dispuesto a tomar todas las medidas necesarias a fin de contribuir con el cumplimiento de las normas ambientales“, como señaló en una carta dirigida al EPA Lorena Leottau Serrano. (leer ‘Carta al ‘Establecimiento Público Ambiental‘).

Sin embargo, luego de levantarse la suspensión temporal, por redes y vía Whatsapp se ha seguido hablando del tema. Algunos insisten en que lo que hubo y sigue habiendo en el caso del bar ‘Donde Fidel’ es una clara persecución, y otros, los más ruidosos, agregan que detrás de la misma hay un notorio interés en que la Plaza Pareja, lugar donde el establecimiento instala mesas y sillas, sea ‘concesionado‘ a los propietarios de otros negocios.

En varios casos -incluso – ha habido debates sobre el concepto de ‘legalidad‘, como cuando la columnista Claudia Ayola dijo: “a los que defienden a ultranza la idea de la legalidad, les quiero contar un detalle: la esclavitud era legal. Todas las ideas de legalidad necesitan miradas críticas y contextuales, que permitan comprender las dinámicas subyacentes y que nos dejen develar a qué proyecto le sirven“. O como cuando la excandidata a la Cámara Carmen Anachury Díaz conceptuó que “la cultura de la legalidad está asociada a la historia de la humanidad al amparo de los intereses políticos y/o económicos y hasta religiosos de cada época“. Y claro está, como cuando otros opinadores han advertido que, al margen del cariño inmenso que millares de cartageneros y colombianos le tienen a Fidel Leottau Hernández, la ley es para ser cumplida, sea quien fuere el que la infrinja.

Otros han insistido en que lo que hubo, y sigue habiendo, es una inaceptable injerencia de los órganos de control, particularmente de la Procuraduría, y unos más han advertido que, en todo caso, es evidente que los hechos no son medidos con el mismo rasero, ni por las autoridades ni por los protestantes, recordando que a la vista de todos tres de las cuatro calles que rodean el Parque de San Diego son cerradas diariamente para que los propietarios de varios bares y restaurantes instalen sillas y mesas, en el marco del llamado aprovechamiento económico de los espacios públicos, dejando a un lado que la Ley es clara en advertir que este solo es dable en parques, plazas, plazoletas y espacios residuales y no en la vía pública, como ocurre en el lugar.

Y otros han respaldado la crítica del excorresponsal de la revista Semana y actual asesor en Comunicaciones de la Procuraduría, Tadeo Martínez Méndez, cuando lamentó que entre la mayoría de los protestantes, entre ellos periodistas y comunicadores sociales, haya “despertado más malestar el cierre temporal de Fidel que la mala atención en el Hospital Universitario o el robo continuado de la ESE, o las obras públicas inconclusas, o el boleteo en impuestos (…)“.

Para algunos, que a varios de quienes enarbolaron el caso de ‘Donde Fidel’ como una bandera no se les haya visto protestando por sonados hechos de corrupción -como los reseñados por Martínez Méndez y muchos otros – no es tan grave. Lo verdaderamente grave es que la razón de su mutismo es porque fueron aliados o seguidores de estos, pero la inmediatez y la falta de rigor con que se informa a través de Facebook, Twitter e Instagram son un paso casi que obligado hacia el olvido.

Lo que falta por hacer

Queremos informarle que nos vemos afectados (…) por el ruido de las fiestas que se realizan en la Plaza de la Aduana, los conjuntos de vallenato y los grupos folklóricos que transitan por la vía, que aumentan la emisión de ruido en ese sector“, expresó Lorena Leottau Serrano en su carta al EPA.

Esos y otros casos de posible violación a las normas deberán ser revisados por las autoridades si se pretende no seguir actuando con criterios distintos dependiendo de los protagonistas.

Como deberá revisarse lo advertido por el procurador provincial de Cartagena, Guidobaldo Flórez Restrepo, en el marco de la acción preventiva que conminó a la Alcaldía distrital a “establecer de manera inmediata procesos y procedimientos” para determinar las responsabilidadesrespecto a las irregularidades que se han evidenciado” en el diligenciamiento de permisos y licencias para el funcionamiento de varios “establecimientos comerciales nocturnos“.

Como se podrá apreciar, la advertencia del representante del Ministerio Público está encaminada no solo a lograr que los establecimientos comerciales cumplan las normas. También lo está, o debería estarlo, a que los servidores públicos que hayan sido cómplices de las infracciones cometidas sean investigados y, eventualmente, debidamente sancionados (leer ‘Acción Preventiva de la Procuraduría‘).

 

 

 

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