Sobre la concesión del alumbrado público

Por Juan Conrado Ovalle *

Muchos comentarios y observaciones se han venido suscitando a raíz de la terminación de la concesión del alumbrado público de Cartagena de Indias, prevista para el 6 de enero de 2.019, al  tener la Administración Distrital que adoptar una decisión para seguir prestando un servicio esencial para toda la ciudadanía.

Dada la inestabilidad político administrativa en la cual se ha visto sumida la ciudad, todo parece indicar que no se han realizado los estudios y análisis para conocer realmente el estado de la concesión, lo cual genera incertidumbre y no pocas suspicacias en el manejo que se le dé al tema, por el monto millonario de la concesión y el tiempo de duración de la misma que ya lleva 20 años.

No son pocos los escándalos de corrupción en los cuales la ciudad y en particular la Administración Distrital, bajo la orientación  de diferentes alcaldes se ha visto inmersa, dada la falta de transparencia en diferentes procesos de contratación, por lo cual este, el de la concesión del alumbrado público, debe blindarse para ofrecer el mejor servicio a la ciudad, brindando  todas las garantías a las firmas oferentes que en ella participen, sin acuerdos turbios por debajo de la mesa.

Es importante considerar que el nuevo contrato del servicio de alumbrado público debe contemplar prioritariamente el cambio de la mayoría de las actuales luminarias, por elementos con tecnología LED, las  cuales son mucho más eficientes, generando una mejor iluminación, con un color blanco más agradable a la vista y un menor consumo de energía. Adicionalmente se puede señalar que  los fabricantes de dichos elementos, garantizan más horas de vida útil, en comparación con las luminarias de sodio o mercurio, lográndose menores  costos de mantenimiento, siendo pertinente exigir que en los  pliegos se señale expresamente cuál va ser la disposición final de los elementos retirados por el cambio de tecnología (bombillas de sodio o mercurio).

Otro aspecto importante a considerar en el proceso licitatorio para la concesión debe ser la exigencia en los pliegos para que todos los elementos utilizados tengan certificación del Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público -retilap-. Ello garantizaría que se coloquen luminarias y elementos de calidad certificada, garantizando que los niveles de iluminación sean los establecidos en dicha norma tanto en los lugares actuales o iluminaciones nuevas, principalmente en parques y en espacios públicos de gran concurrencia y peligrosidad, para contribuir a lograr una mayor seguridad y bajar los índices delincuenciales en la ciudad.

No menos importante es considerar el nivel tarifario a cobrar a los usuarios, ya que no sería de buen recibo, so pretexto del nuevo contrato de concesión, incrementar las  tarifas que hoy se están cobrando, sobre todo cuando se debe dar cumplimiento al Artículo 351 de la Ley 1819 de 2.016 y los  Decretos 943 del 30 de mayo de 2.018, que modificó el Artículo 2.2.3.6.1.8 del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía, donde se indica que “para la determinación del valor del impuesto a recaudar, los municipios y distritos deberán considerar como criterio de referencia el valor total de los costos estimados de prestación de cada componente de servicio. Los municipios y distritos deberán realizar un estudio técnico de referencia de determinación de costos de la prestación del servicio de alumbrado público, de conformidad con la metodología para la determinación de costos que establezca el Ministerio de Minas y Energía, o la entidad que delegue dicho Ministerio, pudiendo recaer dicha delegación en la Comisión de Regulación de Energía y Gas“.

Vale la pena conocer si se ha cumplido con la normatividad antes señalada por parte de la  Administración Distrital.

Diferentes administraciones distritales se han visto últimamente inmersas en diferentes escándalos de corrupción y en prácticas administrativas que generan desconfianza en la ciudadanía por la falta de transparencia en los procesos y disposiciones adoptadas, por ello el manejo y decisión que se adopte en la concesión del alumbrado público por 20 o 25 años servirá para saber si comenzamos a iluminar el camino para  salir de los oscuros días de negocios turbios o si seguimos navegando en las aguas turbulentas de la corrupción que todo lo arrasa.

* Ingeniero industrial, docente universitario y consultor empresarial.

 

1 Comment

  1. Rafael Muñoz Pardo dice:

    Importante comentarios, el gobierno (alcalde y gobernador) deben tener encuenta estas observaciones ya que ellos son los responsables de la buena o mala gestion de estas empresas, opino que las conseciones no deben tener un plaso mayor a cinco años salvo conoscamos la calidad de los servios de la empresa contratada.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial