El efecto Wong

Por Juan Diego Perdomo Alaba *

Así concluía sus trinos la exalcaldesa encargada Yolanda Wong Baldiris, durante su corta pero agitada instancia al frente del Distrito de Cartagena, tras la suspensión del conservador Antonio Quinto Guerra. Y precisamente sobre algunos de esos ‘efectos’, me ocupo en esta columna y aprovecho para remitirle varias preguntas que espero responda a la ciudadanía cartagenera de quien, si nada extraordinario ocurre, parece que espera tener su favor el próximo año electoral.

Hace un par de semanas el alcalde (e) Pedrito Pereira Caballero solicitó a la Procuraduría Provincial, acompañamiento preventivo en el proceso de empalme de la gestión administrativa adelantada por Wong, apartada de su cargo la semana pasada como secretaria de Interior. El acta de entrega se pactó para el pasado jueves 27 de septiembre en el despacho del alcalde en el Palacio de la Aduana, donde se anunció un plazo de 30 días para verificar la información suministrada.

A Pereira se le ve comprometido, dispuesto a “ordenar la casa” y en disposición de cumplir con el pacto de transparencia al que se comprometió con el presidente Iván Duque. No es para menos, pues a pocas horas de su designación, el procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, le advirtió que tendría ahora más que nunca “la lupa puesta” y lo invitó a revisar “toda la contratación que se ha hecho en la Alcaldía de Cartagena en las últimas semanas para que saque sus conclusiones”. Carrillo tiene razón, lo que no se sabe es qué tan riguroso será Pedrito en estos próximos 30 días, frente a las recomendaciones del procurador. Sin embargo, vamos a ayudarle.

Veamos: dos funcionarios del Distrito de Cartagena que pidieron la reserva de su identidad, y a quienes llamaremos para esta nota ‘María Teresa’ y ‘Danilo’, revelaron lo que podrían ser tres hechos irregulares que ocurren en la Secretaría de Interior del Distrito que, cuenta Danilo, era “el banco particular de ‘La doctora’”, como es conocida entre sus ‘pechichones’ o primer anillo de confianza, la llamada ‘Ola blanca’. Ambos, temerosos, contaron que hay mucho por denunciar pero que nadie se atreve porque no existen garantías de seguridad ni confianza en las autoridades y entes de control locales. “Uno denuncia y termina empapelado, entonces mejor callamos”, señala María Teresa. Y añade que “con algunos medios de comunicación también es un lío porque no se atreven a tocarla”.

A lo hechos: explica Danilo que la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana -SICC-, tiene solo tres funcionarios de planta incluido el secretario, y poco más de 300 contratistas. Lo anterior no es un detalle menor, pues con una planta tan reducida con relación al número de servidores vía OPS, sujetos al constante vaivén de la cosa política, los procesos de gestión pública de una dependencia operativa y misional como Interior se entorpecen. De allí surge la necesidad de la reestructuración administrativa de un Distrito obsoleto, a través de la implementación de un proceso de transformación institucional que siente las bases de un ente territorial moderno, eficiente, eficaz, efectivo y transparente.

Efecto uno: Contrato de transporte con carros fantasma

La primera denuncia tiene que ver con un polémico contrato de siete meses por el orden de los $1.113 millones, que tiene como objeto “la prestación de servicios de transporte intermunicipal para el personal a cargo de proyectos de inversión, justicia al ciudadano, entre otros, y a servidores de la SICC en cumplimiento de funciones misionales”. El único proponente fue Transportes Ruta Libre S.A.S, con origen en Aguachica, César. Kenny Díaz Escudero es su representante legal. Ver contrato: https://goo.gl/6N94Yu

Según el contrato son 28 vehículos a disposición de la Secretaría, pero Danilo denuncia que solo operan 10 y hasta menos, pues “nunca hay vehículos disponibles en la mañana sino en la tarde porque esa empresa transporta a un personal de Mamonal, entonces muchas veces nos toca usar nuestros carros”. Y subraya: “con Fernando Niño (secretario de Interior que antecedió a Wong) se contrataron 10 carros 24/7 y así trabajábamos mejor y más holgados”. Explica que los vehículos no son de la empresa, sino subcontratados a un particular al que Ruta Libre le paga las horas de servicio. María Teresa, por su parte, insiste en que para poder disponer de uno toca solicitárselo con mucha anticipación a la abogada Lisbeth Babilonia, entonces asesora jurídica de Interior quien pasó a la Unidad Asesora de Contratación (UAC) por solicitud de Wong tras su encargo en junio. Sobre el particular contrato, la exalcaldesa encargada en declaraciones al periódico El Universal señaló que “los vehículos contratados en algunas ocasiones no dan abasto para cubrir la oferta de la Secretaría”, y explicó que para controlar los pagos del transporte, hay un responsable por programa. “Tenemos planillas, vamos marcando los horarios y chuleando”.

Llama la atención, como lo informó la Silla Vacía, otro contrato de transporte firmado por Wong el pasado 31 de agosto, adjudicado a la Unión temporal Transportes Cartagena 2018 por $769 millones para prestar el “servicio de transporte para el traslado de funcionarios de las dependencias del Distrito”.

Secretario José Carlos Puello, ¿están a disposición los 28 vehículos estipulados en el oneroso contrato?, ¿quién es el supervisor del mismo y por qué no atiende las quejas de los funcionarios que denuncian incumplimiento por parte del operador?

Efecto dos: El operador logístico de la SICC

Segunda denuncia: como se contó arriba, la SICC tiene un personal contratado (300 OPS) para la ejecución de su plan de acción anual y demás programas como ‘Emprendimiento afro e indígena’, ‘Primero los jóvenes’, ‘Justicia cercana al ciudadano’, entre otros; sin embargo, el 28 de mayo del año en curso, en una licitación con único proponente, la entonces secretaria Wong firmó un contrato hasta el 31 de diciembre por $1.028 millones al Consorcio Operación Logística Interior 2018, integrado por la cuestionada Corporación Nuevo Horizonte y Green Societies of Latin America, para prestar los “servicios de un operador logístico para la realización de las actividades contenidas en los programas que desarrolla la SICC del Distrito de Cartagena de Indias”. Ver contrato: https://goo.gl/yV4FjC

Fundamentando gran “acogida” y “asistencia masiva a las actividades del contrato”, el 9 de agosto la alcaldesa (e) y también titular de Interior decide firmar un adicional por $514 millones para “ampliar la oferta ciudadana y llegar a mayores índices de la población cartagenera”. Ver adición: https://goo.gl/eYjeSN. Cabe recordar que la Corporación Nuevo Horizonte fue objeto de cuestionamientos en 2013 por supuestamente ser una empresa de papel. Ver nota: https://bit.ly/2Qta9DR. Se conoce que Green Societies of Latin America es una ONG dedicada a proyectos socio-ambientales, muy ligada al Establecimiento Público Ambiental -EPA.

Cuentan María Teresa y Danilo que en el programa ‘Casa de justicia móviles’, por ejemplo, que se supone debe contar con alimentación, perifoneo y logística (sillas), por lo general, el refrigerio llega incompleto, la difusión de la actividad la hace la misma comunidad y hasta las sillas las prestan los vecinos. “Hay hasta una ‘van’ para trasladar funcionarios cuando se supone ya hay un contrato para ese objeto”, asegura Danilo.

Alcalde Pereira, secretario Puello, exijan un informe detallado de ese, por decir lo menos, ‘llamativo’ contrato.

Efecto tres: las OPS del traslado de la cárcel de San Diego

Llama la atención lo que María Teresa califica como “contratación irregular“, de un personal OPS con recursos de destinación específica para el traslado de la Cárcel Distrital de San Diego, que obedece a una acción popular fallada en 2009 donde se ordena al Distrito su traslado debido a los problemas de infraestructura que presenta. Son más de 25 contratos con diferentes montos salariales que ascienden a los $400 millones, del rubro “ingresos corrientes de libre destinación” por el orden de los $1.830 millones. Ver disponibilidades por rubros: https://goo.gl/w2xYCW. Dichos contratos no están publicados en el Secop, lo cual, según expertos en contratación pública, se configura como causal de proceso disciplinario y peculado por destinación oficial diferente, ya que son recursos, dice la fuente, que solo debían ser usados para el traslado de la Cárcel, no para contratación de personal. Ver contratos: https://goo.gl/zEA8c9. Al tener acceso a uno de esos contratos con su respectivo certificado de disponibilidad presupuestal (CDP) y registro presupuestal (RP), causa sorpresa el objeto contractual: “Brindar asesoría jurídica en las acciones relacionadas con la atención de peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos relacionados con el traslado de la Cárcel Distrital de Cartagena”. Ver contrato: https://goo.gl/e494MW  ¿Y es que acaso cuántos abogados se necesitan para tan titánico empeño?

Señor alcalde, secretario, si los contratos los firmó la entonces Secretaria Wong el 25 de enero de 2018, ¿por qué a la fecha no están publicados en el Secop? ¿Cuál es el objeto de contratar 30 profesionales para una labor eminentemente logística como es el traslado de una cárcel, ¿acaso cargar cajas, menaje, mobiliario y camas? Lupa al tema y por favor,  infórmele a la ciudadanía qué labor realizan los servidores con relación al objeto contractual de marras, porque hasta una ‘comunicadora social’ está en el paquete y de traslado, aún nada.

ADENDA: Sobre la crisis ambiental del Cerro de la Popa, su declaratoria de calamidad pública y el proyecto Bosques de Paz, el pasado 4 de abril radiqué un derecho de petición al despacho del entonces alcalde encargado Sergio Londoño Zurek. Ver DP: https://goo.gl/LE5vKt. El Distrito nunca contestó y antes de proceder a la acción de tutela, envié un recurso de insistencia a la recién encargada Yolanda Wong; no obtuve respuesta, y el 27 de junio acudí a la tutela: https://goo.gl/AfbpBX. En agosto el Juzgado Cuarto Penal Municipal falló a mi favor, tuteló el derecho fundamental de petición y ordenó al Distrito que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación se pronunciara de fondo, de manera completa, clara, integral y detallada respecto a la petición elevada por el suscrito. Nada pasó. Posteriormente radiqué en el despacho del Juzgado un incidente de desacato contra el Distrito: https://goo.gl/xEbSJ1. ¿Qué oculta el Distrito, por qué no responde? Según un funcionario del Juzgado, el caso está para fallo. Espero que el alcalde Pedrito Pereira, que acaba de llegar, se evite un carcelazo y una multa. Quienes hacemos parte de este empeño solo necesitamos respuestas y soluciones a esta zona de reserva y pulmón de la ciudad convertido en un muladar a punto de colapsar.

Contexto: http://revistametro.co/2018/03/31/popa-agoniza-crisis/

 

* Comunicador Social – Periodista de la Universidad de Cartagena

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